Tras las polémicas declaraciones de la ministra en funciones de Educación, Isabel Celaá, en el congreso de Escuelas Católicas, el resto de patronales han manifestado su opinión a través de distintos comunicados. CECE, ACADE y CICAE han fijado sus posiciones ante la afirmación de que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es «emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución».
En este sentido, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronal que agrupa a un buen número de centros concertados de toda España, rechaza las palabras de la ministra apoyándose incluso en los Derechos Humanos: “es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio. De hecho, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. En el comunicado de CECE publicado en su página web, además, se hace alusión a la nota de prensa del propio ministerio apelando a sentencias del Tribunal Constitucional al considerar que “resultan bastante forzadas y sacadas de contexto, sin reconocer que por ejemplo la reciente Sentencia 31/2018, fundamentada en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, conecta expresamente el carácter propio de los centros educativos con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y ese derecho a su vez con el derecho de las familias a la elección de escuela”.
Para la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza (ACADE), patronal que agrupa a centros privados, “el derecho a la educación y a que las familias elijan libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos y con ello el centro en el que quieren escolarizarlos, está claramente recogido en el art. 27.3 de la Constitución, y además forma parte del Título primero de la misma, el de derechos y libertades fundamentales especialmente tutelados por el Tribunal Constitucional”. Además, piden al futuro gobierno que arbitre “las medidas necesarias para la extensión de los derechos contemplados en el artículo 27 de nuestra Carta Magna”. En su nota de prensa solicitan una vieja reivindicación de los centros privados: “La financiación de este derecho a elegir debe hacerse mediante financiación directa a las familias que deseen llevar a sus hijos a centros privados, por sistemas como el cheque escolar o la desgravación fiscal al gasto educativo”.
La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) “defiende que las tres redes de centros educativos existentes en España son imprescindibles”. Sin embargo, afirman que “la libertad de elección de centros se está viendo amenazada y mermada, no por actitudes gubernamentales, sino por las cada vez más elevadas y comúnmente implantadas cuotas obligatorias encubiertas”.
La ola de reacciones a lo largo de estos días ha sido constantes. ÉXITO EDUCATIVO pudo hablar durante el congreso con José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, y responsable del departamento jurídico a nivel nacional manifestó el total rechazo a las declaraciones “absolutamente polémicas” de la ministra:
Por último, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acudió a la clausura del congreso de Escuelas Católicas, también condenó las palabras de la ministra en funciones al considerar que “esas afirmaciones son de extrema gravedad, preocupan mucho, y a toda la comunidad educativa”, dijo, al tiempo que advirtió que al coincidir con un nuevo Gobierno “podrían ser el anuncio de la nueva política educativa”.
