Las organizaciones patronales Escuelas Católicas, CECE, FED-ACES y APSEC, en la reunión de la mesa negociadora del VII Convenio de Enseñanza Concertada celebrada esta semana presentaron una propuesta conjunta para la revisión salarial de los años 2022 y 2023, que, sin embargo, no fue aceptada por los sindicatos.
En un comunicado difundido este jueves por las patronales se señala que, “a pesar de las justificaciones dadas para esta propuesta, que atienden tanto a las necesidades económicas del personal que presta servicios en nuestros centros como al mantenimiento de la viabilidad económica de nuestros proyectos educativos, los sindicatos se han ratificado en su exigencia de no esperar más y firmar tablas salariales con incremento general para todos los trabajadores del 1,5% para 2022 y del 2,5% para 2023”.
Concretamente, la propuesta de las patronales para 2022, año en el que ya se aplicó un incremento salarial del 2%, plantea un incremento adicional de un 1,5% en los salarios del personal docente en pago delegado con efectos del 1 de enero de 2022 y no incrementar adicionalmente los salarios del personal docente en pago directo ni del PAS en 2022, derivando ese incremento al 1 de enero de 2023.
Para 2023, se propone no incrementar salarios hasta que se clarifiquen los módulos de conciertos correctos para este año 2023 y, una vez se haya resuelto esa cuestión; incrementar los salarios del personal docente en pago delegado un 2,5% con efectos del 1 de enero de 2023 y aumentar los salarios del personal docente en pago directo y del PAS con efectos del 1 de enero de 2023 en un 4%.
Las patronales recuerdan en su comunicado que para los años 2022 y 2023 deben tenerse en cuenta una serie de factores que en estos momentos generan “grave incertidumbre y la necesidad de aclaraciones por parte de las diferentes administraciones públicas implicadas, en relación con los módulos de concierto”.
En concreto, apuntan, “los referidos al procedimiento seguido para la aprobación de los módulos de concierto para 2022, que han llevado a que algunas comunidades autónomas cuestionen su obligatoriedad; y la no consideración del impacto del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional vinculado a la cotización a la Seguridad Social en la cuantía de los módulos de concierto para 2023, cuestiones que requieren ser subsanadas oficialmente”.
Por otro lado, apuntan, la financiación de los centros educativos concertados, “claramente insuficiente y deficitaria desde hace tiempo” y con congelación de la partida de ‘Otros Gastos’ en muchas comunidades autónomas, “ha empeorado, especialmente en 2022, por el aumento del IPC y de los costes debidos a la inflación y al encarecimiento de la energía. Situación difícil que se traslada igualmente a los niveles no concertados en los que resulta imposible repercutir a las familias los incrementos de los costes”.
En cuanto a la incidencia en el sector del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las patronales aseguran estar dispuestas a estudiar posibles soluciones a partir de la actualización salarial de 2023, dándose cumplimiento mientras tanto, a través de un complemento salarial que ya se está abonando, a la obligación legal de que ningún trabajador perciba un salario inferior a dicho SMI.
En cualquier caso, concluyen las organizaciones patronales, se mantiene la apuesta por la realización de gestiones con las administraciones educativas implicadas y por la negociación con los sindicatos del sector, así como por el compromiso de firmar las tablas salariales lo antes posible, “de tal manera que los trabajadores de la enseñanza concertada no se vean afectados innecesariamente”.
Al mismo tiempo, confían en la “comprensión” de las organizaciones sindicales y de todos los trabajadores del sector en relación con las propuestas presentadas y las circunstancias excepcionales que las motivan.
