Las reclamaciones de la Universidad para fomentar la investigación

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Los miembros de la Comisión sectorial posan para los medios de comunicación

La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha reclamado al Gobierno ocho medidas para mejorar la investigación de las Universidades.

1. Ley de Contratos del Sector Público: La implantación de la Ley de Contratos del Sector Público ha incrementado sensiblemente las dificultades en la ejecución del gasto y por tanto ralentizado la actividad investigadora. La gestión universitaria requiere cambios legislativos profundos que tengan en cuenta la actividad singular de las universidades.

2. Sexenio de Transferencia: Se considera muy positiva la introducción del Sexenio de Transferencia, tanto en su concepción como en la diligencia con la que se ha puesto en marcha. El ingente número de solicitudes y una cierta falta de definición en los criterios están creando dificultades a las universidades en la gestión de las solicitudes de esta convocatoria.

3. Disminuir la burocracia: La carga burocrática que suponen las justificaciones de las subvenciones de proyectos I+D+i, especialmente del plan estatal, no solo no ha descendido sino que sigue incrementándose, como ejemplo los trámites asociados a la justificación de los costes indirectos y, como novedad, la justificación de las horas de dedicación en los contratados de investigación.

4. Financiación de la investigación: Los Presupuestos Generales del Estado deberían asegurar una financiación suficiente y estable que nos acercara progresivamente a la media de la Unión Europea.

5. Programas de RRHH: Es necesario impulsar con decisión los programas de RRHH para la investigación, especialmente el Programa Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, e implementar otros programas orientados a la captación y a la retención de talento. Sin embargo se pone de manifiesto que las figuras contractuales actuales están mostrando deficiencias que se pueden traducir en problemas con la legislación laboral vigente. Nos preocupa la falta de avances en la elaboración de un estatuto del Personal Docente e Investigador y, en cuanto al Estatuto del Personal Investigador en Formación(EPIF), aplaudimos los avances en su elaboración, pero vemos con alta preocupación la reducción del límite de horas de colaboración docente a impartir por las y los contratados predoctorales, por lo que solicitamos que esta se mantenga en 240 horas.

6. Acceso a la literatura científica: La puesta a disposición de los investigadores e investigadoras de nuestro país de los recursos bibliográficos para llevar a cabo sus investigaciones es una tarea pendiente. Como ejemplo, el acceso a la Web of Sciem¡nce el l(WOS), una herramienta básica para acceder y cuantificar la producción científica sigue sin resolverse satisfactoriamente.  Desde la sectorial reclamamos la pronta convocatoria de las ayudas de la FECYT para este fin.

7. Subcontratación (vía OTRI) de fondos contractuales externos: Solicitamos que las universidades públicas sean tratadas en condiciones de igualdad y cuando obtengan estas adjudicaciones y en ellas se prevea subcontratación, teniendo en cuenta la legislación existente, estas se realicen excluidas de la ley 9/2017, de contratos del sector público.

8. Compromiso con la Agenda 2030: La Comisión Sectorial de Investigación del G-9 alinea sus objetivos de I+D+i con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Reclamamos programas específicos de financiación orientada a la consecución de los ODS así como el reconocimiento de las actuaciones hacia la sostenibilidad por parte de nuestras instituciones.

Método de trabajo

Constituida por nueve grupos de trabajo, e integrada por más de 100 personas de las 9 universidades públicas, la Comisión Sectorial de Investigación ha desarrollado su trabajo en sesiones paralelas de los 9 grupos de trabajo, acordando las conclusiones que se recogen en sus respectivos informes.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.

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