Los Consejos Sociales de Universidades reprueban que la LOSU no acabará con la endogamia y el “excesivo corporativismo” actuales

Joan Subirats, ministro de Universidades

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera que “la Ley Orgánica del Sistema Universitario, al huir de toda reforma estructural de la universidad pública española, supone una oportunidad perdida para su necesaria modernización y nos mantiene alejados de los estándares de excelencia de otros sistemas universitarios europeos y del resto del mundo”.

El Comité Ejecutivo de la CCS, que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a consejos y patronatos de universidades privadas, ha aprobado por unanimidad un pronunciamiento en el que afirma que, pese a ello, “desde los Consejos Sociales nos comprometemos a seguir trabajando para conseguir una universidad pública de excelencia y, a tal fin, brindamos nuestra colaboración a las Comunidades Autónomas para que, dentro del margen que establece la nueva ley, busquemos conjuntamente los mecanismos que permitan impulsar un efectivo ejercicio de las funciones que debe ejercer la sociedad en su universidad, y así aprovechar el enorme talento y conocimiento que atesora nuestra academia”.

Desde la Conferencia se insiste en que “la LOSU desoye las peticiones de la Ciencia, de la Unión Europea, de la OCDE y de la empresa española y las recomendaciones de todos los informes que se han hecho en las últimas décadas, para implantar el buen gobierno de nuestra universidad, que actualmente no existe. Por el contrario, mantiene una gobernanza basada en la autogestión de quienes trabajan y estudian en ella, que es única en el mundo”.

Fruto de ello, “no va a ser capaz de sustituir el excesivo corporativismo y endogamia actuales por la necesaria competitividad y meritocracia que son condiciones esenciales de una universidad excelente”.

El pronunciamiento también señala que “la LOSU no va a ser un instrumento normativo adecuado para dar solución a ninguno de los problemas endémicos que vienen limitando el funcionamiento interno y la excelencia internacional de nuestra academia. No es realista pensar que una sociedad, a la que se expulsa de la gobernanza de su universidad, la priorice después en sus decisiones de gasto público”.

Además, destaca que “al insistir en que la elección del rector se siga haciendo por sufragio corporativo interno, y no por concurso de méritos -entre otros los de gestión- nos va a seguir manteniendo alejados de los modelos de éxito comparables y al ser la elección necesariamente interna (imposible que un académico extranjero o de otra universidad española pueda ser designado rector) no resulta creíble su pretensión de internacionalidad del sistema. Al no dar opciones de nuevos modelos de gobernanza y designación del rector, ni aunque las propias universidades en el ejercicio de su autonomía quisieran optar por ello, condena el sistema universitario público a una uniformización que lleva inevitablemente a la pérdida de calidad”.

El documento también apunta que el texto aprobado en el Parlamento impide “la necesaria mejora de la autonomía operativa, imprescindible para la contratación y gestión de personal y la adaptación de la oferta de planes de estudio y titulaciones a las cambiantes demandas sociales”.

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