Los profesores se plantan: controlar el uso de RRSS de sus alumnos no es cosa suya

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Ante la reciente propuesta presentada en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar sobre el uso de las redes sociales por parte de los alumnos, el sindicato ANPE emitió un comunicado este martes en el que manifiesta de forma rotunda que «los docentes no pueden asumir, en ningún caso, la vigilancia de las redes sociales del alumnado«.

La idea de que el profesorado monitorice los comentarios y hashtags de sus alumnos en redes sociales, inspirada en un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), «resulta del todo punto discutible», afirma ANPE, «al carecer el colectivo docente de cobertura legal ante las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de dicha actividad, por incurrir en intromisión ilegítima agravada, como pudiera deducirse del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen», según argumenta.

Por otro lado, agrega, el ejercicio de dichas actuaciones resulta «inviable» para unos profesionales «desbordados» por un «incesante crecimiento» de tareas burocráticas que «asfixian el normal desempeño de su labor docente», denuncia.

El pretendido seguimiento de las redes del alumnado, recuerda ANPE, «requeriría una dedicación exclusiva, completamente ajena a las labores propias del profesorado en los procesos de enseñanza-aprendizaje».

«Como docentes», subraya, «asumimos con responsabilidad nuestro papel en la prevención y detección del ciberacoso desde nuestra condición de formadores, pero no la vigilancia o intromisión en las cuentas personales del alumnado en redes sociales, cuestión que compete a sus familias en el caso de los menores de edad, y a otras instancias superiores en los casos más graves».

Precisamente, ANPE se precia de haber sido el primer sindicato que alertó de la necesidad de fomentar la convivencia y buenas prácticas en redes sociales como mecanismo preventivo del ciberacoso, tanto entre iguales como hacia el profesorado.

En este sentido, explica en su comunicado que ha puesto en marcha varias campañas y decálogos sobre convivencia y el buen uso del móvil y las redes sociales en centros educativos, dirigidas fundamentalmente al alumnado de ESO, FP y Bachillerato, así como sobre el buen uso de los grupos de WhatsApp de las familias usuarias del servicio educativo.

También asegura haber sido el primer sindicato que exigió en solitario la consideración de autoridad pública para el profesorado en el ejercicio de su función, «siendo inicialmente criticados por quienes dudaban de nuestra propuesta, por dotar a los docentes de una protección legal en principio reservada a los cuerpos de seguridad del Estado».

«Resulta ahora difícilmente comprensible que surjan propuestas que atribuyen a los docentes responsabilidades, relacionadas con la actividad de sus alumnos en Internet, que exceden las funciones propias de su trabajo en el aula», concluye.

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