La reciente aprobación por parte de la Asamblea de Madrid de la Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia ha suscitado cierta controversia y preocupación entre los profesores, al sentirse señalados como los agentes principales en la lucha contra el acoso a menores.
Entre 3.000 y 30.000 euros oscilará la sanción contra aquellos que incumplan “el deber de comunicación de situaciones de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, de quienes por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de dicha situación”.
En esta horquilla laboral son muchos los oficios que tienen menores a su cargo, si bien es cierto que el profesorado destaca por lo demás. La difusión de esta normativa a través de los medios de comunicación, titulando desde que son los docentes paradigma de sujetos a los que se dirige la misma, ha levantado obvias suspicacias entre el profesorado, que siente que es parte del problema.
Y no es así. Más bien al contrario. Los sindicatos de profesores y de la enseñanza, consultados por ÉXITO EDUCATIVO para este reportaje, han salido al paso para poner orden en esta cuestión, reafirmando que es, precisamente el profesorado, “el que está muy sensibilizado con estos temas”, en palabras de María Jesús Álvarez, secretaria de comunicación de ANPE-Madrid.
Álvarez pone el dedo en la llaga al advertir que el enfoque dado a esta noticia “no hace más que añadir controversia y generar inquietud. Además de mandar un mensaje erróneo en cuanto a la responsabilidad de que ocurran estos actos”, ya que, apunta, “se puede dar a entender una dejación de funciones por parte del profesorado, cuando no es así; cuando el profesorado está muy sensibilizado con estos temas”.
De hecho, recuerda la representante de ANPE, como funcionarios públicos los profesores cuentan ya con un reglamento disciplinario que les puede sancionar, razón de más para lamentar que “estas noticias”, planteadas del modo en que se han planteado, “crean alarma social”.
Además, avisa María Jesús Álvarez, “muchos casos de acoso se producen a través de las redes sociales y ahí los profesores no pueden entrar”, por lo que invita a los padres a vigilar estas situaciones.
No es muy distinto lo que opinan sus colegas. Sobre la nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, aprobada por la Comunidad de Madrid, FEUSO-Madrid manifiesta su necesidad, pues aborda cuestiones que “son hoy de vital importancia para la protección de la infancia y la adolescencia”. En este sentido, apunta Marisa Madrid, secretaria de Comunicación de FEUSO-Madrid, que “son muchos los puntos que aborda la Ley y que deberán materializarse próximamente”.
Sin embargo, en relación con los aspectos educativos, matiza que “hubiésemos agradecido más diálogo para buscar soluciones conjuntas”, porque, piensa FEUSO-Madrid, “es muy importante proteger al alumnado, pero hay que hacerlo de una manera también profesional, por lo que reclamamos más medios, más formación y más recursos para poder abordar como se merecen estas obligaciones en los centros educativos, ayudando de esta manera al profesorado y al Coordinador de Bienestar”.
Francisco Javier del Castillo, secretario general de FSIE Madrid apunta, en primer lugar, que su sindicato forma parte del Observatorio de la Convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, lo que refrenda no solo su especial sensibilización con respecto a esta cuestión, sino su determinación en combatirla.
Más cauto, FSIE espera concreciones e instrucciones de la Consejería sobre la ley, si bien aclara que, “por la información que nos transmiten nuestros afiliados y delegados, en los colegios madrileños los protocolos sobre esta cuestión se llevan a cabo de una forma sistemática y haciendo partícipes a toda la comunidad educativa”.
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, reconoce, como el resto, su preocupación por el “mensaje que queda y lo que trasmite a lo opinión pública”, señalando a los profesores como dando a entender que “ahora no se están haciendo bien las cosas en los centros”.
“Algo que es absolutamente falso”, zanja Galvín, quien deplora que, “una vez más, se potencia, promueve y difunde lo punitivo y se señala al profesorado de forma específica”.
En este sentido, desde el sindicato que representa “no compartimos este enfoque y nos preocupa que la imagen del profesorado quede dañada, porque se trasmite a las familias y a la sociedad que ahora podría no estarse actuando. Y no es así”.
Y lo que es peor, a su juicio, es que, al mismo tiempo parece dar la sensación de que la Consejería de Educación de Madrid “queda eximida de toda responsabilidad, ya que no está obligada a nada”. Esta norma que se acaba de aprobar en Madrid, advierte, “no recoge la obligatoriedad para las administraciones de que haya recursos suficientes que son esenciales para garantizar tanto la prevención como la detección temprana”.
Porque, recuerda Isabel Galvín, ello requiere ratios más bajas y un profesorado “menos sobrecargado”, con menos horario lectivo y menos burocracia. “Se requiere tiempo y aulas menos masificadas para mejorar la atención individualizada”, además de más orientadores.
En conclusión, “sin que se garanticen todos los recursos necesarios, esta nueva Ley es papel mojado, pero, sobre todo, es más presión y sobrecarga para el profesorado al que se abandona a su suerte a la vez que se le pone en la picota”, sentencia.
Una ley ‘no menor’
La norma pone un especial énfasis en asegurar que los menores de la región no sean víctimas de ningún tipo de violencia, estableciendo medidas de sensibilización, prevención, detección y reparación del daño y promoviendo entornos protectores en todos los lugares donde los niños desarrollan su vida diaria.
Como se ha apuntado, incluye sanciones de hasta 30.000 euros para las personas que incumplan el deber de comunicar las situaciones de violencia sobre un menor que puedan conocer.
En cuanto a la educación, se promueve la escolarización universal y gratuita a niños de cero a tres años y se incluye en los currículos de todas las etapas educativas formación y contenidos para garantizar el aprendizaje por parte del alumnado de las competencias y habilidades digitales básicas.
Esta medida tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas en el manejo de las nuevas tecnologías y evitar los riesgos derivados de su uso inadecuado, y se complementa con la exigencia a los editores y publicadores de contenidos de adultos de verificar de manera eficaz la mayoría de edad de sus usuarios o instalar por defecto el control parental en todas las nuevas altas de acceso a internet, según explica la Comunidad de Madrid.
También se consagra una mayor participación de los niños en todos los órdenes de la sociedad, incluida la actividad de las administraciones públicas. Para facilitarla se crearán órganos como el Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y la Adolescencia o los Consejos de Derechos en municipios y mancomunidades, en los que los menores tendrán presencia directa.
