La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha emitido un comunicado en el que ha dado a conocer las razones por las que el sector privado relacionado con los centros de educación infantil se encuentra en riesgo de desaparición. Esta situación podría afectar a más de 5100 empresas que están dando trabajo a unos 30 000 profesionales que atienden a unos 205 000 alumnos.
Ha sido el propio presidente sectorial de infantil de ACADE, Ignacio Grimá, el que alertaba sobre esta situación: “El salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado de 655,20€ en el 2016 a 950€ en el 2020, lo que supone un incremento del 45% en cinco años. A ello hay que añadir la subida de las Bases Mínimas de Cotización a la Seguridad Social, que han pasado en el mismo periodo de 764,40€ en el año 2016 a 1.108€ en el 2020. La subida de las Bases Mínimas de Cotización representa un incremento del 45% del coste laboral para nuestro sector, constituido casi exclusivamente por pymes y con convenios muy referenciados al SMI, en solamente cinco años”.
Por esta situación, ACADE considera “inasumible el incremento de los costes laborales”, a lo que añaden “otros factores de preocupación“, como “la persistente caída de la natalidad y la competencia desleal de establecimientos que ofertan sus servicios como centros de educación infantil sin serlo, ni reunir los requisitos exigidos, ni contar con la oportuna autorización de la Consejería autonómica correspondiente”.
Hace unos días Hacienda daba la razón a ACADE en este último sentido. Sin embargo, añaden que hay comunidades autónomas en las que el precio de la plaza “está limitado a las tarifas que marca la Consejería correspondiente, como en Andalucía y Valencia. En esta última además se producen retrasos significativos en los pagos del bono por parte de la Administración”.
En un intento de encontrar soluciones a los riesgos que han sido señalados por ACADE, Ignacio Grimá advierte que para que no se cierren más centros educativos, “dos por semana”, se deberían “abordar las políticas de gratuidad del segmento 0-3 años mediante la financiación directa a las familias, a través del cheque escolar y desgravación fiscal, como ya se hace con muy buenos resultados en muchas Comunidades Autónomas y municipios”. Grimá añade: “De no hacerse así desaparecerán más de 5100 pymes y más de 30 000 puestos de trabajo, femeninos en un 90%, en centros que han sido clave para que muchas parejas pudieran conciliar su vida laboral y familiar”.
Por último, ACADE hizo públicos datos que alertaban de otra consecuencia que tendría lugar si cierran los centros privados de educación infantil: “El Estado hubiera de ocuparse de la escolarización de sus actuales alumnos, el gasto público educativo debería aumentar en unos 1.160 millones de euros al año, una décima del Producto Interior Bruto español”.
