Los representantes de los estudiantes consiguen que el derecho a la huelga entre en la Ley de Universidades

Joan Subirats

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), también conocida como Ley de Universidades o Ley Castells, por el exministro que la impulsó, va a reconocer a los estudiantes el derecho a hacer hacer “paro académico”, es decir, huelga. Así lo han comunicado los representantes de las organizaciones estudiantiles Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), tras reunirse con el ministro Joan Subirats. Mientras Castells era más reticente a ceder a esta petición de los sindicatos estudiantiles, parece ser que Subirats ha sido más receptivo.

“Ensanchar derechos”

Fuentes del Ministerio han explicado a algunos medios que la LOSU va a “ensanchar los derechos de la comunidad universitaria” y particularmente los de los estudiantes.

Según explicaba CREUP, lo que han conseguido es que el reconocimiento del paro académico como derecho del estudiantado, y la garantía y protección del derecho a manifestación. Además, no será penalizable faltar a clase y no podrán ponerse nuevas pruebas ni impedir el paro.

Hasta ahora este derecho sólo había sido regulado por unas pocas universidades, pero ahora todas ellas, en función de lo que dicte la LOSU, tendrán que habilitar mecanismos que permitan a los Consejos de Estudiantes paralizar la actividad académica, sin que ello afecte al derecho a docencia y evaluación del estudiantado.

«Este avance supone el logro de una reivindicación histórica de la representación estudiantil que, a través de su reconocimiento en la Ley, blinda el derecho a la protesta e imposibilita que el estudiantado sufra ninguna consecuencia académica por ello», explican las organizaciones estudiantiles. Ambas esperan que según avancen los trabajos de elaboración del borrador de la ley, se avance en la participación y representación estudiantil para que se «consolide su posición como parte fundamental de la Universidad».

De momento la Crue no ha reaccionado a esta noticia. En su día los rectores tuvieron roces con el exministro Castells, porque después de haber negociado el texto final de la Ley de Convivencia Universitaria, este introdujo cambios de última hora forzado por Esquerra Republicana. De momento la elaboración del texto avanza sin prisas ni presiones, porque su aprobación no está prevista hasta 2023.

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