Miles de vehículos exigen frenar la Ley Celaá en toda España

La Plataforma Más Plurales, que agrupa a colectivos implicados en la educación concertada y privada, celebró este domingo, día 22 de noviembre, una manifestación de vehículos en Madrid y en más de 30 ciudades españolas, reuniendo a miles de ellos, contra la reforma educativa impulsada por la ministra del ramo, Isabel Celaá, y refrendada, de momento por las formaciones de izquierda e independentistas. En Madrid la caravana de coches recorrió la Castellana de Cuzco a Cibeles, entre las 11.00 y las 13.00 horas.

En este enlace, el mapa donde tuvieron lugar las manifestaciones de vehículos.

Se trata de una más de las acciones convocadas en su día por esta plataforma, que incluye concentraciones semanales frente al Congreso de los Diputados, en la puerta de los colegios concertados y privados del país y la recogida de firmas contra la derogación de la actual normativa.

Al final de la Manifestación, los representantes de Más Plurales leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una Ley que apuesta por una escuela única y pública y que elimina la pluralidad educativa. Como dice el manifiesto, «la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana».

Además, «instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad y presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma», propiciando que se recurra la Ley «en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo».

Las organizaciones educativas reunidas en la Plataforma Más Plurales lamentan que la Ley Celaá continúe «con el acoso y derribo» a la enseñanza concertada al considerarla subsidiaria de la pública. La Ley rechaza la demanda social y margina la facultad de elección de las familias a la hora de elegir centro educativo, aseguran.

La Plataforma Más Plurales pide por ello la retirada de la Ley Celaá porque es «frontalmente contraria a la libertad de enseñanza» y al principio de la complementariedad de redes que establece el artículo 27 de la Constitución.

Forman parte de la Plataforma Más Plurales diferentes sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y organizaciones educativas. Los colectivos afectados por la Ley Celaá y representados en la Plataforma Más Plurales en cifras:
  • Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo.
  • Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e hijos.
  • Los más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión, relegada a un segundo plano en la nueva ley.
  • Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos

Manifiesto final de la manifestación del 22 N

Hoy aquí, reunidos una gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros pedimos la protección y la continuidad de la pluralidad democrática de nuestro sistema educativo actual, y decimos que ha llegado el momento de dejar claro que:

1.    NO TOLERAREMOS límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia. Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de nuestra sociedad de mañana.

2.    DEFENDEMOS la complementariedad de las redes pública y privada concertada. No admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.

3.    NO ACEPTAREMOS el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial.

4.    EXIGIMOS mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros educativos. La LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial.

5.    DENUNCIAMOS que, a través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.

6.    RECLAMAMOS al Estado la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos.

7.    DECLARAMOS que no nos cansaremos, que no cejaremos, que no decaeremos. Durante la tramitación de la ley, si no se modifica suficientemente, seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo. Instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma, solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible, recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo y alentaremos la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social.

Desde aquí, al igual que se está haciendo desde tantos otras ciudades de España, hacemos un llamamiento a toda la sociedad y a todos los ciudadanos para que muestren el rechazo absoluto a la eliminación de derechos democráticos y libertades que supone esta LOMLOE. Hay que parar la Ley Celaá. Stop a la Ley Celaá.

¡Son nuestros hijos! ¡Es nuestra sociedad! ¡Es nuestra democracia! ¡Es el futuro de nuestro trabajo! ¡Sí a la libertad de enseñanza! ¡Sí a la pluralidad social en nuestro sistema educativo! ¡Sí a la convivencia de las redes educativas sin exclusiones ni expulsiones! ¡Sí a la posibilidad de educar en libertad, pensar en libertad y creer en libertad!

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