Más inversión y atraer talento investigador: recetas de la Fundación CYD para mejorar la universidad

Imagen de Anastasiya Badun en Pixabay

El último informe de la Fundación CYD plantea siete prioridades estratégicas de la universidad de cara a este nuevo año, empezando por un aumento de la inversión y por la atracción de talento investigador.

Este trabajo de análisis, que cuenta con 43 colaboraciones de expertos del ámbito académico, institucional y empresarial, desgrana las prioridades estratégicas de la universidad española, analizando la situación actual y los retos de futuro.

Aumentar la inversión en educación superior es una de las demandas más recurrentes de las universidades españolas y una medida necesaria para reducir la brecha respecto al contexto internacional. En los últimos años, España ha aumentado el peso de la inversión en I+D sobre el PIB: ha pasado de un 1,19% en 2016 al 1,44% en 2021, siendo las empresas e instituciones privadas las que más han impulsado este crecimiento.

Los sectores de la Administración Pública y la enseñanza superior (con una participación relativa del 16,91% y del 26,6% respectivamente), a juicio de los analistas, “crecen a un ritmo insuficiente, que hace difícil cumplir el objetivo de gasto en I+D sobre el PIB del 2,12% definido en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027”.

Pero es que, se advierte en el informe, impulsar una formación e investigación de calidad no solo requiere más recursos, sino nuevos modelos de negocio. Tal y como señala el Informe CYD 2023, “una mayor inversión debería ir acompañada de la máxima confianza que dicha asignación de recursos es meditada, basada en un sistema de justificación de impacto y ajustada a las necesidades estratégicas de cada institución”.

En segundo orden, atraer talento y asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador (PDI) se convierten, según los analistas, en indispensables claves para reafirmar la deseable prosperidad de la universidad.

Al respecto, señala que en la última década la universidad pública ha visto disminuir su personal funcionario: en el curso 2021-2022 hay 7.924 funcionarios menos respecto al 2010-2011, a la vez que ha aumentado el profesorado contratado en 12.506 personas, de las cuales, 6.080 son profesores asociados.

La universidad pública, se advierte, necesita abordar un relevo generacional: el 19,4% de la plantilla, alrededor de 21.400 profesores, se jubilará en los próximos 10 años, un porcentaje que aumenta si se tiene en cuenta únicamente al PDI funcionario (32,8%) y al cuerpo de catedráticos (49,7%).

Autonomía para contratar

En este in itínere, la universidad “necesita retener y atraer talento”, asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador y tener más autonomía en la contratación para permitir políticas más flexibles de atracción, retención y estabilización del personal docente. El informe cita a el Autonomy Scorecard de la European University Association, donde España ocupa la posición 27 de 35 en cuanto a autonomía en la gestión del personal docente. Nada que añadir que no se entienda a la luz de este dato.

Otra dimensión que debería mejorarse es la empleabilidad. Los graduados superiores españoles presentan en 2022 la segunda tasa de empleo más baja de los 27 países de la Unión Europea (83% respecto al 87,4% de la UE) y la segunda tasa de desempleo más alta (7,1% frente al 3,5% de la UE). Según datos de Eurostat de 2022, en España se registra el mayor porcentaje de ocupados de 20 a 64 años con educación superior que trabaja en ocupaciones de baja cualificación (35,9%), siendo el dato de la UE del 22,2%.

Además de la sobrecualificación, prosigue el análisis de la Fundación CYD, se da otro “desajuste” entre la demanda de estudios y las oportunidades de empleo: el porcentaje de titulados en STEM en España (18,8%) es inferior al de la Unión Europea (25,1%), mientras que en España hay, en proporción, el doble de egresados en el ámbito de la educación. Precisamente, el Informe CYD subraya “la necesidad de reducir los desajustes entre la oferta formativa y el mercado laboral, mejorando la orientación e informando sobre las perspectivas laborales”.

Por otra parte, recomienda aumentar la relevancia del conocimiento generado para la sociedad. Las universidades españolas generan el 77,5% de las publicaciones científicas, pero hay poca interacción con otros actores del ecosistema de ciencia e innovación, lo que puede llevar a que el conocimiento generado no sea accesible y, consecuentemente, no se aproveche y valore.

El actual sistema de evaluación de la actividad investigadora, recuerda el informe, sin ocultar cierta preocupación por ello, “tiende a dar prioridad al volumen de publicaciones, que en algunos casos ha derivado en prácticas cuestionables”. Además, agrega, hay un desajuste entre el mayor número de publicaciones (14,68% en 2022 respecto a 2019) y el descenso en las tasas de crecimiento de indicadores de liderazgo y de excelencia liderada (observándose los valores más bajos en el último cuatrienio), “lo que ha alentado el debate sobre la idoneidad de las publicaciones en revistas indexadas como indicador de calidad científica”.

Peor es constatar que la universidades no son socios preferentes del sistema productivo para la compra de I+D, aunque en 2021 aumentaron los ingresos por la colaboración en I+D con terceros: ingresaron 672 millones de euros, un 5,16% más que en 2020. El Informe CYD 2023 destaca, no obstante, la importancia de aumentar la relevancia del conocimiento generado por las universidades, tendiendo puentes estables con el sistema productivo.

Internacionalizarse

Otro punto que añadir pasa por fomentar la internacionalización. La generalidad de las universidades españolas, recuerda el informe, ha integrado “con más o menos intensidad” la dimensión internacional en su funcionamiento y buscan expandir su alcance en el extranjero.

Los datos son los que son: España recibe más alumnos de los que envía fuera: en el curso 2021-2022 había 135.474 estudiantes internacionales en el sistema universitario presencial y 54.163 alumnos españoles estaban matriculados en programas de movilidad. Las universidades públicas acogen a más estudiantes extranjeros (91.985), pero en términos relativos, hay mayor proporción de estudiantes internacionales en las privadas (18,82%) que en las públicas (7,85%).

La oferta de titulaciones en otro idioma, por si fuera poco, es limitada, un 12%, un porcentaje bajo teniendo en cuenta que España se sitúa en la posición 25 de los 34 países europeos analizados por el EF English Proficiency Index 2022.

Y aunque la LOSU, la última reforma universitaria contempla medidas para fomentar la internacionalización, como la creación de alianzas y programas conjuntos entre universidades, cuya implementación queda en manos de las comunidades autónomas y las universidades, “falla en concretar una agenda y el apoyo que habrá para ello”, avisan los analistas.

Por ir cerrando los apuntes estratégicos que serían necesarios para ‘elevar el tono’ de las universidades españolas, habría que mejorar el acceso y la equidad. Hoy, las mujeres son mayoría entre los titulados de grado y máster (60,5% y 57,2% respectivamente, curso 2021-2022), pero a medida que aumenta el nivel de estudios y la carrera académica su presencia mengua: solo el 26,3% son catedráticas y el 25% rectoras. Su presencia está ligada a ámbitos de estudio como educación (77,7% de los matriculados en grado son mujeres), salud y servicios sociales (72,2%) y su presencia es menor en ingeniería, industria y construcción (30,3%) e informática (14,9%).

Por último, es indispensable acelerar la transformación digital. La inteligencia artificial ha acelerado la transformación digital en la universidad, la cual, según se señala en el informe de la Fundación CYD, debe contemplarse desde tres perspectivas: aprender con ella (utilizando herramientas), aprender sobre ella (cómo funciona) y prepararse para ella (entender sus repercusiones en la vida humana y en sus actividades). Gracias a este triple enfoque, puede ayudar a personalizar la docencia, agilizar la investigación y automatizar la gestión.

Y lejos de pensar que la Inteligencia Artificial puede suponer un estorbo al aprendizaje en la educación superior, en la Fundación CYD se señala que su uso “es a la vez prometedor y complejo, pues introduce tanto desafíos éticos, como la necesidad de formar a los profesionales e invertir en tecnología, retos que deben abordarse con planificación, gestión y recursos”.

Al respecto, consideran los autores que han trabajado en este análisis, “la aplicación de la IA en la universidad debería centrarse, a futuro, prioritariamente en articular modelos viables de coexistencia, en los que la IA mejore la calidad y el alcance de la información y contribuya a la automatización de tareas administrativas y repetitivas, permitiendo que el PDI se centre en aquello en lo que puede aportar valor: impulsar la investigación de vanguardia e inspirar, guiar y cultivar el pensamiento crítico de los estudiantes”.

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