La plataforma Más Plurales, que integran las patronales educativas CECE y Escuelas Católicas, las asociaciones de padres y madres Concapa y Cofapa, y los sindicatos FSIE y FEUSO, creada para contravenir en su día la reforma educativa del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, asegura en un comunicado que respeta la sentencia del TC sobre la LOMLOE, aunque aclara que no la comparte y espera conocer y analizar con detalle los fundamentos que utiliza el alto tribunal para desestimar el recurso presentado y realizar en ese momento una valoración más profunda y desarrollada.
Dicha plataforma sigue defendiendo que hay aspectos de la LOMLOE “claramente injustos” sobre los que ya se pronunció en su momento, que, a su juicio, “perjudican al sistema educativo y limitan gravemente las libertades y derechos de los ciudadanos”.
El hecho de que se hayan tenido que realizar dos ponencias distintas sobre la Sentencia pone de manifiesto, según Más Plurales, que es una “ley polémica y discutible”. Por este motivo, anuncia que seguirá trabajando para que sea modificada o sustituida cuanto antes y que su impacto en las Comunidades Autónomas sea el “menos perjudicial posible”.
Más Plurales sostiene que una ley de educación debería reconocer la complementariedad de las redes pública y concertada en el servicio de la educación sostenida con fondos públicos, consolidar el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos, respetando la demanda social a la hora de programar la oferta educativa y mantener, sin exclusión, el acceso a la financiación pública de todo tipo de centros educativos autorizados por las administraciones públicas.
Así mismo, que permita la continuidad de los centros de educación especial para las familias que consideren qué es lo más adecuado para sus hijos y que establezca la financiación a coste real del puesto escolar de los centros concertados garantizando así la gratuidad total de los mismos y las necesarias mejoras laborales de sus profesionales, docentes y personal de administración y servicios.
Por último, entiende que una ley educativa debiera regular respetuosamente la asignatura de religión de acuerdo con su naturaleza académica, en igualdad de condiciones al resto de materias y como instrumento indispensable para la formación integral de la persona, objetivo esencial de la enseñanza.
