El Gobierno ha presentado su “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que contiene, con relación a educación, una serie de medidas para la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años, pero, entre otras respuestas críticas ya cuenta con la de la plataforma Más Plurales, la que reunió en su día a la escuela concertada y privada contra la Lomloe, la vigente ley educativa.
De entrada, esta plataforma lamenta que este documento “tampoco ha sido consultado, debatido ni negociado con las organizaciones representativas de la comunidad educativa, al menos del sector de la enseñanza concertada”.
En un comunicado, considera que la redacción dada al texto “no garantiza en ningún momento” que las acciones e inversiones que se van a efectuar acaben siendo aplicadas proporcionalmente y con los mismos criterios a todos los centros sostenidos con fondos públicos.
“No queda claro en el documento”, tampoco y a su juicio, “si medidas como los Programas PROA, la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, o la incorporación de psicólogos, logopedas, rehabilitadores y asistentes de enseñanza para la atención de alumnado con discapacidad, van a ser aplicadas al sector de la enseñanza concertada”.
Por ello, para la Plataforma, “todo indica, de nuevo, que esta posibilidad quedará en manos de la decisión política del gobierno autonómico de turno”.
Mas Plurales considera, así mismo, “discriminatoria y excluyente” la decisión de crear hasta el año 2024 unas 65.000 plazas escolares de 1 y 2 años exclusivamente en centros de titularidad pública con una inversión de 670 millones de euros.
“Llama la atención”, asegura, “que se pretenda crear este ingente número de plazas en un momento de fuerte bajada de la natalidad en nuestro país. El propio gobierno presentó su INFORME 2050 en el que señala que en los próximos años, la escuela perderá 800.000 estudiantes y se tendrán que cerrar 33.000 aulas”.
Asimismo, denuncia que el Gobierno no prevé financiación para la formalización de convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro, tal y como permite la vigente ley de educación. De esta forma, el gobierno pone “en serio riesgo de continuidad y viabilidad a miles de centros de educación infantil que desde hace décadas vienen prestando este servicio a la sociedad”.
Con esta medida, avisa, decenas de miles de profesionales, en su mayoría mujeres, “perderán de forma progresiva sus puestos de trabajo en un sector y miles de familias no tendrán capacidad de elección de la educación que desean para sus hijos, por motivos económicos, perjudicando a las clases más desfavorecidas”.
Mas Plurales insiste en la necesidad de dialogar y acordar todas las medidas que repercuten en el sector, “desde el convencimiento de que es posible mejorar el sistema educativo sin excluir a nadie y respetando a las instituciones, profesionales, familias y alumnado que están en él”.
