Los riesgos psicosociales son la principal causa de deterioro de la salud en el sector educativo, según diversos estudios, aunque, paradójicamente, lamenta CCOO en un comunicado, existe una «gran infradeclaración» de este tipo de patologías, por lo que la mayoría de las veces no se llega a establecer una relación directa entre estas enfermedades psicosociales y su evidente origen laboral, con claras consecuencias en el funcionamiento de los centros y los derechos de las personas trabajadoras.
Por ello, desde CCOO reclama actuar de manera decidida con medidas urgentes para afrontar este desafío, destinando los recursos necesarios para prevenir y atender específicamente los problemas emocionales, los riesgos psicosociales y la salud mental.
Para el sindicato, las administraciones educativas «deben entender la importancia de aumentar significativamente las partidas presupuestarias para el tratamiento y la prevención de todos los problemas derivados de las afecciones de salud mental en el ámbito educativo».
Para ello, subraya que es primordial atender de manera integral a toda la comunidad educativa (profesionales, alumnado y familias), desde una perspectiva sociocomunitaria y con coordinación entre todos los servicios públicos: el propio sistema educativo, los servicios sociales y sanitarios, con un refuerzo decidido en todos ellos.
Por todo esto, la Federación de Enseñanza de CCOO pide al Ministerio de Educación la elaboración de un plan integral, en colaboración con la comunidad educativa.
Entre otras medidas propone mejorar las condiciones laborales del profesorado, pues, denuncia, la sobrecarga de trabajo, burocracia y funciones –sin los apoyos y recursos necesarios– y las ratios elevadas, son algunas de las principales causas de estrés y síndrome de burnout que genera un «gran malestar emocional» y desemboca en problemas cada vez más graves.
Para CCOO hay que propiciar una reducción de la jornada laboral y el horario lectivo, y disponer más recursos para repartir mejor las tareas. Es también imprescindible, enjuicia, incrementar los recursos de la red de orientación (orientadores/as, PTSC, etc.), plantilla extra para la figura de coordinación de bienestar y los apoyos necesarios para la atención a la diversidad.
En paralelo, ve necesario reforzar y potenciar la labor preventiva de los comités de Seguridad y Salud en el Trabajo que todas las administraciones educativas deberían tener, «algo que hoy en día no es así en todo el Estado», se lamenta.
De igual modo, pide hacer valer y cumplir el papel que en materia de prevención le concede la actual Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales a los servicios de Prevención, incorporando una regulación específica de la salud laboral docente con especial atención a los riesgos psicosociales.
