
Las patronales del sector de la discapacidad (AEDIS, CECE, ANCEE, FEACEM, Escuelas Católicas, a través de su patronal EyG, y CONACEE) resolvieron el pasado 27 de marzo, en el marco de la Mesa Negociadora del XVI Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, no continuar con la negociación del convenio hasta que el sindicato CCOO no retirara la campaña “#DignificarElCuidar”, en la que, a juicio de las citadas patronales, “claramente se vulneran los derechos de las personas con discapacidad”, por lo que solicitaron, además, que el sindicato condenara públicamente estas actitudes”.
Solo transcurrieron 24 horas para que CCOO respondiera en un comunicado que nada tiene que ver con esa campaña, y aprovechando para denunciar que poco menos que la reacción de las patronales era una excusa para no proseguir con las negociaciones.
Pero las patronales sostienen que desde semanas atrás CCOO había lanzado en redes sociales una campaña en la que se pide un trabajo y un salario dignos para los trabajadores del sector. En uno de los vídeos cortos, en concreto del Comité Aspace Cantabria, se solicita un complemento salarial de peligrosidad para los trabajadores del sector argumentando que las personas con discapacidad usuarias de los centros de día son violentas. En el vídeo se afirma que estos trabajadores “conviven todos los días con conductas agresivas, gritos, comportamientos disruptivos y sufren todo tipo de agresiones por parte de las personas usuarias”, por lo que exigen un complemento salarial que compense esta situación.
Las organizaciones patronales presentes en la Mesa Negociadora consideran “muy desacertada” la identificación de agresividad y discapacidad. Se trata, lamenta, “de una generalización del todo infundada, pues la discapacidad no conlleva necesariamente presentar violencia o peligro ni para la propia persona ni para otras personas”.
“Las conductas violentas o peligrosas, si es que se llegan a dar, suelen ser consecuencia de dificultades de comunicación y de comprensión del entorno. Vulnerar los derechos de las personas con discapacidad y estigmatizar su condición no parece la mejor manera de tratar de mejorar los derechos de los trabajadores -incluidos los de aquellos con discapacidad que también como trabajadores se regulan por este Convenio Colectivo-, por lo que las patronales del sector de la discapacidad solicitan una rectificación a CC.OO. que por el momento no se ha producido”, concluye el comunicado.
Pero no hay rectificación, ni se han reanudado las conversaciones por esta razón. “Las patronales esgrimen una publicación en redes sociales como causa para paralizar la negociación en el sector de la discapacidad”, tituló su último comunicado CCOO en respuesta al de las patronales.
“Una reivindicación de salud laboral y la evidencia de la necesidad de mejorar la situación laboral de las personas trabajadoras del sector en un centro específico de Cantabria provocó la estampida de las organizaciones patronales de la Mesa de Negociación convocada el lunes 27 de marzo”, explica en su nota, por lo que considera que “es una actitud infantil y les insta a retomar las conversaciones en la próxima reunión del 12 de mayo”.
La “campaña” que denuncia las condiciones laborales del personal del sector, que “en ningún caso ha sido orquestada desde la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, no es más que una demostración de que han buscado una salida fácil para retrasar el proceso de negociación colectiva”.
La “campaña” a la que hacen alusión, según CCOO, “no es más que un vídeo elaborado por el comité de una empresa de Cantabria, publicado en redes sociales, en el que se describen las situaciones de estrés y las precarias condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector de atención a personas con discapacidad”.
Dicha publicación, prosigue el comunicado de CCOO, “sigue la estela de otras noticias y estudios aparecidos en medios en las últimas semanas que ponen en evidencia las carencias del sector, donde es urgente el incremento de personal en los centros y la mejora de los protocolos e intervenciones que protejan a las personas trabajadoras ante posibles agresiones derivadas de trastornos de conducta de personas usuarias”.