El titular puede llevar a equívocos. No tiene que ver con la calidad de la enseñanza que se imparte, sino con la ligereza con que algunas universidades abordan su política de contratación de profesores. De acuerdo con un estudio recién publicado, las hay que “tienden a un modelo de universidad low-cost, basado en el recurso mayoritario del profesorado asociado para componer sus plantillas”, mientras que otras “han optado por fomentar el itinerario formal, y reducir al mínimo el profesorado en posiciones precarias”.
‘Universidad y precariedad. Orígenes y consecuencias del modelo laboral de las universidades públicas españolas del siglo XXI’ es como titulan su trabajo académico los profesores de la Universidad de Granada José Manuel Torrado y Ricardo Duque-Calvache, que publicado en la revista EDUXX1, en el que evalúan la evolución de la contratación de docentes hasta la fecha y las perspectivas abiertas en este contexto con la LOSU, la reforma universitaria en ciernes.
El proyecto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), explican los investigadores, sitúa entre sus pretensiones principales la reducción de la precariedad de las plantillas. Sin embargo, avisan, dado que esta nueva norma se encuentra aún en tramitación y ha despertado recelos en algunas organizaciones sindicales, “es pronto para saber si será eficaz para contrarrestar una tendencia que, en algunas universidades, está plenamente asentada”.
Sin embargo, continúan, esta precarización generalizada no afecta de igual manera a todas las ramas de conocimiento ni a todas las universidades. Así que que el problema de la precariedad sea mayor en ciencias sociales que en ciencias naturales y técnicas tiene una relación directa con el hecho de que los sistemas de acreditación se fundamentan en herramientas (ranking e índices) y métricas que fueron incorporadas mucho antes, y de forma más decidida, en estos campos, mientras las disciplinas dentro de las ciencias sociales se incorporaron de manera reluctante y tardía.
Es en este punto cuando concluyen que “el autogobierno de las universidades ha dado lugar a la creación de modelos laborales claramente diferenciados. Mientras algunas tienden a un modelo de universidad low-cost, basado en el recurso mayoritario del profesorado asociado para componer sus plantillas, otras han optado por fomentar el itinerario formal, y reducir al mínimo el profesorado en posiciones precarias”, sentencian.
Profundizar en estas diferencias, apuntan, exigiría estudios concretos de cada universidad que considerasen la demanda de acceso a la función docente, las limitaciones presupuestarias y las decisiones tomadas por sus distintos rectorados.
Con todo, enjuician que, con la LOSU, las universidades con personal precario “podrían reducir drásticamente su partida de personal llegado un caso de necesidad”. Esta flexibilidad ante potenciales restricciones presupuestarias tiene, advierten, consecuencias, “como la fuga del talento de las universidades más precarias”.
“También es crucial profundizar en las repercusiones que tiene la precariedad sobre la producción científica y la calidad de la misma”, porque, subrayan los investigadores, “un profesorado bajo la espada de Damocles del despido y la precariedad puede ser muy productivo a corto plazo, y sin embargo no consideramos que este modelo sea justo, deseable ni sostenible a largo plazo”.
Refieren, al respecto, un estudio con profesores de universidades públicas catalanas, que probó una “clara asociación entre precariedad contractual y falta de satisfacción”, la cual redunda en un aumento de los niveles de estrés y el deterioro de la salud física y mental. “La precariedad desgasta y debe ser combatida, ya que su extensión mina el potencial docente e investigador de las universidades”, indican Torrado y Duque-Calvache.
Volviendo la vista atrás, la implantación de la Ley Orgánica de Universidades de 2001 y su posterior reforma en 2007 supuso una transformación en el modelo laboral del profesorado en la Universidad Pública española. Entre los principales cambios, se introdujeron figuras temporales para el acceso a la carrera docente (los ayudantes y ayudantes doctores), se creó la figura del contratado doctor como vía de estabilización no funcionarial, se posibilitó la creación de nuevas figuras precarias como el profesorado sustituto interino y se generó un sistema de acreditación nacional para optar a plazas.
A dos décadas de su implantación, el trabajo académico de los profesores de la Universidad de Granada analiza las consecuencias que ha tenido la última gran reforma universitaria en el modelo laboral del profesorado en la universidad pública española.
Precariedad siempre hubo
Los resultados muestran “cómo la precariedad, lejos de ser un fenómeno nuevo, ha sido una constante en la universidad española”. Sin embargo, aclaran, “la última reforma ha supuesto un avance de los procesos de desfuncionarización y de las figuras contractuales más precarias, aunque dicho proceso varía sustancialmente entre las distintas universidades del país”.
Tras veinte años del inicio de la última gran reforma universitaria, las universidades públicas españolas se encuentran ya inmersas en un “modelo más competitivo” en el que, bajo los imperativos de la excelencia y la calidad, el doctorado y la acreditación nacional se han transformado en requisitos indispensables para el acceso a la función docente.
Sin embargo, ven estos investigadores cómo sus objetivos se han conseguido “solo parcialmente”. La implantación del nuevo modelo en un contexto de recortes y crisis económica han comprometido en parte las pretensiones iniciales. Si bien las nuevas figuras de PCD se han consolidado, los recortes han supuesto un incremento en la precariedad de las plantillas, incrementándose sobremanera las figuras del profesor asociados y del profesor sustituto interino, “y alimentando un tapón generacional en el acceso a la función docente que solo parece empezar a deshacerse en los últimos años”.
“Este tapón, más allá de suponer evidentes problemas vitales y laborales para los docentes que lo padecen, se ha traducido en el surgimiento de un nuevo itinerario de acceso a la función docente distinto del itinerario formal previsto en la legislación”.
Para los investigadores, “el elevado número de PA y PSI, y el envejecimiento del PAD y PCD, dan cuenta de una carrera docente que comienza antes del acceso a las figuras de ayudante, suponiendo una estancia ciertamente prolongada en figuras precarias”.
Y en este contexto, lo que llaman “abuso de la contratación temporal” durante el periodo de recortes, “generó la impresión de que en muchas universidades públicas existía un auténtico ‘estado de excepción laboral’, lo que llevó a un aumento de los litigios para intentar corregir esta situación”. No en vano, admiten, ciertas formas de discriminación laboral solo han sid‘Universidad y precariedad. Orígenes y consecuencias del modelo laboral de las universidades públicas españolas del siglo XXI’o acotadas a golpe de sentencia.
Y lo que es peor. Esta situación provoca la “sobrecualificación del personal, que al tiempo ve limitadas sus posibilidades de crecimiento y promoción por las restricciones para la asunción de responsabilidades a personal en figuras no permanentes”.
“En estas figuras”, prosiguen, “además se produce un cuello de botella en el que confluyen candidatas que han transitado por figuras precarias con otras personas que han seguido trayectorias internacionales y que optan a contratos de reinserción y retorno de investigadores”.
