‘Análisis de los protocolos educativos de corte transgenerista en España: Impacto adverso sobre la patria potestad, la coeducación en igualdad y la salud mental de niñas y niños en escuelas e institutos’ es como titular el estudio elaborado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (CBM), que pone en entredicho la fiabilidad de los protocolos educativos sobre identidad de género.
Esta iniciativa nació para poner de manifiesto cómo la eliminación del “sexo” como categoría jurídica “borra a las mujeres, invisibiliza el principal elemento sobre el que se basa la desigualdad estructural que padecen e inutiliza las medidas de acción positiva basadas en el sexo, así como todas las políticas públicas que combaten la desigualdad basada en el sexo”, según la Alianza.
Del análisis de los protocolos educativos se concluye que en el 79% de las Comunidades Autónomas, el alumnado está “expuesto a postulados ideológicos” que niegan el sexo como una realidad objetiva y que “imponen en los centros educativos” ideas sexistas basadas en estereotipos, prohibidas por la normativa en vigor vinculantes.
El 38% de los protocolos, como se reconoce en el propio articulado, han sido asesorados por las asociaciones transactivistas a las que se deriva a los menores autoidentificados como trasgénero y a sus familias. Han sido también organizaciones transactivistas, o personas pertenecientes a esas organizaciones, las que han redactado o asesorado las leyes autonómicas de las que derivan esos protocolos, según se expone en el estudio.
Todas las medidas previstas en los protocolos, a juicio de la Alianza, “fomentan irresponsablemente la llamada transición social”, puesto que “ninguno de esos protocolos tiene en cuenta que las investigaciones más recientes advierten de que esa ‘transición social’ (cambio de nombre, pronombres, aspecto) es el primer paso para conducir a los menores a la transición médica, a la hormonación y a las cirugías irreversibles”.
La nueva guía del NHS -la sanidad pública británica- reconoce la transición social como una forma de intervención psicosocial y no como un acto neutral, ya que puede tener efectos significativos en el funcionamiento psicológico, advierte.
Todos los protocolos educativos permiten, a cualquier edad, el cambio de nombre en la documentación administrativa del centro sin que haya un cambio registral oficial y por tanto sin que haya una causa reconocida legalmente; a pesar de esto, todos obligan a que la comunidad educativa en pleno use el nombre elegido por el alumno o alumna o por sus tutores legales cuando el menor no tenga madurez suficiente para elegir su propio nombre.
En este contexto, alerta la Alianza, “ningún protocolo estipula cómo se valorará si existe o no ‘madurez suficiente’”. De hecho, en el 54% de los protocolos se inician los cambios en el centro (nombre, vestimenta, etc.) sin que los progenitores hayan firmado el documento de consentimiento y en el 100% de los casos se señala que el protocolo se implementará en el momento en que el centro tenga conocimiento de la presencia de un alumno o alumna autodiagnosticado como “trans”.
A eso se suma, critica la Alianza, que todos los protocolos utilizan una “neolengua” y una terminología “sin base científica” que “sigue fielmente los criterios transgeneristas: El 100% de los protocolos afirman un inexistente derecho a la ‘identidad de género’, definiéndose esta última como ‘la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad, así como de la vivencia social del género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género’”.
Asumen, por tanto, lamenta la Alianza, la interpretación transgenerista de que el género es una identidad humana y de que los estereotipos asociados a la feminidad y masculinidad son esencias innatas que deben ser reconocidas por encima de la realidad constatable del sexo.
Es, para los autores del estudio, una “interpretación sexista que defiende la existencia de cerebros rosas y cerebros azules y, como consecuencia, que se puede nacer en un cuerpo equivocado”. La totalidad de los protocolos usan una terminología “sin base científica” refiriéndose al ‘sexo’ como una categoría subjetiva “que se asigna al nacer” y un 46% de ellos validan conceptos acientíficos como “no binarios”, “género fluido” y otros.
La activación del protocolo ante un caso de supuesto transgenerismo incide en toda la comunidad educativa. Alumnado, profesorado, personal no docente y familias son obligados a aceptar sin reservas el autodiagnóstico de menores que se identifican como “trans” o que son identificados como tales por sus progenitores o desde los centros escolares, denuncia la Alianza.
La realidad es que el 100% permite que el alumnado autodiagnosticado como “trans” use los baños, vestuarios y otros espacios segregados por sexo, según su “género sentido”, el 92% de los protocolos consienten que el deporte se realice según ese género autodeclarado por la/el alumno y el 100% de los protocolos prevé medidas disciplinarias para el alumnado, personal docente y no docente en caso de que cuestionen cualquiera de las medidas implementadas por el centro.
La patria potestad
“El riesgo para el pleno ejercicio de la patria potestad”, subraya el informe de la Alianza, es uno de los aspectos “más preocupantes” de los protocolos de corte transgenerista. El 77% de los protocolos prevén actuaciones externas sobre los progenitores o tutores legales que no acepten las medidas planteadas por el centro sobre el menor y se nieguen a firmar el documento de consentimiento de aceptación del protocolo.
Además, en el 100% de los casos incluyen la denuncia por maltrato psicológico iniciándose contra dichos progenitores el protocolo por maltrato infantil con intervención de los servicios sociales si el centro considera que la actitud de los progenitores no es la adecuada.
Así, la denuncia por maltrato pone en “grave riesgo” la patria potestad y “se está utilizando como chantaje” para obtener el consentimiento de los progenitores. Algunas madres, señalan los autores del estudio, han denunciado que los centros usan la llamada Ley Rhodes de Protección a la Infancia para anular toda resistencia por parte de los progenitores.
Al mismo tiempo, los protocolos educativos colocan al personal docente de los centros en “una posición insostenible”. El 100% de los protocolos analizados exige o espera del profesorado que observe al alumnado del centro y comunique a la dirección, para que se inicie este protocolo, aquellos casos en los que crea identificar a un alumno o alumna como “trans”.
Un 46% de los protocolos obliga al profesorado a usar materiales educativos o documentación de apoyo de ideología transactivista. Precisamente, se lamenta la Alianza, la entrada de las organizaciones transactivistas en las escuelas e institutos está favoreciendo el “adoctrinamiento” de toda la comunidad educativa en una “ideología sexista y reaccionaria que niega validez al sexo y valida creencias acientíficas contrarias a la educación en igualdad”.
Todos los protocolos implementan medidas formativas y de sensibilización para alumnado, familias, personal docente y no docente en materia de diversidad sexual, diversidad de género, transexualidad, y en el 62% de los protocolos se delega expresamente en asociaciones transactivistas esa “formación” y sensibilización del alumnado a través de charlas y actividades en los propios centros.
Por si fuera poco, en el 92% de los protocolos no se exige cualificación alguna a las personas designadas para impartir formación y sensibilización en temas vinculados con diversidad, identidad de género. En suma, concluye el estudio, el 100% de los protocolos están orientados a validar, promover y consolidar una ideología “sin base científica, contraria a los principios de la educación en igualdad o coeducación”.
El estudio completo se puede consultar en este enlace
