El sector de la formación echa en falta más apoyo público a las empresas para desarrollar la FP Dual

Un informe echa en falta un mayor apoyo de los poderes públicos a las empresas para que puedan poner en marcha los planes formativos en el marco de la FP Dual, vinculados a las nuevas modalidades contractuales.

Se trata del informe ‘Formación Profesional y para el Empleo en España 2022’, presentado el pasado 15 de enero, que ha sido elaborado por Juan María Menéndez-Valdés y María de los Reyes Martínez Barroso, en un evento organizado por la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo, Fundación CIFE.

El trabajo navega en torno a la Formación Profesional Dual como eje de un nuevo marco de relaciones entre los ámbitos educativo y el estrictamente laboral. Y es en este contexto en el que concluye, por ejemplo, que, a la luz de la experiencia acumulada, la situación mantenida hasta ahora “dista de resultar satisfactoria, porque la formación profesional reglada no ha resultado suficientemente atractiva para los jóvenes”.

Mismas objeciones para una formación continua que, advierten los autores del informe, “no cuenta con el necesario protagonismo, como prueba el que un porcentaje muy elevado de personas trabajadoras no pueden acreditar formalmente sus habilidades, competencias y conocimientos”. A ello se suma, subraya, que las fórmulas de formación en alternancia “no se han desarrollado con toda la extensión e intensidad deseable por la escasa implantación de la formación dual”. Algo así como la pescadilla que se muerde la cola.

Sobre esto último, la formación continua, los autores reconocen que los últimos años se han tendido “numerosos puentes” entre las instituciones educativas y las empresas para favorecer la formación dual o en alternancia, de modo que el estudiante pueda desarrollar parte del ciclo formativo en un entorno real. No obstante, aún se hace necesario, no solo una reforma del marco jurídico, sino también de “la percepción de las personas sobre la necesidad y la utilidad de la formación permanente a lo largo de toda la vida”.

Llegado a este punto, en el informe se pone de manifiesto que la modificación de las estructuras de la formación profesional, “aun cuando en apariencia se encuentre alejada del núcleo duro de la legislación laboral”, está llamada a “complementar decisivamente” la reforma laboral en alguno de sus aspectos principales, como, por ejemplo, las reformadas modalidades del contrato formativo.

Tanto, inciden los autores, que se convertirá en pieza esencial para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de empleo y, en general, para el adecuado funcionamiento del mercado de trabajo. “De la correcta coordinación entre los dos Ministerios competentes (Trabajo y Educación) con el Sistema Nacional de Empleo depende, en buena medida, el éxito del nuevo Sistema de Formación Profesional”, enfatizan los autores.

Actores llamados a ser protagonistas

Sabedores los analistas de este informe de que la eficacia del nuevo modelo ha de contar con el compromiso de docentes, profesionales de la formación para el empleo, administraciones, sindicatos y organizaciones patronales, deslizan que “las personas trabajadoras y, muy significativamente, las empresas, y el grado de implicación de todos ellos es difícil de predecir, máxime si tampoco se conoce la intensidad de los incentivos”.

Al cabo, advierten que el cambio de modelo, tanto en el contexto de la formación profesional como en el de los contratos formativos, “verá su eficacia reducida sin la imprescindible colaboración empresarial”.

Por otra parte, descritos los itinerarios previstos para que la FP Dual se desenvuelva en el mercado laboral, y expuesta lo que llaman “corresponsabilidad” de empresarios y educadores, en el informe se avisa también de que esta corresponsabilidad, que supone en último término la responsabilidad de los centros educativos por una actividad formalmente laboral, “es una novedad significativa y cuyas consecuencias futuras resultan inciertas”.

Como resumen, los autores concluyen que “la reforma de la contratación laboral de 2021-2022 (moderada y de consenso) está dando sus frutos y, sin perjuicio de poder ser mejorada en algunos aspectos, merece sobrevivir a las diferencias ideológicas”.

Y eso que en el informe se recuerda que los contratos formativos han estado sometidos en las últimas décadas a “vaivenes normativos constantes”. Hasta una decena suman las modificaciones que ha experimentado la regulación, apuntan, “en los que el componente formativo y la lógica de la inserción laboral han sido ganando o perdiendo terreno, respectivamente, al albur de las circunstancias del mercado de trabajo”.

Por ello inciden en que “el eventual éxito en la práctica de esta figura contractual, la formación dual”, se subraya en el informe, “no se puede predecir con seguridad porque depende de múltiples actores, pero sin duda el impulso de la formación profesional dual en las empresas, utilizando convenientemente el apoyo de las personas facilitadoras de contactos entre estas y los centros de formación, y la consiguiente articulación de las prácticas curriculares como contratos de formación en alternancia incrementarán su uso, máxime si verdaderamente aumenta el número de estudiantes de formación profesional reglada”.

Para los autores de este trabajo, “aún es pronto para responder al interrogante de si la nueva regulación será capaz de impulsar definitivamente la utilización de estas modalidades de contratación de carácter formativo, hasta ahora bastante residual, potenciando así la inserción laboral de la población más joven”.

Porque, avisan, el impulso real de contratación laboral formativa que diseña la reforma laboral queda supeditado a un proceso de “gobernanza compartida” que exige la interlocución coordinada de muy variados agentes (autoridades laborales, educativas, de formación profesional, universidades, empresas, entidades colaboradoras), a través de los correspondientes acuerdos y convenios de cooperación, y en todo caso del desarrollo reglamentario y el necesario apoyo financiero que pueda comprometerse al efecto”.

Y aunque la reforma pretende ampliar la cualificación profesional de las personas jóvenes al tiempo que favorecer su inserción laboral, con mejoras en las condiciones de trabajo y de empleo de este colectivo., no obstante, indica en su informe, “se echa en falta un mayor apoyo de los poderes públicos a las empresas para que puedan poner en marcha los planes formativos que son esenciales en este tipo de contratos”. Ese sería el punto de inflexión.

Como ha precisado el Consejo Económico y Social en su Informe 1/2023, al que citan, “para impulsar la participación empresarial en la formación dual, fundamentalmente de las pymes en la formación intensiva, que es la más exigente, resulta imprescindible programar medidas de apoyo específico (financiero y no financiero)”.

Por tanto, finalizan, “el alcance o desarrollo real que pueda llegar a obtener la nueva regulación de las modalidades de contrato de trabajo formativo del art. 11 ET dependerá en gran medida de lo que resulte de la anunciada regulación del futuro Estatuto del Becario”, sin olvidar, agregan, “que será el propio rodaje práctico de la reforma el que permitirá definir la realidad institucional y material de estos nuevos contratos”.

Acto de presentación

La apertura del acto de presentación del informe contó con la participación de Juan Carlos Tejeda, director del Departamento de Educación y Formación de CEOE, y de Valeriano Gómez, presidente de la Fundación CIFE. Posteriormente, Juan María Menéndez-Valdés hizo una exposición global del informe, analizando en detalle los aspectos más destacables de la situación de la formación para el empleo y su comparativo con los estándares europeos y de la OCDE.

Por su parte, María de los Reyes Martínez presentó el apéndice correspondiente al contrato para la formación en alternancia, denominado ¿Impulso o mayor incertidumbre y confusión en el contrato de formación en alternancia?, donde definió los aspectos más relevantes de la modalidad contractual y enumeró una serie de parámetros, que, según se recoge en el informe, son una “barrera de entrada” para la contratación por parte de las empresas.

La jornada contó para el cierre con José Miguel Guerrero, presidente de la Comisión de Educación y Formación de CEOE, y con Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE. Ambos coincidieron en el momento clave de la formación en España y en la necesidad de una reforma del sistema de formación profesional en el trabajo que aporte estabilidad al sector y que acerque la formación a las pymes y micropymes.

El informe completo se puede descargar clicando en este enlace.

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