Un juez condena a la Universidad de Valencia por “discriminación laboral” con sus profesores asociados

El Juzgado de lo Social número 18 de Valencia ha estimado la demanda de un grupo de profesores asociados contra la Universidad de Valencia a la que acusa de “discriminación laboral” en lo concerniente a la “retribución salarial” de aquellos.

El juez entiende que ha existido “vulneración del derecho fundamental a la no discriminación e igualdad”, y en consecuencia, reza el fallo, “procede que se les aplique en su retribución, en proporción al contrato parcial, la misma retribución que perciben los profesores universitarios a jornada completa”.

Condena, por tanto, a la Universidad de Valencia, la cual tendrá, además, que a abonar a cada uno de los actores demandantes la cantidad de 1.000 euros por el concepto de indemnización por daños morales.

La investigación judicial da por hechos probados en el que los demandantes prestan sus servicios laborales por cuenta y orden de la Universidad de Valencia, en virtud de sucesivos contratos temporales a tiempo parcial, con la categoría de “Profesor Asociado”, con la antigüedad, salario mensual bruto (salario, trienios, complemento destino) y parcialidad que figura en las demandas, y adscritos cada uno de ellos a los departamentos de las distintas Facultades que se consignan en los contratos.

En este marco, recuerda que la LOSU faculta la contratación de profesores asociados, estableciendo en el art 48 que las universidades podrán contratar personal docente e investigador en régimen laboral, a través de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario que se regulan en esta Ley.

Estas modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario son las que se corresponden con las figuras de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante.

El régimen de las indicadas modalidades de contratación laboral, recuerda el juez, es el que se establece en esta Ley y en sus normas de desarrollo; supletoriamente, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en sus normas de desarrollo.

La Ley, subraya, y en el marco de sus competencias, dota a las Comunidades Autónomas el establecimiento del régimen del personal docente e investigador contratado de las universidades. Por su parte el Artículo 53 de la LOU, en cuanto al régimen jurídico dispone que la contratación de profesores asociados se ajustará a determinadas reglas.

Se refiere a que el contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, que finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad e, importante, que el contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial.

La duración del contrato, de acuerdo con la legislación, será trimestral, semestral o anual, y se podrá renovar por períodos de igual duración, siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.

En las tablas de retribuciones mensuales del profesorado correspondientes al año 2021, se constata, reza la resolución judicial, que, para el profesor titular a tiempo completo, se incluye salario, complemento de destino y especifico, sin reflejo del complemento de docencia e investigación mientras que para el profesor asociado, en tipo de contratación máxima de 12 horas semanales, equivalente a 180 horas anuales lectivas (30 semanales lectivas por 6 de docencia) perciben un salario de 352,62 euros mensuales, al que se añade el complemento de destino, siendo para el resto de profesorado a tiempo completo de 1.208,02 (240 horas lectivas) muy superior, de acuerdo con las tablas salariales del PDI que figuran en los documentos aportados al juez.

En este contexto, los demandantes vienen percibiendo en conceptos retributivos mensuales, el abono por sueldo, trienios y complemento de destino que figura en las nóminas correspondientes al mes de mayo de 2022 y diciembre de 2023, en función de su parcialidad. Pero esa parcialidad aplicada en el cómputo de la jornada laboral de los contratos de la profesores asociados, a juicio del juez, “no se corresponde con la retribución en proporción al tiempo estipulado para la jornada completa de 240 horas lectivas anuales del profesorado a tiempo completo (funcionario, contratado doctor y colaborador)”, de modo que a los profesores asociados “no se les retribuye por preparación, evaluación de materiales y evaluación continua del alumnado”.

Tras la valoración de las pruebas practicadas en el acto de la vista, la documental aportada, y la jurisprudencia citada, el juez concluye que “ha resultado acreditado que concurre el trato discriminatorio hacia los demandantes, que la discriminación no se produce por ser una contratación temporal a tiempo parcial, sino por la retribución proporcional que perciben los profesores asociados respecto de los otros profesores universitarios a jornada completa”.

Una discriminación que se fundamenta en que ambos colectivos de profesores “realizan el mismo trabajo, imparten las mismas asignaturas conforme a las guías docentes, compartiendo el trabajo la misma naturaleza, y siendo las condiciones laborales que desempeñan las mismas, no lo es su retribución que computa la Universitat de València de forma distinta, no siendo objeción para ello la modalidad de contratación laboral, ni la exigencia de tener una actividad externa para los profesores asociados”.

No es lo mismo

No obstante, la resolución judicial no habría de generar jurisprudencia, según apuntan fuentes jurídicas consultadas por ÉXITO EDUCATIVO. Al tratarse de una sentencia en primera instancia, es recurrible en suplicación ante el TSJ de la Comunidad Valenciana y, de persistir el fallo, en casación ante el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, apuntan dichas fuentes, la sentencia incurre “en un error de base”, puesto que “el profesor asociado no es de la misma categoría que el contratado doctor o el titular”. Y es que, según esta mismas fuentes, “el profesor ayudante también puede dar clase igual que el catedrático y no por ello cobra igual”.

Así, la categoría se adquiere por los méritos en investigación y gestión, condición que el profesor asociado en principio no tiene, “por lo que no están en el mismo plano de igualdad”.

Uno de los profesores asociados denunciantes y que prefiere permanecer en el anonimato, discrepa de esta desigualdad pues “el plano de igualdad se estable únicamente sobre el sueldo base que es igual para todos”, ya que “la investigación, de hecho queda al margen. La gestión ligada a la docencia, que no la ligada a otros complementos salariales y de reducción de docencia, no entra”. Y valora muy positivamente la sentencia: “el argumentario de la sentencia me parece impecable. Eso es lo bueno de la misma, no que pueda llegar a sentar jurisprudencia o no.”

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