Unos 200.000 estudiantes se cambian de región cada año para estudiar una carrera

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El porcentaje de los más de un millón de jóvenes que lo hacen ronda el 18%. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía son las que más alumnos retienen, pero también las principales atracciones para los que buscan cambiar de entorno.

Este movimiento masivo de jóvenes, en su mayoría, implica buscar un piso o habitación para alquilar a lo largo del curso. Según indican desde el sector inmobiliario, los propietarios cada vez apuestan más por este tipo de alquiler temporal por la seguridad de pago y la gran demanda.

En base a los datos ministeriales analizados por LIVE4LIFE, en los últimos años cada vez es más habitual ver a universitarios matriculados que se han cambiado de Comunidad Autónoma para iniciar sus respectivos grados. El último informe 2022/2023 sitúa en el 17,5% el porcentaje de jóvenes que mantiene esta tendencia, lo que supone unas 234.000 personas en toda España. Previamente fueron cerca de 193.000, por lo que el dato se mantiene en aumento y en torno a esos 200.000 jóvenes.

Los flujos de movimiento entre CCAA

Madrid, por ejemplo, retiene a casi el 95% de alumnos y absorbe más del 24% de Castilla-La mancha, más del 13% de La Rioja y Castilla y León, o cerca del 10% en Baleares y Canarias. Andalucía, por su parte, retiene a casi el 88% atrayendo a un 20% de matriculados extremeños y casi un 9% de Castilla-La Mancha. Cataluña atrae a casi el 21% de Baleares y la Comunidad Valenciana casi el 14% de Castilla-La Mancha y el 8% de Murcia.

A todas estas cifras hay que sumarles la llegada de otros tantos estudiantes internacionales, cuyas cifras se mueven en torno a los 100.000 extranjeros por curso. Algunos de ellos vinculados a planes de estudio y otros por cuenta propia, yendo en su mayoría a la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía.

Ciudades como Madrid, Granada, Barcelona o Valencia suelen ser foco de recepción para todos ellos, tanto jóvenes nacionales como extranjeros. Un escenario que implica un aumento de la demanda de alquiler temporal. “Es una muy buena opción para los propietarios. El perfil del estudiante es fácil: no protagoniza impagos, no hay riesgo de okupación y a final de curso abandona el piso”, explica Alberto Añaños, CEO de la plataforma de alquiler para jóvenes.

“Eso le da una libertad muy importante al arrendador. Al final del contrato temporal puede volver a negociar un precio en función de la oferta y demanda, porque la nueva Ley de Vivienda no afecta al alquiler temporal”, subraya el experto de la plataforma, que destaca los beneficios de este tipo de arrendamientos a jóvenes estudiantes.

Entre las claves, reconocen, está esa seguridad en el pago. “Hay veces que incluso se deja el contacto de los padres, que son quienes abonan el alquiler mensual al propietario dado que sus hijos están estudiando”, explica Añaños, que reconoce que esta situación da una gran tranquilidad frente al miedo por noticias de impagos u okupaciones.

Estampida por la Ley de Vivienda

Según los analistas de esta plataforma inmobiliaria, la aprobación de la nueva Ley de Vivienda provocará un aumento indirecto del alquiler temporal y, por lo tanto, una relajación y estabilización de los precios para esta modalidad de alquiler. De esta forma, los expertos reconocen que el alquiler dirigido a estudiantes vivirá un alivio en cuanto al precio con los beneficios que eso indica.

“La particularidad de esta nueva legislación es que solo afecta al alquiler de larga duración, no al temporal. Muchos propietarios están informándose para pasarse a este tipo de mercado donde no hay una regulación estricta de limitaciones, y donde prevalece el entendimiento entre las partes y la ley de la oferta y la demanda”, adelantan desde LIVE4LIFE.

En lo que respecta a estudiantes, los datos reflejan ese escenario de más de 250.000 personas en busca de alquiler entre nacionales y extranjeros. Un mercado muy amplio que, además, se ve favorecido por la seguridad económica que supone. El precio medio de una habitación en Madrid es de 500 euros, en Granada de 250 y en Valencia de 330. Cifras que podrían reducirse en los próximos meses ante el aumento de oferta.

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