UPTA advierte que toda actividad vinculada a la educación ambiental está al borde de la quiebra

Imagen de Tomasz Proszek en Pixabay

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierte del riesgo de quiebra que acecha a granjas escuelas, aulas de naturaleza, aulas del mar y, en general, pequeñas empresas que gestionan programas de Educación Ambiental en municipios, ciudades y espacios protegidos, entre otros, con motivo de la pandemia.

Se trata, señala UPTA, de entidades empresariales que para el desarrollo de su actividad económica dependen principalmente de la afluencia de escolares, desde la etapa infantil hasta la secundaria, pero que permanecen cerradas, con sus trabajadores en ERTE, y con “serias dificultades” para mantener su actividad económica en pie.

ÉXITO EDUCATIVO ya se hacía eco al inicio de este año de la reclamación de la Asociación de Granjas Escuelas de la Comunidad de Madrid (AGECAM), que ponía sobre la mesa la precaria situación económica que atraviesa la inmensa mayoría de estas instalaciones por la pandemia de la COVID-19, por lo que reclamaba de las administraciones públicas ayudas extraordinarias urgentes para afrontar los próximos meses, sin apenas ingresos previstos.

Un sector que en 2019 recibió más de 5 millones de visitantes, con una facturación superior a los 300 millones de euros, pero que desde el pasado 10 de marzo de 2020 afronta un cierre generalizado. Pese a ello, estas empresas soportan gastos fijos “inasumibles si no tienen una permanente entrada de visitas”, lamenta UPTA.

Así es porque las instalaciones tienen un alto coste de mantenimiento, que en particular es en forma de gastos fijos asociados al cuidado de los animales y las huertas en el caso de las granjas escuela. Aproximadamente son 20.000 puestos de trabajo directos los que generan estos autónomos, cooperativas y pequeñas empresas del sector.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, hace un llamamiento al Gobierno del presidente Sánchez, para que socorra a través de ayudas directas a las actividades que más facturación han perdido con respecto al año 2019.

“Las ayudas directas deben asignarse en base al criterio de perdida de facturación, los 11.000 millones de euros del plan de rescate del Gobierno deben destinarse, principalmente, a paliar los gastos fijos de cada uno de los negocios que se encuentran en una situación de pérdida total de facturación”.

Éxito Educativo
Author: Éxito Educativo

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