Valoraciones sobre la LOSU: insuficiente, no resuelve los problemas y plantea dudas para las universidades privadas

Joan Subirats, ministro de Universidades

Tal vez porque todas las partes interesadas son conscientes de que al nuevo borrador de la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, aún le queda un largo recorrido hasta su publicación en el BOE, o porque la candente actualidad política nacional de esta semana ha opacado cualquier discusión sobre la misma, pero lo cierto es que el nuevo proyecto del ministro de Universidades, Joan Subirats, no ha provocado un gran debate.

Sombras para las universidades privadas

Hasta ahora apenas ha habido referencia alguna a las universidades privadas entre los análisis sobre el contenido de la nueva ley. Concha Burgos, rectora de la UDIMA, recuerda que de las 88 universidades españolas, el 45% son privadas, y en declaraciones a ÉXITO EDUCATIVO, se congratula de que el anteproyecto «se refiera a todas las universidades y no solamente a las públicas». Cree un avance que el título IX hable expresamente de las privadas, aunque no sea muy extenso.

En su opinión «el ministro Subirats ha conseguido presentar un texto legal de mínimos evitando regular las cuestiones más polémicas que existían en el anterior del ministro Castells, dejando para posteriores regulaciones los asuntos más espinosos». Esos asuntos pendientes son los que tienen que ver con la organización de las enseñanzas universitarias y con la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

Un experto en derecho universitario consultado por ÉXITO EDUCATIVO, coincide en señalar que los aspectos más controvertidos de la ley se delegan a los reglamentos, dejando al gobierno mucha más libertad para establecer determinados requisitos.

Por ejemplo, por lo que se refiere a los requisitos para mantener la condición de universidad, cree que «no se justifica la limitación del número de alumnos en Master y en título propio, cuando el ministerio tiende a fomentar los cursos de formación permanente, que precisamente vienen a través de los másteres y títulos propios».

Advierte también este experto que la regulación de esos títulos propios afectará a la autonomía de las universidades, y la exigencia de titulación universitaria para cursar aquellos que tengan más de 30 créditos, limitará igualmente la formación permanente de muchos estudiantes. Estas limitaciones también son destacadas por Concha Burgos que piensa que plantean «una incoherencia con el fin último pretendido por la ley» de facilitar la formación permanente.

La labor investigadora de las universidades también tiene aspectos controvertidos para el jurista con el que hemos hablado. Señala que se han aumentado los requisitos de investigación y las exigencias del porcentaje de profesores con sexenio, cuando antes eran simplemente acreditados. Y se obliga a destinar una partida presupuestaria importante para la investigación «sin justificar la materia o el objeto de la misma». También cree que las universidades privadas lo van a tener difícil  para acceder a la financiación pública de proyectos de investigación.

En esto coincide la rectora Burgos, que asegura que el borrador no resuelve el problema de acceso a la financiación pública de los proyectos de investigación «y en cambio se obliga a las universidades a tener proyectos competitivos para mantener los programas de doctorado».

Silencio de los rectores

De momento la Crue, que reúne a los rectores de las universidades españolas, guarda un rotundo silencio. Su nuevo presidente, Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, acaba de estrenarse en el cargo, y además hay que recordar que Crue tardó varias semanas en hacer públicas las muchas críticas que les mereció el primer borrador presentado por el exministro Castells.

A título particular Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona (UB), en declaraciones a El Periódico, ha mostrado su perplejidad ante el hecho de que no sea necesario ser catedrático para ser rector. Se podría dar la paradoja de que un rector no catedrático incoara un expediente a un catedrático que tiene nivel superior. “Un rector debería tener la máxima categoría. Esto es una evidencia absoluta”, ha concluido. Sí cree que encaja con la petición de los rectores de que la ley fuera general y permitiera la convivencia de modelos universitarios diversos.

Josep Maria Gatell rector de la universidad privada Blanquerna-Ramon Llull, también el El Periódico, ha alabado que la nueva ley valga «para todas las universidades, tanto las públicas como las privadas«.

Se queda corta para los estudiantes

A la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y al Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), no les ha gustado el texto, que, en su opinión, se queda corto. La LOSU sigue sin contemplar, se quejan, medidas que les permitan llevar su voz a los órganos de gobierno y en las elecciones. La representación del 10% del estudiantado que contempla el borrador es para ellos insuficiente y debería elevarse hasta el 35%.

También piden que se recoja la obligatoriedad de que los docentes tengan que hacer cursos de formación, ya que no se garantiza una docencia de calidad en la que el estudiantado esté en el centro.

Insuficiente para lo sindicatos

Comisiones Obreras y UGT han dado a conocer su posición en sendos comunicados en los que admiten en el borrador algunos avances, pero no los suficientes.

CC.OO reconoce que el texto, “continuista respecto a las versiones anteriores”, recoge algunas de sus propuestas, pero “siguen sin solucionarse los grandes problemas de la universidad española”. Esos problemas son, para el sindicato, falta de financiación, ausencia de carrera académica clara y definida, y no eliminación de la precariedad y la temporalidad. Además, habría que actualizar, previa negociación, de los decretos de retribuciones y de dedicación del profesorado universitario, que están completamente desactualizados.

Sobre el resto de los temas, en el comunicado Comisiones Obreras – que critica la ley sea prolija en algunos aspectos y demasiado generalista en otros – destaca los puntos de acuerdo y desacuerdo con la norma.

UGT señala en una nota, aunque “la ley pretende solucionar algunos de los problemas de precariedad laboral instaurados en las Universidades Públicas españolas, es insuficiente”. El sindicato se queja de la falta de negociación del texto, y a continuación, detalla en su comunicado los puntos de desacuerdo con el texto sobre todo con los temas relacionados con la carrera profesional, los contratos, y las nuevas figuras que recoge el borrador sobre los profesores.

Por último, añade que el texto debe ser estudiado en profundidad y que espera que sea mejorado en el trámite parlamentario.

Posible recurso de inconstitucionalidad

La Comunidad de Madrid ha sido muy contundente en su primera valoración. Hay aspectos que no le gustan nada, según el portavoz del ejecutivo regional y portavoz, el consejero de Educación Enrique Ossorio. Elevar la financiación al 1% llevaría el presupuesto en Madrid de los 1.000 millones actuales a 2.2200 pero sin explicar de dónde sale el dinero. Ossorio también cree que la LOSU no soluciona los problemas actuales y aumenta la politización, es contraria al pensamiento libre, da excesiva participación a los alumnos y “ataca a la cultura del esfuerzo” al permitir que no haya exámenes durante las huelgas, además de rebajar los criterios para ser rector.

El portavoz del Gobierno madrileño ha advertido que van a estudiar el texto en profundidad y no descarta recurrir al Tribunal Constitucional.

El próximo 31 de mayo Ossorio presentará todas estas objeciones en la próxima Mesa Sectorial de Universidades.

Mucho más tarde, el próximo día 15 de septiembre, UGT UNIVERSIDAD ha sido convocada a una reunión para “contrastar” la Ley, dice el sindicato que según palabras del propio Ministerio.

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