Y por fin se nos vieron las vergüenzas: Crónica de una suerte anunciada…

Llevamos los centros educativos privados, ya sean estos guarderías o centros de Infantil, colegios, universidades o centros de posgrado, asumiendo una realidad que es similar a la que ha tenido que enfrentar todo ciudadano español y todo su tejido productivo. Aunque con matices.

Vayamos por partes.

El sector educativo privado, por si alguien ajeno a él no ha caído en la cuenta, no ha tenido las mismas capacidades que otras muchas empresas de poder “defenderse” de una profunda caída de ingresos mediante la suspensión de los gastos más importantes que suele soportar una empresa de servicios. Sus gastos de personal. Mientras que en otros sectores se ha seguido la política de: a 0 ingresos, política tendente a 0 gastos, esto no ha podido ser así en el sector educativo privado porque, siendo como es la educación un derecho fundamental, se estableció, por decreto, que ésta se siguiera impartiendo de forma permanente. Allá cada cual como uno pudiera hacerlo o se las arreglara para hacerlo. Conviene recordar en este momento que otros países, el Reino Unido por ejemplo, decidió afrontar la misma política, pero con el matiz de que su gobierno, en un ejercicio responsable de salvaguardar su tejido productivo y teniendo claro la enorme aportación de sus colegios privados, sufragó, si, señores, sufragó de las arcas públicas, el salario de los profesores de los colegios privados a los que “obligó” a mantener su servicio. Éstos, lógicamente, debieron trasladar este particular a sus familias y alumnos. Diferentes formas de hacer política.

Como es habitual en el sector educativo privado, éste se ha destapado como punta de lanza de la innovación educativa siendo capaz (y hay muchos y muy honrosos ejemplos de ello) de en muy pocos días o semanas articular un increíble sistema online en la que nuestros docentes (me niego a decir docentas, por muy políticamente correcto, pero gramaticalmente incorrecto que sea) han desarrollado vídeos de producción propia, píldoras educativas, clases sostenidas video presenciales (en muchos centros incluso manteniendo su jornada “normal-presencial” íntegra) haciendo que sea una realidad más que plausible llegar a desarrollar un futuro sistema “blended” (mezcla de formación presencial y online) en un futuro inmediato. Todo esto no ha sido gratuito, ni en la dedicación de recursos por parte de esos centros privados (inversión tecnológica y en infraestructuras) ni en el grado de formación de su profesorado (también me niego a decir profesorada) que viene arrastrado de prácticas derivadas de cursos anteriores.
En estas circunstancias cabría preguntarse cómo, lamentablemente (al fin y al cabo también soy ciudadano que paga sus impuestos y que con ellos quiere que se desarrollen al máximo los servicios sociales e infraestructuras para lo que deben servir), la red pública ha podido responder a esta circunstancia.

Sin recursos ni infraestructuras suficientes, ni si quiera el cuerpo docente que la conforma y todo su entusiasmo, han sido capaces de poder desarrollar un sistema adecuado que no quebrante “la brecha social”. Concepto éste muy interesante para entender parte de las medidas que se han tomado bajo el principio de “como he mostrado que soy incapaz de dar una respuesta lógica y aceptable a la sociedad ante la que tengo que rendir cuentas por el inexistente y muy deficiente servicio educativo online, tengo que buscar la forma de ahorrarme el tener que dar explicaciones y por tanto actúo prácticamente suspendiéndolo o dejándolo inactivo”. De ahí los planteamientos sobre no avanzar en temario (nadie¡), no evaluar, no repetición de curso por “decreto”….

Ahora la ministra Celaá demostrando o nulo conocimiento o peor intención (nunca se sabe) del sector educativo privado, lanza la propuesta (que si atendemos al criterio habitual del gobierno sobre la ocupación en las terrazas puede cambiar en breve) de que los centros abran con una capacidad limitada a su ocupación normal y autorizada. Lamentablemente es en estas circunstancias cuando se ve lo rígido, esclerótico y poco adaptado a las necesidades de la sociedad real de nuestro sistema educativo. La absoluta ausencia de autonomía de los centros y la estricta normativa dificulta de forma extraordinaria el trabajo de flexibilización que nuestros centros precisarían.

En condiciones normales una organización flexible de grupos, niveles, de currículum no solo se ajustaría mucho más a las necesidades de nuestros alumnos y familias, sino que permitirían reaccionar de forma natural a una circunstancia como ésta. Si a esto le sumamos la improvisación absoluta por parte del Ministerio y otras Administraciones; el hecho de que él sector educativo privado sea uno de los pocos que se han visto obligados a mantener una estructura importante (gastos de personal y soporte técnico sofisticado) aún existiendo una merma importante de los ingresos, pues se podría pensar en que, o bien hay un desconocimiento profundo de esta realidad, o bien una falta de sensibilidad absoluta o, lo que es peor, lo que hay es un claro interés subrepticio en que muchos centros (colegios, guarderías o centros de Ed. Infantil) cierren. La suma de todos los argumentos y la propuesta del Ministerio de hacer que los colegios solo abran en un 50% en septiembre en una forma no especificada aún, solo me hace pensar en cuál de las tres opciones respecto del sector persigue el ministerio con sus propuestas y la falta de apoyo de otra Administración, con su silencio.

Desde el sector educativo privado en todos sus grados, desde las guarderías a las Universidades, solo nos queda pedirles que desarrollen un poco de sensibilidad hacia la realidad de nuestros alumnos, sus trabajadores, los centros y sus familias. Y, a cambio, les propongo compartir y transferirles parte de nuestras prácticas y que ello redunde en beneficio de todo el sistema. La iniciativa privada es, ha sido y será (si nos dejan) un banco de pruebas extraordinario para la mejora de las propuestas educativas en España.

Jaime García Crespo, CEO Grupo Educación y Sistemas

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