La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una manifestación frente al Ministerio de Educación el próximo día 20 de junio, coincidiendo con el final del curso escolar, para protestar por la ausencia de reformas estructurales que mejoren la profesión docente y que aumenten la calidad del sistema educativo en lo que va de legislatura.
El sindicato toma esta decisión tras rechazar en la Mesa Sectorial el proyecto de modificación del Real Decreto de requisitos mínimos de los centros educativos al entender que este documento «no mejora más allá de cambios nominativos por la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional».
CSIF considera que el sistema educativo necesita «reformas estructurales urgentes y no parches consistentes en modificaciones parciales de diferentes normas, como se ha hecho durante todo el curso», denuncia.
En concreto, exige la reducción de ratios en todas las etapas, la adaptación de los centros educativos a las normativas de eficiencia energética, climática y de ventilación, la necesidad de personal sanitario en todos los centros educativos y la obligatoriedad de incorporar el personal docente necesario para el tratamiento a la diversidad.
Explica el sindicato que la normativa actual de requisitos mínimos de los centros educativos se elaboró en plena crisis económica y en un escenario de recortes, por lo que no adaptarlo a la situación actual, a su juicio, «supone obviar todo lo sucedido». La pandemia «ya evidenció las carencias del sistema educativo y de los centros educativos, y ni siquiera esto ha servido para liderar las modificaciones que necesita nuestro sistema educativo», se lamenta.
En este sentido, CSIF denuncia que este decreto es un ejemplo de la «falta de liderazgo» del Gobierno de la que, asegura, «se han contagiado las comunidades autónomas, que se escudan en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para revertir los refuerzos de medios y personal implantados durante la pandemia e incumplir sus compromisos en materia educativa». Esta situación, advierte el sindicato, ya está generando movilizaciones en diferentes comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana o Asturias.
CSIF considera que el Ministerio tiene la competencia constitucional de legislar sobre estos cambios estructurales y por eso convoca la protesta del día 20 y, advierte que, «si el departamento de Pilar Alegría no reacciona, las protestas continuarán al inicio del próximo curso no descartando una convocatoria de huelga en toda España».
Para CSIF, de entrada, la prórroga de los Presupuestos Generales ha provocado un «parón en la negociación de reformas», incluyendo el Estatuto del Docente, y ha frenado el plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora anunciado por el Gobierno en enero.
Mientras tanto el personal docente «sigue sobrepasado por exceso de burocracia, falta de financiación, pérdida retributiva» (un 9,1 por ciento menos en los dos últimos años tras el acuerdo firmado entre el Gobierno, CCOO y UGT) y un «exceso de niños por clase».
Así, se lamenta, «todavía siguen vigentes las ratios de la LOGSE de 1990″ (25 niños en primaria, 30 en secundaria y 35 en la ESO) y las comunidades autónomas «están revirtiendo de manera progresiva los refuerzos implantados en pandemia, pese a las promesas tanto de autonomías como del Gobierno central de reducir la proporción de alumnos por clase».
De esta manera, la tasa de interinidad en el profesorado, denuncia CSIF, todavía roza el 25 por ciento y hay un déficit de plantilla de 43.700 docentes, como consecuencia del recorte en las ratios. Por su parte, las oposiciones para docentes convocadas para finales de junio, juzga el sindicato, «tampoco contribuirán a descongestionar la situación por la disparidad de criterios (algunas son de estabilización y otras de reposición)». En cualquier caso, CSIF avisa de que «no se cumplirá» el objetivo de llegar al 8 por ciento de interinidad a 31 de diciembre.
Por otro lado, recuerda que los docentes «padecen la falta de autoridad en las aulas, con situaciones de amenazas y agresiones, con situaciones de conflicto inaceptables en nuestras aulas».
Frente a todo ello, el sindicato propone un pacto educativo que «aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema», mejora de la inversión educativa, que alcance el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea, aumento de retribuciones, subida de niveles y adaptación de los cuerpos docentes, reducción de ratios y horario lectivo, Estatuto Docente, modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente, reforma del concurso general de traslados para facilitar la movilidad del profesorado en el territorio español y, por último, normativa educativa a partir de criterios profesionales y pedagógicos que mejore la calidad de la educación y acceso a la universidad con prueba única.
