La asociación de colegios privados de España CICAE ve con esperanza la posible financiación adicional con que el Ministerio de Educación dotaría a la escuela concertada a cambio de admitir a más alumnos inmigrantes. Y lo ve con buenos ojos en un doble sentido, porque podría poner fin a lo que considera desde hace años un “cobro ilegal” de cuotas a los padres cuyos hijos deberían estudiar de forma gratuita. No en vano, estos centros están subvencionados por el Gobierno.
Con el arranque del curso, trascendió que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes podría estar sopesando una financiación añadida a la actual al conjunto de la escuela concertada bajo el compromiso de matricular a un mayor número de alumnos inmigrantes. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, reconocía al diario La Razón que la concertada atraviesa una “situación comprometida”, entre otras razones por la consabida caída demográfica. Se cifra en un tercio la reducción de alumnos.
La asociación CICAE, cuya opinión solicitamos y en su respuesta remitida a ÉXITO EDUCATIVO, recuerda que siempre ha demandado “mayor transparencia” en la financiación pública a las escuelas concertadas, razón por la que considera una “buena iniciativa” que el Ministerio se comprometa a hacer un análisis “real” de la situación, para que, de este modo, “se acaben de una vez por todas las cuotas que cobran a las familias que, en algunos casos, son muy abusivas y suponen una barrera para las familias inmigrantes”.
Todo esto se enmarca en la previsión de que la titular del ramo, Pilar Alegría, se siente con los colegios concertados con el fin de revisar el actual modelo y, obviamente, las cantidades asignadas.
Precisamente, al poco de saberse de esta posibilidad, Escuelas Católicas, organización que representa el 15% de la educación en toda España y casi el 60% de toda la enseñanza concertada, aseguraba en un comunicado recibir con “cautela y esperanza” lo que definición como “gesto” por parte de Alegría.
La enseñanza concertada, donde se educa la cuarta parte del alumnado en España, señala en su nota de hace unos días que “merece una financiación justa y que responda al coste real” y objetivo de impartición de los diferentes niveles educativos, y por ello valora positivamente la disposición del Ministerio de Educación para abrir una mesa de diálogo con el objetivo de determinar los costes reales de la red educativa privada concertada.
“Nos encontramos en una situación en la que el módulo del concierto, base de la financiación pública de nuestros centros, ha quedado claramente desfasado y no cubre los gastos mínimos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación, como establece la ley”, afirmaba Escuelas Católicas en su comunicado, que agregaba que el incremento de los costes, agravado por la inflación y el descenso de la natalidad, “genera un déficit que sigue sin solucionarse desde hace años”, algo que desde Escuelas Católicas viene denunciado en “infinidad de ocasiones”.
¿Problema económico o social?
De confirmarse una financiación adicional para las escuelas concertadas condicionada a la admisión de más estudiantes inmigrantes, CICAE apunta que “habría que preguntarse, en primer lugar, cuál es la causa de esa falta de aceptación de admisión de alumnos inmigrantes en algunos centros concertados. ¿Por qué algunos de los colegios concertados no admiten más estudiantes inmigrantes? ¿Es un problema económico o es un problema social?”. Preguntas que deja en el aire en su respuesta a ÉXITO EDUCATIVO.
En cualquier caso, CICAE advierte que la admisión del alumnado “más vulnerable” en escuelas concertadas “no debería estar condicionada a la financiación de estos colegios, que, por ley, deberían ser gratuitos y no cobrar cuotas a las familias, lo que claramente supone una segregación para el alumnado inmigrante”.
En este sentido, asegura confiar la asociación de colegios privados “en que este estudio de financiación a la escuela concertada no dé respuesta sólo a lo que demandan los propios concertados (algunos de ellos con ánimo de lucro y en zonas residenciales de alto nivel, donde existe muy poca inmigración), ni que se haga una equiparación con la enseñanza pública, sino que se realice un estudio transparente con las cuentas reales de los centros concertados”, concluye.
