- El Real Decreto que regula la evaluación, promoción y titulación en las diferentes etapas educativas, suprime ya para este curso los exámenes de recuperación.
- La promoción de curso no estará supeditada a aprobar un número de materias determinado.
- Se podrá aprobar segundo de bachillerato y presentarse a la EBAU con una asignatura suspendida si se cumplen determinadas condiciones.
“Las decisiones sobre el paso de curso y la titulación recaen enteramente en el equipo docente.” De esta forma explica literalmente la nota de prensa del ministerio de Educación una de las medidas más destacadas del Real Decreto que regula la evaluación, promoción y titulación de las diferentes etapas educativas aprobado esta semana por el gobierno.
En el caso de Primaria, al concluir segundo, cuarto y sexto se realizará esa evaluación, mientras que en los demás cursos se promocionará automáticamente. En Secundaria es el equipo docente quien debe valorar si “la evolución global de un alumno le permite avanzar de curso con expectativas favorables de recuperación de las materias no superadas.”
La entrada en vigor de esta medida será ya este mismo curso, al aceptar el ejecutivo, como le advertía el Consejo de Estado en su informe preceptivo, que no se podían hacer diferencias por comunidades autónomas. Algunas habían pedido esperar al año próximo para poner esta medida en marchas y así había sido aceptado inicialmente para este curso por la ministra Pilar Alegría.
La repetición, una medida «absolutamente excepcional»
El Real Decreto insiste en la excepcionalidad de la repetición, y marca que el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
“Este sistema de evaluación hace hincapié en la detección temprana de las posibles dificultades, la adopción de medidas de refuerzo tan pronto como se vean necesarias y de medidas de recuperación,“ ha señalado la ministra.
Por lo que se refiere al Bachillerato, se podrá promocionar entre primer y segundo curso con dos suspensos como máximo. Para conseguir el título se requiere una “evaluación positiva de todas las materias”, es decir hay que aprobar todo, pero con una excepción. Se podrá obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspendida cuando se cumplan las siguientes condiciones: si el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias de la etapa, ha asistido a clase y realizado los exámenes y tiene al menos un cinco en la media aritmética de todas las materias. De nuevo es el equipo docente quien debe tomar la decisión final de manera colegiada.
Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía, Galicia Murcia o Castilla y León han criticado el cambio de criterio en pleno curso, y la rebaja del nivel de exigencia que supone el decreto y anuncian que explorarán posibles soluciones jurídicas para no aplicar la reforma, si ello es posible, y como mínimo, para minimizar sus efectos.
Reacciones contrapuestas
En el mundo educativo, el decreto ha sido acogido con división de opiniones. CEAPA coincide con la visión del ministerio y piensa que lo importante es la evaluación continua y que la repetición no está dando la respuesta que necesita el alumnado para poder avanzar y no quedarse atrás.
CONCAPA ha pedido otras medidas para mejorar el rendimiento escolar sin que se eliminen las recuperaciones. Para su presidente, Pedro Caballero, el gobierno lo que pretende es maquillar las cifras de fracaso escolar y piensa que estas medidas pasarán factura en el futuro. Por su parte la COFAPA ha mostrado su inquietud, ya que, al suprimir los exámenes de recuperación, se elimina una oportunidad de superar una asignatura.
Para CC.OO el decreto va en la «dirección adecuada» para afrontar el problema del alto número de repetidores en España y señala que el sistema de evaluación no es tan diferente del anterior. UGT también cree que va en consonancia con los objetivos de la LOMLOE pero duda de que se dispongan de los medios para poner en marcha los recursos necesarios para abordar esa educación más especializada que se busca.
Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE, ha mostrado el total rechazo de su sindicato ante estas medidas que, dice, son ambiguas, crean inseguridad jurídica y pueden generar conflictos. “El mensaje es muy desmotivador para alumnos y profesores – ha asegurado-. Es un error, que perjudica a la educación pública y particularmente a los más desfavorecidos. Si no se corrige, va a causar un gran daño a la enseñanza pública.”
