El pasado jueves 9 de marzo de 2023 el diario El Mundo publicaba un artículo titulado “Madrid multará con hasta 30.000 euros a profesores que no denuncien casos de bullying”. Leyendo la noticia (o artículo de opinión, no sé distinguirlo) uno se informa que la Comunidad de Madrid aprobará una Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, precisamente este texto es el que dice que los profesores que sean conocedores de un caso de bullying en sus centros y no informen o denuncien recibirán una sanción económica de 3.000 a 30.000 euros. Se habla de que lo que recoge esta norma es el deber de comunicación en casos de violencia contra la infancia en sentido amplio, pero que sobre todo se aplicará al ámbito escolar, por ser el lugar en el que se produce más violencia contra los menores.
El artículo también nos habla de la enorme preocupación que existe entre profesores y padres porque es un problema que se ha disparado considerablemente, incluso apuntan hacia un estudio en el que se llega a la conclusión que 7 de cada 10 menores (aunque en el artículo que yo he leído recoge “7 de cada” -sin concretar ningún número más-, imaginando que es 7 de cada 10) ha sido víctima de bullying, se trata de un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras. Pues bien, veamos qué imprecisiones se concretan en estos datos y por qué generan una alarma desproporcionada que puede ocultar el seguimiento y protección de víctimas graves reales.
Lo primero que tenemos que decir es que el bullying y su variante cibernética, el cyberbullying, son problemas que existen en los centros educativos, que, en algunos casos, son precipitadores de conductas autolíticas y también sabemos qué tipo de intervenciones son más efectivas para detectar y frenar estos problemas. Lo primero que hay que saber para prevenir estas conductas violentas es qué características presenta esta fenomenología violenta y qué factores de riesgo en agresores, víctimas e incluso testigos existen. También se debe diferenciar muy bien de otros problemas que son puntuales y no llegan a ser casos de bullying.
El bullying es una conducta violenta que se repite en el tiempo y que se caracteriza por la ley del silencio que impera, así como la desproporción de fuerzas del agresor y la víctima. Si no se dan estas características no podemos hablar de bullying y en muchos estudios este aspecto lleva a confusión, cuando no a justificar una alarma social desproporcionada que puede actuar como cortina de humo para no ver aquellos problemas reales. Otro de los problemas es que evaluemos esta violencia a lo largo de la vida de las personas porque lo que interesa es tener una radiografía de lo que sucede en un momento determinado, ya que haber sufrido bullying hace 20 años no es significativo del problema actual. Si tenemos en cuenta este aspecto ni mucho menos podemos hablar de un problema con una prevalencia del 70%, sino que los estudios más rigurosos lo estiman en una proporción del 8,6-45,2%. Pero aquí no entraremos en más detalles en cuanto a las características del problema. Lo que nos interesa es saber qué tipos de intervenciones pueden ser más efectivas.
En este sentido hablar de multas a los profesores que no “denuncien” es una auténtica barbaridad debido a que no será efectiva y se puede estigmatizar a menores que nada tienen que ver con problemas de bullying, o se puede sobrecargar el trabajo y la ansiedad de los profesores por estar vigilantes ante situaciones que nada tienen que ver con la dinámica de bullying sin que estén preparados para ello. Todo esto se puede suplir con programas efectivos e implicación de toda la comunidad educativa. En una revisión que yo mismo he realizado sobre la ciberprevención en casos de cyberbullying, donde analizo tres tipos de medidas (jurídicas, educativas e integrales) llego a la conclusión de que los programas educativos, apoyados por la gamificación y recursos online, son los más efectivos para tratar a víctimas y agresores para conseguir que el clima escolar de convivencia sea el adecuado, sin necesidad de actuación del sistema de justicia, porque los menores de 14 años son inimputables, ni el sistema de sanciones administrativas son eficaces debido a que recaen en expulsiones o perjuicio económico únicamente para las familias del agresor, y porque existe el riesgo de que lo único persigan los padres de potenciales víctimas sea el resarcimiento económico.
Dicho todo esto, ¿qué debemos hacer para detectar y prevenir los casos graves de bullying y atender a las víctimas adecuadamente para evitar problemas más graves? Lo primero de todo es la concienciación, pero la concienciación de toda la comunidad educativa y de todas las familias -parece complicado, pero se puede conseguir-. En segundo lugar, debemos formar a los profesionales de la educación en herramientas efectivas de convivencia escolar, entre ellas, implementar programas adecuados con las siguientes características: (para las víctimas) entrenamiento en control emocional, ayuda entre iguales -alumnos ayudantes y mediadores- y una política anti-bullying clara en el centro educativo; (para los agresores) entrenamiento/reuniones con los padres, supervisión del recreo, duración intensiva de más de 20 horas, formación de más de 10 horas para profesores o métodos disciplinarios y normas de clase.
Como podemos comprobar en este texto las sanciones también encajan en este ámbito e incluso la judicialización de los problemas más graves, pero dirigidas a la corrección de la conducta, no a la detección del problema y con los elementos de éxito que sabemos que funcionan en la intervención con agresores y víctimas. En concreto, para detectar el problema debemos concienciar y formar al profesorado, más que amenazarle con sanciones. Y todo lo que he expuesto aquí no es algo complicado de implementar siempre y cuando haya el apoyo por parte de las autoridades educativas y se potencie la figa de los responsables de convivencia de los centros educativos, y aquí me permitirán una licencia y no es otra que abogar por la inclusión de la figura de titulados en Criminología porque es la única carrera universitaria que forma en técnicas preventivas de la violencia y en la que se estudia de manera especial el problema del bullying y del cyberbullying.
Dr. Abel González, director del Departamento de Criminología de la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA
