Hace pocas semanas, la ministra de Educación, Pilar Alegría, dejó entrever una posible y pronta revisión del concierto económico con los centros privados, de modo que permitiera poner punto y final al cobro de determinadas cuotas a las familias que algunos de ellos justifican en la insuficiente financiación pública. Este miércoles, el asunto tomó carta de naturaleza por medio del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, quien, no obstante, se limitó a recordar que la revisión de los módulos está prevista en la Lomloe, la última reforma educativa en vigor.
Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas (EC), expresa en declaraciones a ÉXITO EDUCATIVO su preocupación por que trascienda en algunas informaciones y declaraciones el que se dé como un hecho que en la concertada se cobran cuotas ilegales, a partir de informes “sesgados”, y donde la idea que se transmite, también, es que en los centros educativo no público “se discrimina en la admisión y, como consecuencia, se incrementa la segregación”.
La LOE, recuerda Centeno, habla del “coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad” y eso, enfatiza en sus declaraciones a este medio, “es un concepto meramente económico y cuantificable al margen de otras cuestiones que no deberían mezclarse aquí”.
En este sentido, el alto representante de EC espera y exige al Ministerio que “cumpla la LOE en un doble sentido: que se constituya la Comisión de estudio del coste de la impartición de enseñanza con la actualización del módulo de conciertos (Disposición Adicional 29) y que la financiación pública sea suficiente para cubrir el coste de impartición de las enseñanzas objeto de concierto, en condiciones análogas a la enseñanza pública (art 88 y art 117)”.
Y reitera su rechazo, por activa y por pasiva, ante las recurrentes acusaciones de que la enseñanza concertada “cobre cuotas ilegales a sus alumnos e infrinja la normativa de admisión de alumnos que produzca segregación escolar. Es más, la normativa de admisión de alumnos es igual para centros concertados y públicos”, sentencia.
Por su parte, Emilio Fernández, presidente de Escuela Excelente, que, como EC, representa a numerosos centros concertados y privados en la Comunidad de Madrid, celebra que el Ministerio de Educación “esté dispuesto a revisar la cuantía de los módulos de concierto, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), para garantizar que la enseñanza concertada pueda ofrecer una educación de calidad y gratuita, tal y como está establecido en la normativa”.
En una nota informativa, a petición de ÉXITO EDUCATIVO, afirma Fernández que “esta medida es un paso positivo hacia el reconocimiento de la infrafinanciación crónica que afecta a gran parte de los centros concertados, especialmente en lo que respecta a los gastos de funcionamiento que no están cubiertos en su totalidad por las dotaciones públicas”.
Sin embargo, advierte, “resulta fundamental matizar ciertos aspectos de los informes mencionados, que presentan una visión distorsionada de la realidad”. Así, enjuicia Escuela Excelente que la “infrafinanciación es un problema generalizado que afecta, como ya reconoce el Ministerio, a la mayoría de los centros concertados, y no solo a un 38%, debiendo los centros recurrir a las aportaciones voluntarias de las familias o a actividades extraescolares, fuera del horario escolar, para cubrir los gastos que no son financiados por las administraciones”.
En este punto, el presidente de Escuela Excelente estima “importante” subrayar que estas aportaciones son “transparentes y voluntarias”, y los padres están “debidamente informados” de los conceptos por los que abonan dichos pagos. Además, agrega, los centros concertados son “rigurosamente auditados” por las autoridades educativas para garantizar la legalidad de sus prácticas económicas.
Por esa razón, y atendiendo a estos controles, Fernández afirma que, “en ningún caso estos ingresos suponen un lucro, sino un esfuerzo por mantener un servicio educativo de calidad en un entorno de infrafinanciación”. En cuanto a la cuestión de la gratuidad y la accesibilidad, esta asociación reitera que la educación concertada está comprometida con la inclusión y el acceso equitativo de todos los estudiantes, independientemente de su situación económica o social.
De este modo, asegura apoyar las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y la distribución equilibrada del alumnado en todos los centros, ya que la enseñanza concertada, recuerda, “es un pilar fundamental del derecho a la libre elección de las familias”.
Por último, indica que “es necesario aclarar que cualquier mejora en la financiación debe ir acompañada de un compromiso real por parte de las administraciones para cubrir de manera integral los costes educativos. De lo contrario, los centros seguirán enfrentando la necesidad de buscar recursos adicionales para compensar la falta de apoyo público, situación que afecta directamente a su capacidad para garantizar una educación de calidad para todos”, finaliza.
