El PP propone que el Gobierno bonifique el 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas de modo que no desincentive la participación de las empresas en las enseñanzas de FP y universitarias.
Es una de las propuestas que incluye en una proposición no de ley relativa a garantizar la oferta y calidad de las prácticas universitarias y no universitarias, y la titulación del alumnado en prácticas, en relación con la obligación de su inclusión en el Sistema de la Seguridad Social, y que será debatida en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, del Congreso de los Diputados.
Con la finalidad de garantizar la oferta y calidad de las prácticas universitarias y no universitarias, como parte de unos estudios de calidad, y la titulación del alumnado en prácticas, reclama, además, aprobar unas instrucciones “claras y precisas” respecto a la obligación prevista en la DA52 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) “para evitar las dificultades advertidas por las administraciones públicas, empresas y centros de formación”.
Así mismo, pide regular, con carácter urgente, para los supuestos de especial dificultad una cotización por un procedimiento simplificado y desburocratizado mediante la articulación de un sistema eficiente de comunicación entre administraciones, empresas y centros de formación, así como valorar los costes derivados de la implantación y puesta en marcha de esta obligación y, en su caso, la compensación a las Comunidades Autónomas y Universidades y centros de trabajo.
El pasado 1 de enero de 2024 entró en vigor la DA52 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), por la que deben incluirse en el Sistema de la Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas en programas de formación (disposición incorporada por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones).
El vencimiento a 1 de enero de 2024 corresponde con la prórroga que se aprobó por Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, que modificó la fecha inicialmente prevista de su entrada en vigor el 1 de octubre de 2023. Pero su puesta en marcha, según juzga el PP, se topa con la “complejidad” del procedimiento establecido para realizar las bajas y las altas en la Seguridad Social del alumnado que realiza formación mediante prácticas en programas de formación.
El reconocimiento del derecho en favor de los estudiantes, como se ha reclamado desde el Pacto de Toledo y por los interlocutores sociales, de reconocer los periodos de prácticas como cotizados que generen sus correspondientes prestaciones, debe ir precedido de un sistema “fiable y viable” para su implantación en tiempo y forma, según la formación política de centroderecha.
Riesgo para titularse
En este sentido, cree el PP, la citada medida, que ha entrado en vigor recientemente, “puede poner en riesgo la titulación de estos alumnos, porque la inseguridad de la puesta en marcha de esta normativa en las condiciones actuales está desincentivando a las empresas e instituciones, poniendo en peligro el sistema de prácticas y el tejido productivo que conecta la Formación Profesional y las universidades con las empresas, uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, además, una de las mejores garantías de creación de empleo de calidad”.
“Esta cuestión”, agrega, “es doblemente grave en el ámbito de las zonas menos pobladas de nuestro país, donde la oferta de prácticas ya era por sí limitada”. Para el PP, la entrada en vigor de este requisito “hará que la oferta caiga aún más”, por lo que, ya en su día, solicitó con carácter urgente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria de una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación para abordar esta cuestión.
En la última Conferencia Sectorial celebrada el 13 de diciembre de 2023 y en la que se trató esta problemática, a pesar de la petición de catorce de las CCAA participantes de posponer la medida o retirarla por las dificultades administrativas y de gestión que provoca, el Gobierno “desoyó a las administraciones educativas solicitantes”, lamenta el Grupo Popular.
La única respuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al respecto fue la de asumir el 5 % de la bonificación restante y solo para este curso 2024.
De hecho, hasta la CRUE publicó un comunicado el 5 de enero de 2024 en el que, entre otras manifestaciones, se afirma que a pesar de que la citada Disposición atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, “tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que han tenido que asumir estas tareas”.
En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa. Asimismo, dice el PP, “que resulta especialmente sorprendente que hayan sido los propios ministerios dependientes del Gobierno que ha generado esta regulación y muchos organismos autonómicos los que hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones, y pone como ejemplo lo sucedido con los ministerios con competencias en Defensa, Justicia o, incluso, con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros, que se han dirigido por escrito a las universidades para solicitar el cambio de los convenios regulatorios para que sean las instituciones universitarias las que asuman toda la gestión y pago dentro del nuevo sistema”.
Valora el PP que las universidades, a pesar de sus “muchas dificultades financieras”, han asumido el coste de estas cotizaciones (unos 9 millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación) y, sobre todo, el “enorme esfuerzo” de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y “que les está obligando a incrementar sus plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar personal”.
