Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, presidente de AEPAE, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, afirma en un artículo difundido en su web que el acoso escolar es “la forma más común de violencia en la infancia y la adolescencia, y la principal causa de suicidio en estas edades”, pero, a pesar de ello, denuncia, “nada cambia”, hasta el extremo de afirmar que “el sistema sigue siendo un fraude que se protege a sí mismo y deja en absoluta indefensión a las víctimas y a sus familias”.
En este marco, fija su atención en el protocolo de actuación del sistema educativo público, lo que considera “el apéndice de este fraude institucionalizado que es el acoso escolar, y que se ha convertido -de facto- en una herramienta de protección para los colegios”.
Es en este punto que afirma que “el protocolo del sistema educativo contra el acoso escolar mata”. Y lo hace, a su juicio, empezando con que todo protocolo de actuación se corresponde con una serie de actuaciones, programadas y escalonadas que se estructuran para solucionar un problema: “Es, por tanto, reactivo”, espeta, y, en consecuencia, se pregunta: “Qué hacemos cuando algo ya ha ocurrido o está ocurriendo. Pensemos en un protocolo de incendios. Una casa se está quemando y se activan una serie de acciones para salvar vidas. De no actuar correctamente, se pueden producir graves daños materiales y personales, e incluso la muerte”.
Es en este sentido en que lamenta que un protocolo “bien elaborado no debería quedarse en lo reactivo, sino que debería hacer una correcta prevención, y una necesaria reparación del daño”.
Consecuencias legales
Pérez-Carrillo de la Cueva sostiene que los adultos que, bien por acción u omisión, estén permitiendo el acoso escolar, “deben tener consecuencias legales por vía civil y por vía penal, para que entiendan que tienen la guardia y custodia de los menores, desde que entran en el centro escolar hasta que salen del mismo. Y, lo que es más importante, que son responsables de su seguridad física, psicológica y emocional durante todo ese tiempo”.
Argumenta el presidente de la AEPAE, que el protocolo actual es un “fraude de ley por muchos motivos”. El primero, apunta, es que especifica que es confidencial, pero no especifica que debe ser así excepto para las familias de los menores implicados, que tienen derecho a saber qué actuaciones se están llevando a cabo, para cumplir con sus mismas directrices: proteger a la víctima, sancionar al victimario y sensibilizar a toda el aula.
La protección a la víctima, explica, se inicia con la vigilancia y el conocimiento de los adultos del centro -docentes y no docentes- de la situación, “y por supuesto con la sanción -preferentemente educativa antes que punitiva- al victimario, para que entienda que hay consecuencias inmediatas y firmes; y que su entorno en el aula perciba que no se permite el acoso escolar”. Pero, se lamenta, “esto no ocurre”.
“La víctima, con el daño psicológico y emocional, tiene que buscarse la atención psicológica de forma privada -si puede permitírselo- y en última instancia no tiene más remedio que cambiarse de colegio o instituto, si las circunstancias familiares lo permiten”, asegura.
Agrega que el acosador sale “impune en 9 de cada 10 casos”, y “los adultos que han permitido el acoso escolar también”. “No estoy hablando solamente del personal docente”, dice, “sino también de directores, directoras e inspección educativa, que actúan -en el 90% de los casos- con connivencia en este proceso de revictimización y maltrato institucional”.
“Esta situación de podredumbre institucional y cobardía”, deplora, “está generando que miles de niños, niñas y adolescentes en España vivan un auténtico infierno”.
Llegado a este punto, desde la AEPAE proponen cinco actuaciones para revertir la situación, paliarla o, cuando menos, mejorar los protocolos actuales. Así, reclama que se especifique en todos ellos que sean confidenciales excepto para las familias implicadas y que el alumno al que se cambie de clase sea el acosador, no la víctima.
También que, una vez confirmado el acoso escolar, se pida de forma oficial el cambio de centro del acosador, y no sea la víctima la que tenga que marcharse de su centro escolar para protegerse. De igual modo, que se especifiquen, dentro del reglamento interno del centro educativo consensuado en el Consejo Escolar, sanciones a los adultos -docentes y no docentes- que permitan, por acción u omisión, el acoso escolar.
Y, también, que se especifiquen, dentro del reglamento interno y aprobadas en el Consejo Escolar, sanciones educativas específicas al victimario, y que sean de obligado cumplimiento, más allá del permiso paterno o materno.
