El enésimo informe publicado esta semana por la asociación de colegios privados CICAE que vuelve a denunciar el cobro de cuotas a las familias por parte de la escuela concertada, cuando a su juicio eso no debería ocurrir al percibir ayuda económica estatal ha sido la causa de un nuevo cruce de acusaciones, ya recurrente, entre la escuela privada y concertada. Todo comenzó, tras el informe, con un comunicado a primera hora del principal sindicato de la concertada, FSIE. A partir de ahí se sucedieron las reacciones en cascada.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) manifiesta en una nota su «contundente oposición y rechazo» a las conclusiones de la 9ª edición del Estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados encargado y difundido ayer por la Asociación de Colegios Privados e Independientes |CICAE. En opinión de FSIE las conclusiones de este estudio «pretenden desprestigiar la educación concertada en su reiterado objetivo por abocar a las familias a elegir entre educación pública o privada, en su propio beneficio».
Como sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en España, con un 44% de representatividad en el sector, FSIE «niega» que las familias se vean obligadas por los centros a abonar cuotas para la educación de sus hijos, si bien reconoce que existen aportaciones voluntarias o donativos por parte de los padres con los que se cubren los gastos de los centros que no financian las distintas administraciones públicas.
FSIE recuerda que el sindicato lleva muchos años solicitando reiteradamente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la constitución de la comisión para el cálculo y la revisión de coste del puesto escolar en los centros concertados, tal y como se prevé tanto en la Ley Orgánica de Educación | LOE de 3 de mayo de 2006.
La, a su juicio, «financiación insuficiente» que recibe la enseñanza concertada por parte de las administraciones públicas y que, según estudios realizados en algunas CCAA, valoran el coste del puesto escolar en la concertada por debajo de la mitad que en la pública, ha sido denunciada reiteradamente por FSIE.
FSIE explica que las cuantías destinadas a los conciertos educativos son aprobadas anualmente por los Presupuestos Generales del Estado y los de las Comunidades Autónomas. Estas cuantías se concretan en tres partidas. Por un lado, los gastos de personal y seguros sociales, que se abonan a los profesores. Por otro lado, los gastos variables, que incluyen los gastos de las sustituciones y los seguros sociales y las pagas extraordinarias de antigüedad. En otra partida, los «otros gastos», que engloban los salarios del Personal de Administración y Servicios, PAS, y los gastos ordinarios de funcionamiento de los centros.
En su reciente reunión, del pasado 25 de septiembre, con el nuevo secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo y el Secretario de Acción Sindical, Enrique Ríos, volvieron a reiterarle, entre las medidas más urgentes, la continuación de los grupos de trabajo creados en el mes de julio para el estudio del coste del escolar actual en la educación concertada.
La organización sindical avala la educación concertada como modelo educativo de éxito contrastado, desde hace 40 años. Del total de alumnos no universitarios en España (8.322.694, según los datos del Ministerio de Educación para el curso 2023-24), 2.042.614 estudian en centros concertados, lo que representa un 24,54% del total y mientras que 718.115 alumnos lo hacen en centros privados, es decir, el 8,62% del total. Los resultados escolares de los centros concertados son reconocidos también en el informe PISA para el conjunto de los países de la OCDE.
CICAE responde
La denuncia del sindicato FSIE ha tenido pronta respuesta por parte de CICAE, que afirma en un comunicado que «siempre ha defendido la necesidad de que existan las tres redes educativas, pública, privada y concertada, valorando la fundamental labor social y educativa que realiza la escuela concertada, especialmente la que no tiene ánimo de lucro”.
Esto, recuerda, se ha manifestado en todas las intervenciones de la asociación, incluso está así registrado en la propia Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
Pero agrega que también “lleva tiempo denunciando” que “no es admisible la mercantilización de un importante segmento de la concertada”. Juzga CICAE que centros sostenidos con fondos públicos que, “a costa de las cuotas (obligadas en muchos casos) que reciben de las familias de los alumnos, se lucran y con ello desprestigian a la enseñanza concertada sin ánimo de lucro”.
En múltiples ocasiones CICAE ha solicitado a las administraciones “mayor contundencia” en la legislación a la hora de abordar este tema. La LOMLOE y los diferentes desarrollos autonómicos “son claros”, subraya CICAE, pues prohíben a estos centros educativos sostenidos con fondos públicos exigir cantidades a las familias por enseñanzas obligatorias, que deben ser gratuitas en cualquier centro subvencionado.
CICAE añade que “nunca pondrá en duda la necesidad de que la educación concertada esté adecuadamente financiada por la administración, pero tampoco podrá aceptar que se pueda vulnerar la ley y se exija a las familias cobros indebidos”. Por ello “niega rotundamente” la afirmación de FSIE que, opina, «acusa» a la asociación de pretender «desprestigiar la educación concertada en su reiterado objetivo por abocar a las familias a elegir entre educación pública o privada, en su propio beneficio».
“Nos sorprende que un sindicato que defiende la libertad de la enseñanza”, agrega la nota de CICAE, “asuma que se pueda vulnerar la ley y le parezca correcto que se permita hacer negocios con dinero público. Hay muchos modelos de colegios concertados dentro de la escuela concertada y es injusto para las escuelas con verdaderos fines sociales y educativos, que se las compare y equipare con la concertada mercantil”.
Mejor financiación
Un tercer agente se sumó este jueves al debate. Escuelas Católicas (EC) salió al paso de la mano de un informe que aborda la necesidad de mejorar la financiación de la enseñanza concertada.
“A pesar de que algunos siguen empeñados en falsear datos sobre la financiación de la concertada para desprestigiarla, como el ya tradicional informe anual de CICAE, Escuelas Católicas se congratula de que en las últimas semanas se prodiguen los informes que confirman necesidad urgente de que el Estado financie adecuada y justamente a la enseñanza concertada”. Así arranca el comunicado de EC que terció en la agria discusión que enfrenta desde ayer a CICAE y el sindicato FSIE.
Escuelas Católicas trae a la mesa el informe de Save the Children de la pasada semana, del que informó ÉXITO EDUCATIVO, “cuando ponía de manifiesto la urgente necesidad de corregir la infrafinanciación que afecta a los centros concertados”. Más recientemente, el pasado 11 de septiembre, la OCDE publica su informe “Education at a Glance 2024”, estudio que refleja cierto avance en inversión educativa, pero que también constata la necesidad de mejorar la financiación del sistema educativo, especialmente en lo que respecta a las escuelas concertadas.
Por último, este miércoles, OIDEL presentaba su informe, que analiza la libertad de enseñanza en 157 países. De este informe se deduce que a pesar de que la libertad de enseñanza se reconoce gradualmente en más países del mundo, año a año en España es motivo de “visceral enfrentamiento político con una infrafinanciación alarmante de la enseñanza concertada”.
Escuelas Católicas se detiene en particular en el Informe de la OCDE, que refleja que España ha aumentado su inversión en educación, destinando un 4,9% de su Producto Interior Bruto (PIB) a este sector, en línea con la media de la OCDE, lo que supone un avance con respecto a ejercicios anteriores en los que el país se situaba por debajo de dicha media. Sin embargo, este esfuerzo económico debe mantenerse y reforzarse en los próximos años para mejorar la calidad educativa y la equidad.
Uno de los datos preocupantes que destaca el informe es que el 88% del gasto en instituciones de educación Primaria en España procede de fuentes públicas, una cifra inferior al 93% de la media de la OCDE. Este dato, a juicio de EC, pone de manifiesto la “necesidad de revisar los mecanismos de financiación educativa en nuestro país, especialmente en lo que respecta a las escuelas concertadas, cuya contribución al sistema es fundamental y, en muchos casos, está insuficientemente apoyada desde el ámbito gubernamental”.
“Es inquietante observar que la financiación de las instituciones privadas varía significativamente entre países”, apunta EC. En España, las fuentes gubernamentales destinan una media de 10.736 dólares por estudiante en instituciones públicas, mientras que en las privadas se invierten 5.035 dólares, cifras que quedan por debajo de la media de la OCDE.
Desde Escuelas Católicas “insistimos en la importancia de equiparar la financiación de la escuela concertada a la pública, para garantizar la equidad y la sostenibilidad del modelo educativo. La equidad educativa entre las redes, requiere equidad en la financiación pública. En este sentido, es imprescindible la actualización del módulo de conciertos, conforme al coste real de impartición de la enseñanza”.
Nada de batallas
Por su parte, Juan Chavarri, secretario general de CECE-Madrid, trata de rebajar la temperatura o, cuando menos, aclarar una idea que pareciera sobrevolar en torno a este asunto: “No creo sea una batalla entre privada y concertada”. En CECE-M, explica a ÉXITO EDUCATIVO, “representamos a muchos centros privados y sabemos bien de sus verdaderas necesidades. Además, conviven muy bien con los centros concertados asociados”.
En este sentido, afirma que “no parece que lo que necesiten ahora los centros privados sea ‘pelearse’ contra la concertada, la pública o contra nadie”, y añade: “No pienso que sea bueno entrar en provocaciones muy interesadas que sólo quieren notoriedad para tratar de desprestigiar a un modelo educativo elegido por cientos de miles de familias”.
Concluye Chavarri expresando su esperanza en que “ojalá entendiéramos todos que este país lo que necesita es buscar más consenso, más convivencia y menos ataques, polarización, división… Solo entre todos mejoramos la educación”.
