Católicas por el derecho decidir, un grupo formado por mujeres católicas y feministas que defiende los derechos sexuales de las mujeres y el de decidir sobre la reproducción; Cristianas y cristianos de base de Madrid (CCBM), que nacieron al albur del Concilio Vaticano II, y Redes Cristianas, organización que se presenta como “una mirada alternativa sobre la Iglesia católica y la sociedad” se han sumado a medio centenar de organizaciones en una campaña que exige la supresión de la asignatura de Religión de los centros educativos, toda vez que ello parezca una contradicción.
Las organizaciones sociales, políticas y sindicales que suscriben una declaración hecha pública este mes, ‘Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela‘, entre las que destacan sindicatos como UGT y CCOO, partidos como Izquierda Republicana, FAPAS como la Miguel Virgós de Asturias o asociaciones y fundaciones como la Unión de Ateos y Librepensadores hacen un llamamiento a todos los partidos políticos, en especial a aquellos que forman parte del Gobierno de coalición, a la comunidad educativa y a la sociedad en general en favor del principio de laicidad en el sistema educativo.
El objetivo no es otro que el de “preservar la libertad de conciencia del alumnado y la no segregación por motivos ideológicos o culturales en el ámbito escolar”, afirman sus promotores.
En el marco de esta campaña, que cumple ya más de 20 años, se han llevado a cabo múltiples iniciativas, interpelaciones políticas y propuestas legislativas ante cada uno de los gobiernos de turno y ante el propio Congreso de los Diputados, “sin que las coincidencias de planteamiento con fuerzas políticas que dicen defender el principio de laicidad hayan culminado hasta ahora en normas legales capaces de garantizar la plena laicidad del sistema educativo”, se lamentan.
En ese contexto, reafirman la vigencia de la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Educación del Congreso el 22 de febrero de 2018, como consecuencia de una iniciativa de esta Campaña unitaria, instando al Gobierno a garantizar el “imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar”.
También a “denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al Gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato”.
“Lamentablemente”, se quejan los promotores de esta singular campaña, “esta Moción no fue tenida en cuenta por el Gobierno durante la pasado legislatura”, a pesar de que estaba formado por partidos de izquierda y extrema izquierda, “ni reclamada por parte de ninguno de los Grupos parlamentarios que, en su día, estando en la oposición, la aprobaron en la Comisión de Educación”.
Aprobada durante la pasada legislatura la LOMLOE, una ley que, deploran, “no recoge las recomendaciones que los propios partidos del Gobierno suscribieron en 2018”, aseguran que siguen “teniendo dudas” acerca de los contenidos y la aplicación en los centros privados concertados, en su mayoría católicos, de ideario propio en la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se impartirá en un curso de Primaria y en otro curso de Secundaria.
También manifiestan su preocupación por la aplicación de la alternativa que se está dando por parte de las diferentes Comunidades Autónomas y de los centros, a quienes no solicitan religión.
Reproches a la extrema izquierda y a la extrema derecha
“Las carencias de la política educativa del Estado, agravadas por la irrupción de la extrema derecha en determinados parlamentos y Gobiernos autonómicos, dibuja un panorama poco esperanzador: Por una parte, se acentúan procesos de mercantilización y privatización de la enseñanza, tanto por la vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Por otra parte, se sigue manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos con la misión de, además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso”, denuncian.
A todo ello, agregan, “habría que añadir la entrada, cada vez mayor, en los centros públicos, de representantes de religiones minoritarias, también con el propósito de hacer proselitismo. Ciertamente, nos preocupa la irrupción de la extrema derecha en el ámbito autonómico y municipal, pero no nos parece menos preocupante que los recientes acuerdos del gobierno de coalición sigan sin avanzar hacia la extensión de una escuela pública y plenamente laica”.
A su juicio, todo ello conlleva un “doble grave perjuicio” para el alumnado que, por un lado, es segregado por motivos ideológicos desde edades muy tempranas, “nada más y nada menos que desde los tres años”, “vulnerando diversos convenios de la Infancia, a lo que se añade la segregación por motivos económicos y sociales consecuencia de las políticas de privatización”.
