La Comisión de Educación y Formación Profesional debatió este viernes, desde las 9,30 horas y hasta casi entrada la noche, el informe de la ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y las enmiendas al articulado no incorporadas para emitir dictamen. Entre lo que estaba previsto, la supresión del idioma español como lengua vehicular de la educación y relegar a un segundo la asignatura de Religión.
El dictamen de la Comisión, que fue seguido de cerca por la mañana por un grupo de manifestantes a las puertas del Congreso, se eleva ahora elevado al Pleno de la Cámara Baja que, dado el carácter orgánico de la propuesta, deberá realizar una votación de conjunto en la que el texto necesita la mayoría absoluta de la Cámara Baja para continuar su tramitación en el Senado. Será la semana que viene.
La iniciativa, conocida como LOMLOE, fue aprobado por el Consejo de Ministros del 3 de marzo, y tiene como objetivo la derogación de la LOMCE y la actualización de la LOE a través, asegura el Ministerio, de cinco pilares: la toma de los derechos de la infancia como principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989); la igualdad de género y la prevención de la violencia de género; la mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje; la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030; y la necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.
El texto elaborado por el Ejecutivo presenta una reorganización del sistema educativo. Así, la Enseñanza Primaria volvería a ordenarse en tres ciclos, se eliminaría la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria, las pruebas finales de etapa y la obligatoriedad de cursar una asignatura equivalente a religión. De igual forma, se presenta una flexibilización de los itinerarios de la Formación Profesional, para potenciar esta opción entre los estudiantes.
El proyecto de ley orgánica se sometió al debate de totalidad el 17 de junio, cuando el Pleno del Congreso rechazó las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los G.P. Popular, VOX y Ciudadanos, y se remitió a la Comisión de Educación y Formación Profesional, donde se constituyó la ponencia para estudiar el proyecto de ley y las más de 1.100 enmiendas al articulado presentadas, de las que en las cinco sesiones celebradas por la ponencia han sido incorporadas las que se detallan al comienzo del informe.
Entre las modificaciones acordadas en la fase de ponencia figuran medidas relacionadas con la oferta de plazas públicas en la educación infantil, la educación para la salud y en igualdad de género, las lenguas cooficiales, o la promoción de curso en la etapa de educación secundaria obligatoria, entre otras.
En referencia a la lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal, se modifica el punto 1 de la disposición adicional trigésima octava, cuya nueva redacción establece que «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».
Se establece, asimismo, que «en el área Lengua propia y Literatura en aquellas comunidades autónomas que posean dicha lengua propia con carácter oficial, podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones previstas en la normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Propia y Literatura recibirá el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen garantizando, en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales».
Educación pública y educación concertada y privada
En lo que respecta a los centros docentes, regulados en el título IV de la ley, se modifica el artículo 109, que hace referencia a la programación de la red de centros, por el cual las «administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública«.
La reforma prevé que los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.
Las modificaciones determinan, por otro lado, que las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas y establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los servicios escolares. Además, supervisarán el cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo.
