El problema de las bandas juveniles ha cobrado protagonismo en las últimas semanas por varios sucesos ocurridos en la Comunidad de Madrid y un estudio publicado la semana pasada que ha generado gran controversia. Como posible solución a este tipo de problemas, sobre todo en el ámbito escolar y tal y como nos adelantaba la Consejería de Educación la semana pasada, los 2.000 centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid van a recibir los protocolos de prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles violentos y sobre el consumo de drogas en los centros educativos de la región. Estos protocolos son de obligado cumplimiento por todos los centros que reciben fondos de la administración.
Nueva prioridad
Durante la presentación de estos protocolos, realizada al alimón por el vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el primero ha subrayado que la lacra de las bandas juveniles o grupos juveniles violentos no figura habitualmente entre las prioridades de la agenda política y mediática y eso “tiene que cambiar”.
El objetivo de esta iniciativa es crear y consolidar una cultura de buen clima escolar a través de la sensibilización, la formación y por medio de la implicación activa de toda la comunidad educativa. Para ello, se trabajará en tres niveles: la prevención, la detección y la intervención, y dentro de cada uno de ellos habrá una serie de ejes de actuación.
Secuencia de aplicación
Los dos protocolos se activarán siguiendo varias fases claramente definidas: primero, el centro notificará los hechos que pueden ser indicio del problema; después se recogerá información y se realizarán entrevistas con la familia, el alumno, o sus compañeros; a continuación se celebrará una reunión para analizar la situación, y tomar una resolución sobre la apertura de un Plan de Intervención en caso necesario; seguidamente se establecerá comunicación con la familia y se pedirá autorización para derivar al alumno a servicios externos y, por último, se enviará el expediente a la Dirección de Área Territorial correspondiente y a la Unidad de Convivencia.
Los protocolos incluyen pautas concretas sobre cómo responder ante los casos sospechosos, tanto de pertenencia a bandas como del consumo de drogas. También incluyen una serie de señales de alarma para que a los equipos directivos y a los profesores y maestros les resulte más fácil descubrirlos. Ossorio ha resaltado que estos protocolos tienen un diseño muy parecido, porque no son tan diferentes en lo referido a su detección y abordaje.
Con estos protocolos los equipos docentes cuentan con un cauce seguro y adecuado para actuar, con el pleno respaldo de la Consejería. Su contenido permitirá abordar de forma individualizada cada caso en el que se sospeche que el alumno puede estar en riesgo y, a la vez, calibrar la magnitud del problema en cada centro.
Además, hay que señalar que estarán a disposición de los colegios privados a través de la web de la Comunidad de Madrid, para que puedan adaptarlos y sumarse a sus indicaciones.
Actuaciones preventivas
Entre las tareas preventivas en estas materias que realiza la Comunidad desde hace años figuran los más de 100 talleres realizados para que los alumnos distingan el origen de los conflictos. También se han llevado a cabo cursos en 14 centros educativos durante junio de este año con la colaboración de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. En total, el pasado curso se realizaron 16.071 actividades en 1.638 colegios e institutos dentro del Plan Director.
Este otoño está previsto realizar charlas para prevenir el consumo de sustancias estupefacientes en las que estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional podrán analizar, reflexionar y compartir la tendencia que existe de quitarle importancia a estos hábitos.
En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid se está desarrollando un modelo de prevención al que ya se han apuntado más de 100 centros y cerca de 10.000 escolares a partir de 3º de ESO. En él se abordan temas como el uso de alcohol y otros narcóticos o el abuso de las pantallas, las redes sociales o los videojuegos.
Seguridad jurídica
Por su parte, el consejero López ha destacado que los nuevos protocolos persiguen evitar, prevenir y detectar la integración de menores en las bandas, así como su entrada en el mundo de las adicciones, “sean del tipo que sean, pero con un especial énfasis en el consumo de sustancias ilegales”.
Los consejeros del Gobierno madrileño han destacado el asesoramiento técnico de sus departamentos para articular estos protocolos y dotarlos de la seguridad jurídica necesaria. Esta colaboración, han remarcado, era una premisa imprescindible para poder ser eficientes en la lucha contra fenómenos tan complejos como estos, donde confluyen la necesidad de prevenir la comisión de delitos, de proteger a los jóvenes y de evitar que cunda la alarma social.
López ha subrayado también la información específica que se está proporcionando a las Policías Locales a través del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (IFISE). Así, por ejemplo, el pasado mes de febrero, los agentes participaron en el curso Maras, bandas juveniles y seguridad ciudadana, que contó entre sus docentes con expertos del Gobierno de Guatemala.
