En Costa Rica, casi un 90% de las personas en condición de discapacidad tiene acceso a servicios de salud, pero con respecto a la educación y al trabajo de calidad los números no son alentadores, según informa UDUAL Noticias.
Aunque, en materia de empleo, la política institucional de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley #8862, obliga al Estado a reservar un 5 % de las plazas vacantes, la realidad es que la mayoría trabaja en el sector privado. Y, en lo educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis), que calcula ese segmento de población en 670.000 personas, solo el 28 % se gradúa de secundaria.
Sobre esta cuestión, Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó “que persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un ‘problema’, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
De la población en situación de discapacidad la mayoría son mujeres, un 61 %. “Si a eso se le agregan otros aspectos como ser indígena, no asistir a centros educativos y vivir en zona rurales, entre otros, se logra una suma de vulnerabilidades”, acotó Mónica Mata Soto, integrante del equipo coordinador del Programa de Cursos Libres de Capacitación Laboral (Procala), un proyecto de acción social coordinado por el Proin. Sin embargo, el desafío para el diseño de políticas públicas para lograr la inclusión social radica en la ausencia de datos que revelen las verdaderas condiciones de vida de esta población, criticó Mata.
El sistema educativo como problema
Mata puso énfasis al afirmar que una de las principales barreras para lograr la inclusión laboral es el sistema educativo. “En el Proin partimos de una realidad que es la preparación en cuanto a lectoescritura, porque antes de hablar de derecho al trabajo digno, lo primero es discutir sobre educación de calidad, ya que al existir un alto porcentaje de exclusión no solo se violenta ese derecho, sino que se limita su autonomía y se fomenta la dependencia”, agregó.
Además, si bien algunos empleadores se han propuesto abrir plazas persisten las barreras actitudinales, como por ejemplo, “la falta concienciación de parte de la mayoría las empresas porque consideran que incluir a una persona con discapacidad va a generar muchos costos, y muchas veces lo único que se necesita son pequeños ajustes en el mobiliario o los sistemas de cómputo, por ejemplo. También, al no tener la oportunidad de interactuar con ellos se cree que son incapaces de aprender, de comprender instrucciones y cumplir con las funciones asignadas”, detalló Mata.
Algunas personas solo requieren mejorar sus habilidades de lectoescritura, e incluso entre quienes son usuarios de sillas de ruedas que no tengan oralidad se puede lograr su empleabilidad. “Todo está mediado por las ganas del empleador de apoyar y aprender de dichas personas, no solamente ellos reciben una oportunidad laboral, más bien como empresa están garantizando un nuevo aprendizaje a sus colaboradores”, aseguró la especialista.
Mata remarcó que durante la pandemia el 80% de las personas con discapacidades perdieron sus trabajos, ya que se consideró que sus labores no calificaron como prioritarias, y también en parte a que muchos carecían de formación en los entornos laborales virtuales.
