El sindicato CSIF se congratula de que el Senado acepte su propuesta para reducir el horario lectivo al profesorado de manera homogénea en todo el Estado Español.
El Senado ha dado su visto bueno a una redacción ya planteada por el sindicato y otras organizaciones en el Consejo Escolar de Estado. De tal manera que ha quedado redactado así: “Sin perjuicio de las competencias en materia educativa que corresponden a las distintas Administraciones educativas, para el personal docente que imparta enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos, se establece con carácter general la parte lectiva de la jornada semanal en 23 horas en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y en 18 horas en los centros que impartan el resto de las enseñanzas de régimen general reguladas por la citada Ley Orgánica”.
Desde este sindicato piden al Congreso de los Diputados que siga trabajando en esta línea para que el Proyecto de Ley que se está tramitando derogue todos los aspectos que habían sido implantados por la crisis económica.
El Proyecto de Ley que, bajo el título de ‘Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria’, modificaba los artículos relativos las ratios y las sustituciones. En el caso del horario lectivo, si bien derogaba el mínimo establecido por éste de 25 y 21 para Primaria y Secundaria respectivamente, no marcaba ningún número determinado de horas, dejando todo en manos de las Comunidades Autónomas. En concreto, el texto fue el siguiente: “Las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos.”
CSIF criticó esta medida de manera tajante, pues implicaba una desigualdad evidente de las condiciones laborales de los docentes, con el peligro añadido de que, al no contar con norma básica, una Comunidad podía subir éste de manera indiscriminada y además atentaba contra la igualdad de trato que nuestro alumnado tiene que tener para el ejercicio de su derecho a la educación, tal y como marca la Constitución. En ella se otorga al Gobierno central la competencia exclusiva para velar por esta igualdad y el Ministerio pretendía con esta norma eludir dicha responsabilidad.
