La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) planteará en su III congreso nacional de Educación, que se celebra en Valladolid este martes y miércoles, 7 y 8 de mayo, la convocatoria de movilizaciones en toda España para obligar al Gobierno a que “salga de su parálisis e impulse las reformas estructurales que necesita nuestro sistema educativo y aporte estabilidad impulsando un Pacto de Estado”.
Las comunidades autónomas, por su parte, denuncia el sindicato, “también se han contagiado de este inmovilismo y se escudan en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para revertir los refuerzos de medios y personal implantados durante la pandemia e incumplir sus compromisos en materia educativa”.
Esta situación ya está generando movilizaciones en diferentes comunidades autónomas de distinto signo político, como Madrid, donde hay convocada una huelga de docentes para este miércoles 8 de mayo, en Andalucía, Comunidad Valenciana o Asturias.
CSIF analizará esta situación durante su III congreso nacional de Educación y debatirá las reformas estructurales que necesita, a su juicio, el sistema educativo ante la situación política, la “inestabilidad parlamentaria” y la “inacción tanto del Ejecutivo como de las comunidades autónomas”.
De entrada, la prórroga de los Presupuestos Generales, lamenta el sindicato, ha provocado un parón en la negociación de reformas -incluyendo el Estatuto del Docente– y ha frenado el plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora anunciado por el Gobierno en enero.
Mientras tanto el personal docente sigue “sobrepasado por exceso de burocracia, falta de financiación, pérdida retributiva (un 6 por ciento menos en los dos últimos años tras el acuerdo firmado entre el Gobierno, CCOO y UGT) y un exceso de niños por clase”.
Así, todavía siguen vigente las ratios de la LOGSE de 1990 (25 niños en primaria, 30 en secundaria y 35 en la ESO) y las comunidades autónomas están “revirtiendo de manera progresiva” los refuerzos implantados en pandemia, pese a las promesas tanto de autonomías como del Gobierno central de reducir la proporción de alumnos por clase.
De esta manera, de acuerdo con sus datos, la tasa de interinidad en el profesorado todavía roza el 25 por ciento y hay un “déficit de plantilla” de 43.700 docentes, como consecuencia del recorte en las ratios. Por su parte, las oposiciones para docentes convocadas para finales de junio “tampoco contribuirán a descongestionar la situación por la disparidad de criterios (algunas son de estabilización y otras de reposición)”, recuerda CSIF. En cualquier caso, el sindicato avisa de que no se cumplirá el objetivo de llegar al 8 por ciento de interinidad a 31 de diciembre.
Por otro lado, los docentes “padecen la falta de autoridad en las aulas, con situaciones de amenazas y agresiones, con situaciones de conflicto inaceptables en nuestras aulas”.
La Universidad, igual de mal
La situación “tampoco ha mejorado” en la universidad pública más de un año después de la entrada en vigor de la ley de Universidades: “falta financiación para renovar y estabilizar las plantillas, y seguimos sin Estatuto de Personal Docente e Investigador (EPDI)”.
Las propuestas de CSIF, con carácter general, son un pacto educativo que “aleje a la educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema”; mejora de la inversión educativa, que alcance el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea; mejora de las condiciones laborales del profesorado y reversión de los recortes; refuerzo de las plantillas y reducción de las ratios; reconocimiento social y profesional del profesorado y regulación de un Estatuto docente; modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente; reforma del concurso general de traslados para facilitar la movilidad del profesorado en el territorio español; normativa educativa a partir de criterios profesionales y pedagógicos que mejore la calidad de la educación y acceso a la universidad con prueba única.