La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús ante la situación que atraviesa la Universidad Centroamericana UCA de Managua, afirma en un comunicado oficial que son “totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones” en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como “Centro de terrorismo”.
En la iniciativa judicial, respaldada por el Gobierno que preside el izquierdista Daniel Ortega, se le imputa a la UCA también de haber “traicionado la confianza del pueblo nicaragüense” y de “haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país”, lo que niega tajante la Compañía.
La confiscación de facto a la UCA es, afirma la Compañía en su comunicado, “el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)”.
Añade que la prestigiosa labor docente e investigativa ejercida por la Universidad durante sus 63 años de existencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente, se ha realizado conforme la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Iglesia católica.
Para la Compañía, esta “nueva agresión gubernamental” en contra de la Universidad no es un hecho aislado, pues “forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”.
“A partir de abril de 2018, como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA”, relata el comunicado, “ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses, expresados en mecanismos como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento de parte del Ministerio de Gobernación, Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU); este último, excluyéndola de las universidades miembros de este órgano beneficiarias del 6% destinado a la educación superior”.
Se trata, añade, de una política gubernamental que “está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”. Por ello, urge a que “se le permita a nuestra Universidad ejercer su derecho irrenunciable a la legítima defensa en contra de dichas acusaciones”.
Concluye la Compañía responsabilizando al Gobierno de Nicaragua “de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores de la Universidad y del patrimonio cultural de dicho país que se deriven de semejante acusación injustificada y de la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua”.
Por ello, solicita al Ejecutivo que preside Ortega que “sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial, cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes y se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra”.
