La bautizada como Marcha Federal Universitaria, programada para este martes en Argentina, surge como una manifestación nacional en respuesta la reducción de financiación de la educación superior pública por parte del gobierno de Javier Milei y la necesidad de aumentar la partida presupuestaria para el funcionamiento adecuado de las universidades durante el ciclo lectivo universitario 2024.
El contexto político actual revela la decisión de Javier Milei de mantener el presupuesto para la educación superior en los mismos niveles del año anterior, a pesar de una inflación interanual del 276%, lo cual ha llevado a muchas universidades a declarar emergencia presupuestaria.
El Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado el 9 de abril de 2024, destacando la “difícil” situación económica y financiera que enfrenta el sistema universitario público argentino.
Se subrayan diversos problemas, como la falta de acuerdos paritarios, el deterioro del sistema científico y tecnológico, y la suspensión de obras de infraestructura. En respuesta, se convoca a una gran manifestación nacional el 23 de abril en Buenos Aires para defender la educación y el sistema universitario público.
El conflicto entre el gobierno y el sector universitario ha ido intensificándose en las semanas previas a la Marcha, especialmente debido a las discrepancias en torno al presupuesto asignado y las demandas del sector por una actualización. A medida que crecía el conflicto, la marcha convocada ganó apoyo popular y atrajo la participación de diversos sectores, incluyendo universidades privadas.
El evento principal de la Marcha está programado para iniciar el 23 de abril a las 15:30 (hora local de Buenos Aires) frente al Congreso de la Nación Argentina, para luego dirigirse hacia la Plaza de Mayo y concluir frente a la Casa Rosada a las 18:00 horas, donde se realizará la lectura de un documento conjunto.
Entre quienes se han sumado a la marcha se encuentran universidades nacionales, la comunidad científica, organizaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, legisladores de diversos partidos políticos, así como centros educativos secundarios y terciarios, además de las tres centrales obreras: CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores.
