La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid. La norma se publicará en el BOCM en los próximos días y por tanto estará operativa ya para este curso.
Según una nota de la consejería de Educación, esta ley “garantiza los pilares básicos del sistema educativo madrileño frente a la amenaza que supone la implantación de la estatal LOMLOE”.
Estudiantes con necesidades educativas especiales
La consejería destaca que uno de los objetivos más importantes de la nueva Ley es “la inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el sistema para estudiantes con necesidades educativas especiales”. La escolarización será “en centros ordinarios, aulas específicas de educación especial en ordinarios, centros de Educación Especial, en los que este curso hay cerca de 6.000 estudiantes, o educación combinada”. La Administración se compromete a dotar a este alumnado de los recursos humanos y materiales necesarios, impulsando la formación del profesorado junto con la investigación e innovación y promoviendo la implicación de las familias.
Libertad de elección
También se contrapone la libertad de elección de centro de esta norma, “a la Ley estatal que antepone la proximidad al domicilio de los padres como criterio principal de admisión”. Para el curso 2022/23, la Comunidad de Madrid ya ha adaptado al nuevo sistema de puntuación los diferentes criterios indicados en la LOMLOE, pero mantiene en vigor la zona única en cada municipio y ha primado otras circunstancias, como el tener hermanos en el mismo colegio o el agrupamiento familiar.
La consejería recuerda que se mantiene la zona única, «una de las señas de identidad de la Educación madrileña puesta en marcha en 2013/14. Este curso el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años”.
Educación concertada
La Ley Maestra de la Comunidad de Madrid mantiene el criterio de la demanda social, suprimido en la LOMLOE, lo que, en opinión del gobierno regional, ponía en peligro “la libertad de elección de las familias madrileñas”. Además, recuerda que en 2020, el gobierno del PP decidió ampliar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos “para aportar mayor seguridad y tranquilidad a las familias que optan por ella”.
La nueva norma permite además convocar concursos públicos para la construcción y gestión de colegios concertados sobre suelo público dotacional. El Ejecutivo autonómico se muestra dispuesto a colaborar con los ayuntamientos para garantizar la libertad de elección de la educación ya sea en centros públicos, privados o concertados.
Según reza el texto de la ley «la existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados sostenidos con fondos públicos, permite conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación».
En Madrid el 56% de las familias madrileñas elige para sus hijos centros educativos públicos (674.000 alumnos); el 29% opta por concertados (364.000), y el 15% restante escoge privados (195.000).
El gobierno se compromete a «promover la gratuidad progresiva en las etapas no obligatorias». Se responde así a una de las exigencias de Vox que ha hecho bandera de la gratuidad en la Educación Infantil, el Bachillerato y la Formación Profesional.
Esfuerzo y pruebas externas
Según el consejero de Educación, Enrique Ossorio, “frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos, la Ley Maestra apuesta por el esfuerzo para lo que promueve la realización de pruebas externas que fomenten la calidad”, añadiendo que la Ley Maestra garantiza el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España ahondando en la aplicación de actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.
Visiones contrapuestas
En un mensaje en Twitter, la presidente regional, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que “aprobamos la Ley Maestra de Libertad Educativa para proteger la elección de las familias, blindamos la concertada y la especial y garantizamos la calidad frente al aprobado general del Gobierno socialista. Libertad, calidad e igualdad de oportunidades para los alumnos”.
Por su parte Enrique Ossorio ha asegurado que la Ley Maestra “es la manera de proteger los principios que han hecho que el sistema educativo madrileño sea un éxito”.
En su intervención en el pleno, en nombre de Unidas Podemos el diputado Agustín Moreno ha negado que la LOMLOE suprima la educación concertada ni se cargue el castellano. “Si hay alguna amenaza al castellano, ha dicho, es el programa bilingüe«. También acusado al ejecutivo de Ayuso de apoyar los conciertos educativos «que hacen negocio con la educación» y de «financiar a empresas que segregan por sexo».
La diputada socialista Marta Bernando ha insistido en este argumento, afirmando que «la derecha y la ultraderecha siguen en la segregación«, y ha advertido que la Ley Maestra nunca podrá estar por encima de la LOMLOE, por lo que nada va a cambiar. Para la diputada, el objeto de la ley «no es otro que el choque frontal con la democracia».
Antonio Sánchez diputado de Más Madrid ha dicho que con esta norma llegaba “el fin del reinado de la educación pública en la Comunidad de Madrid«, y lamentaba que no se hablae de bajar las ratios o de acabar con la «segregación». Y ha criticado la elección del nombre porque «están en contra de todo tipo de libertad».
«Ningún español tendrá más cobertura educativa que un madrileño», ha asegurado el diputado de Vox Jaime de Berenguer, porque se garantizan las etapas no obligatorias. «No es un asalto a la Educación Pública, ha añadido, todo lo contrario. Los derechos no los tienen las instituciones, son de los ciudadanos”.
Por último, la diputada popular Lorena Heras ha recordado que esta ley es una promesa electoral de Isabel Díaz Ayuso que recibió el respaldo de miles de madrileños en las elecciones de mayo pasado y ha reconocido que se trata de una respuesta al «ataque a la libertad y la calidad de la ley Celaá».
