A partir de este curso, los colegios concertados en Madrid que se expandan para ofrecer etapas educativas no obligatorias, como Infantil, Formación Profesional o Bachillerato en régimen privado, deberán pagar una tasa por ocupar parcelas públicas, según información del diario El País, obtenida del Gobierno regional en cumplimiento de la ley de transparencia.
Es de todos conocido que la Comunidad de Madrid abandera en España la educación concertada. En la última legislatura, la apuesta por los conciertos educativos ha sido revitalizada, tras un periodo de estancamiento en la construcción de nuevos centros durante los mandatos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Sin embargo, la introducción de esta nueva tasa señala un cambio en la forma en que se gestionarán las futuras expansiones de la oferta educativa en estos centros.
Tradicionalmente, los centros concertados en Madrid han sido beneficiarios de cesiones de terrenos públicos sin coste, lo que les ha permitido desarrollar su infraestructura y aumentar su oferta educativa sin asumir los gastos asociados a la adquisición del suelo.
Este modelo ha beneficiado especialmente a las empresas concesionarias, por medio de la entrada de alumnos a través de becas de Educación Infantil, la continuidad de estos estudiantes en etapas concertadas con ayuda financiera para el Bachillerato, y la oferta de enseñanzas privadas puras en etapas no obligatorias.
Con la introducción de esta tasa, la Comunidad de Madrid busca regular y monetizar la expansión de la oferta educativa privada en terrenos públicos. La medida, detallada en dicha respuesta a la solicitud de información por parte de El País, establece que los centros concertados que quieran ampliar su oferta educativa en régimen privado deberán pagar una tasa por el «aprovechamiento de bienes de dominio público». Este cambio afecta directamente a los centros construidos sobre terrenos públicos, como el colegio concertado en Villa de Vallecas del grupo GSD Gredos, que será uno de los primeros en experimentar esta nueva normativa.
Según los pliegos de condiciones de los últimos concursos licitados para construir colegios privados concertados en Madrid, se especifica que cualquier ampliación de la oferta educativa no obligatoria requerirá una revisión del establecimiento de una tasa por la ocupación de suelo público.
Este ajuste no solo introduce una nueva fuente de ingresos para la Comunidad, sino que también podría disuadir a algunos centros de ampliar su oferta educativa en régimen privado, especialmente en áreas no obligatorias como la Formación Profesional o el Bachillerato.
Impacto en la concertada
El impacto de esta nueva política podría particularmente significativo para los grupos educativos que operan en la Comunidad de Madrid. El grupo GSD, que gestiona varios centros en la región, ha confirmado al rotativo madrileño que está al tanto de esta novedad y está a la espera de que la Administración determine el monto de la tasa para el curso 2024-2025.
Mientras tanto, otros grandes grupos educativos, como Educare, también han reconocido la medida, aunque sin emitir opiniones al respecto, considerándola un criterio propio de la Comunidad de Madrid.
La medida afectará principalmente a las etapas educativas no obligatorias, lo que significa que los centros que ofrezcan Infantil, Bachillerato o Formación Profesional Superior en régimen privado tendrán que calcular cómo esta nueva tasa podría afectar su estructura de costos y precios. Aunque todavía no se han publicado cifras exactas sobre el monto de estas tasas, la «falta de claridad», según cuenta el el diario El País, podría generar incertidumbre entre los operadores de centros concertados y las familias que dependen de estos servicios educativos.
El modelo de cesión de terrenos públicos en Madrid ha sido uno de los pilares del crecimiento de la educación concertada en la región. A través de este modelo, el Ayuntamiento de Madrid, bajo la administración de José Luis Martínez-Almeida, su alcalde, ha cedido terrenos públicos a la Comunidad de Madrid, que a su vez organiza concursos públicos para adjudicar la construcción y gestión de centros concertados a empresas privadas. Este proceso permite que los terrenos públicos, valorados en decenas de millones de euros, sean explotados por empresas durante 40 años, con la posibilidad de prorrogar este plazo hasta 75 años.
Este enfoque, se cuenta en la noticia avanzada por el diario, ha sido criticado por algunos sectores, que argumentan que representa una forma de esquivar la ley estatal de educación, la cual prohíbe a los municipios ceder terrenos públicos para construir centros privados concertados. Sin embargo, como las comunidades autónomas no están sujetas a esta restricción, la Comunidad de Madrid, se subraya en la información, ha utilizado esta vía para continuar desarrollando la oferta de educación concertada en la región.
Los pliegos de los concursos recientes, como los de Valdebebas, Vallecas y El Cañaveral, reflejan este enfoque, pero con la inclusión de la nueva cláusula que permite el cobro de una tasa por la ampliación de la oferta educativa en régimen privado. Esta adición marca un cambio respecto a las políticas anteriores, donde las concesiones se otorgaban sin exigir compensaciones adicionales por la expansión de la oferta educativa.
Este ajuste podría tener implicaciones a largo plazo para el modelo de educación concertada en Madrid. Por un lado, podría generar nuevos ingresos para la Comunidad, que podrían reinvertirse en la mejora de la educación pública o en otros servicios sociales. Por otro lado, podría hacer que algunos operadores reconsideren sus planes de expansión, especialmente en un entorno donde los márgenes de beneficio ya están siendo presionados por otros factores económicos.
