Con carácter general, el uso de herramientas y procesos de innovación pública en el diseño de políticas educativas es «escaso», según concluye el informe ‘Innovación pública en el diseño de políticas educativas. Hacia un sistema educativo innovador‘, elaborado por la Fundación COTEC y Red2Red.
Un análisis que profundiza aún más al señalar la posibilidad de que el «desconocimiento» por parte de los gestores públicos de dichas herramientas, «unido a la potencial polarización ideológica» de las políticas educativas, así como la «falta de una sistematización y cultura de evaluación» en el ámbito educativo, impacten negativamente en el uso de estas herramientas.
Explica el informe que la incorporación de evidencias y los procesos de participación son los dos procesos de innovación pública más utilizados en el diseño de políticas educativas. Respecto al uso de evidencias, según los analistas, parece que hay una tendencia a hacer un uso consultivo de las mismas -se revisan datos y resultados avalados por la investigación científca-, pero, por desgracia, «no se produce una transferencia clara en el diseño de políticas».
Sin embargo, agrega el informe, los procesos de participación si tienen un papel más claro y directo. La multiplicidad de agentes que intervienen en el contexto educativo, hace habitual la utilización de dinámicas de co-creación y trabajo cooperativo entre los diferentes actores. «Así lo vemos no solo en el eje de incorporación de evidencias y experimentación, sino también en el de innovaciones de testeo y adquisición de soluciones, especialmente en los testsbeds, donde ese proceso de trabajo junto con el usuario -profesorado y alumnos-, es clave en el diseño final de los productos», se apunta.
En cualquier caso, en el informe se señala que el uso de herramientas de innovación pública está «más centrado en el diseño de programas específicos que en el desarrollo de las grandes reformas del sistema». Se manifiesta, así, una tendencia a utilizar estas herramientas desde una perspectiva «un tanto experimental, limitándolas a pequeñas iniciativas concretas en lugar de políticas públicas más transversales».
Esta tendencia se refuerza si se analiza la repercusión e incidencia de los casos estudiados para la elaboración del informe, ya que, apunta, «en pocos de ellos se produce el escalado de pilotos, RCT, o similares, impactando negativamente en la sostenibilidad de los proyectos (acaba el programa, y no continúa la política implementada).
Por otra parte, en el ámbito de la experimentación, se percibe una «mayor tendencia» a desarrollar pilotos, aunque es menos frecuente hacerlo desde el marco de los ensayos aleatorizados, lo que «puede disminuir la rigurosidad y calidad de resultados en la evaluación de impacto».
Las tres áreas de menor presencia en el diseño de políticas educativas, y que parece que son más complejas de adoptar arrancan por la Compra Pública de Innovación, donde el uso de innovación de testeo y adquisición de soluciones parece estar centrado fundamentalmente en testbeds.
Los proyectos de CPI en el ámbito educativo son «muy escasos», como prueba el que solo se ha detectado uno y de reciente puesta en marcha. Su «escasa» aplicación contrasta, no obstante, con el enorme potencial que esta herramienta tiene en algo tan relevante en el sistema educativo actual como es su digitalización.
La segunda área es la de Economía del comportamiento. Entendiendo la acción educativa como una actividad eminentemente humana, la economía del comportamiento ofrece un espacio de experimentación con un «enorme potencial» no solo para identificar sesgos y elementos relevantes que pueden influir en la implementación de políticas públicas, sino también como herramientas de modificación de la práctica educativa – a través de los nudges o incentivos-, subrayan los analistas.
Por último, se han identificado «escasos casos» de innovación organizativa y jurídica, «lo que evidencia una escasa tendencia a la reforma interna de las propias administraciones públicas!. Este eje de innovación publica implica transformaciones en la estructura de la organización, sus procedimientos internos, o marcos regulatorios; pero la complejidad para llevarlo a cabo es evidente, y entre los múltiples que pueden dificultar su desarrollo está «la cultura profesional del sector público, más reticente a los cambios estructurales«.
Los autores del informe lamentan que los sandbox regulatorios, una herramienta que posibilitaría una primera aproximación a esta situación, minimizando los posibles conflictos, «no tiene apenas presencia en el desarrollo de las políticas educativas». Sin embargo, advierte, su puesta en marcha permitiría a la administración educativa, por un lado, el pilotaje de iniciativas, y por otro, ‘aprender’ desde un punto de vista regulatorio.
Así, políticas como el incremento de la autonomía de los centros educativos y la capacidad de decisión de sus equipos directivos, la introducción de nuevos modelos de gobernanza, la mejora de los sistemas de selección del profesorado, o el diseño de sistemas de evaluación, acreditación e incentivos docentes, «son ámbito que podrían beneficiarse significativamente con esta aproximación».
Respecto a los resultados obtenidos en el informe, la información disponible es «dispersa, poco sistematizada, y suele ser de naturaleza descriptiva» (buenas prácticas y experiencias). Se evidencian procesos de evaluación «poco rigurosos» de las iniciativas, lo que dificulta, una vez más, su sostenibilidad. La creación de redes está entre los “productos finales” más frecuentes, pero es habitual no identificar de manera clara el objetivo de las mismas, su continuidad y los resultados derivados de esta interacción, concluye el trabajo.
