El fuego se desataba con las declaraciones del cardenal Juan José Omella, presidente de la Confederación Episcopal Española, en su discurso de apertura de la Plenaria de los obispos españoles cuando se preguntaba si «¿no podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la Administración competente?». Desde ese momento, la reflexión del cardenal servía para rasgarse las vestiduras a unos, por ir supuestamente en contra de la línea defendida por Escuelas Católicas en defensa del modelo de enseñanza concertada; y a frotarse las manos a los que defienden la desaparición de este sistema de financiación.
Más allá de las polémicas, Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, en declaraciones a ÉXITO EDUCATIVO ha agradecido al cardenal «abordar la infrafinanciación de la enseñanza concertada«, una cuestión que «nos preocupa enormemente como representantes de cercar de 2.000 centros educativos concertados». Para Escuelas Católicas «parece razonable que se plantee la necesidad de una financiación justa y equilibrada de los centros educativos que permita a cualquier familia la elección del centro que desee para sus hijos, “sin verse penalizadas”, como ha destacado el presidente de la CEE, Juan José Omella».
Sin embargo, Escuelas Católicas sí plantea sus dudas sobre el concepto de cheque escolar pues supone, a su juicio, «graves inconvenientes» principalmente por tres razones. En primer lugar, «al ser consustancial la fijación libre de los precios, y dado que los fondos públicos son limitados, solo sería gratuito el centro cuyo precio coincidiese con el importe del cheque«, lo que provocaría a juicio de los religiosos «la separación de los escolares por la capacidad económica de sus familias, y quedando supeditada la libertad de elección a través de la política de precios». De esta manera, «el cheque no garantiza la gratuidad de la enseñanza básica, desviándose del Artículo 27 de la Constitución.»
En segundo lugar, Huerta esgrime un argumento económico pues «el módulo de coste no es el “puesto” escolar, sino la “unidad” escolar (aula), y que dicho coste es el mismo con independencia del número de alumnos por unidad».
En tercer lugar, los centros religiosos ven una cuestión discriminatoria en el cheque escolar, especialmente en zonas no urbanas y en familias con Necesidades Educativas Especiales (NEE) pues «eliminaría en los centros los valores de equidad y cohesión; y castigaría a los centros e instituciones más volcadas en la atención a los desfavorecidos».
Por todo ello, el secretario general de Escuelas Católicas concluye conciliador que «esta medida que ahora se pone sobre la mesa como una opción más a valorar, no debe alejarnos del verdadero problema que supone la falta de financiación de nuestros centros y de la necesidad de buscar la mejor solución al mismo». Finalmente, Huerta, deja clara la firme defensa del modelo concertado al considerarlo «un medio eficaz para llevar a efecto el derecho de los padres a la elección de centro, si bien, con una adecuada cuantía que no penalice a las entidades titulares».
Seguiremos informando…
