La Fundación Cotec denuncia las dificultades de acceso de un modo eficaz de los centros educativos al conjunto de normativa relacionada con la pandemia del coronavirus en lo que concierne al desarrollo de la actividad educativa. Además de alertar de potenciales desigualdades de acción entre comunidades autónomas, Cotec percibe un riesgo de “opacidad” para los colegios, confusos ante el galimatías documental.
Se reclama, por tanto, un sistema de información “más accesible, transparente, directo y coordinado”. En general, lamenta, ni los territorios ni el Ministerio ofrecen un espacio con estas características a través del cual poder acceder a los documentos, normativas y textos aprobados.
Esta dificultad de acceso a la información, denuncia Cotec, “no solo dificulta el conocimiento de los centros sobre los marcos legales a los que deben acogerse, sino que contribuye a favorecer la opacidad en el sistema educativo y obstaculiza la disponibilidad de esa información para la comunidad educativa en general”, así como la posibilidad de compartir, replicar y transmitir buenas prácticas dentro de la Administración educativa.
En el documento, la Fundación Cotec recopila y analiza las normativas publicadas por todas las Administraciones educativas españolas para el curso escolar 2020-2021, marcado por el impacto de la COVID-19 en el sistema escolar y en la actividad de los centros.
El estudio, a cuyo contenido íntegro se puede acceder aquí: COVID-19 Y EDUCACIÓN III: la respuesta de las Administraciones, recoge un total de setenta y ocho documentos publicados hasta el 15 de octubre por las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. El documento incluye enlaces a órdenes, acuerdos, guías, instrucciones, circulares, medidas, protocolos, resoluciones, decretos y planes de actuación, así como sus actualizaciones y adaptaciones derivadas de la evolución de la pandemia.
Cotec establece en el documento 18 tipos de medidas y las agrupa en cuatro grandes bloques: medidas curriculares, programas, medidas sanitarias y medidas organizativas. El documento refleja que las políticas estrictamente educativas han quedado relegadas en un segundo plano respecto a las medidas sanitarias, además de presentar mucha más disparidad, lo que puede generar diversidad entre los territorios.
El trabajo concluye además que es necesario “un sistema de información más accesible, transparente, directo y coordinado” para facilitar a los centros el conocimiento de las normativas a las que deben acogerse y que haga posible “compartir, replicar y transmitir buenas prácticas dentro de la Administración educativa”.
Para Cotec, la respuesta de la Administración educativa en el ámbito nacional y autonómico se ha plasmado en un total de setenta y ocho documentos. La variedad de formatos y textos es “enorme”: órdenes, acuerdos, guías, instrucciones, circulares, medidas, protocolos, resoluciones, decretos, planes de actuación, etcétera, y sus correspondientes actualizaciones y adaptaciones.
Se trata de una actividad normativa sin precedentes que establece las directrices generales para afrontar el curso más excepcional de la historia escolar. Sin embargo, a pesar de su elevada producción, “genera más incertidumbre que nunca”, señala.
Del análisis de todos los documentos pueden deducirse algunas conclusiones que permiten trazar tendencias o líneas generales que describen la respuesta que las Administraciones educativas han dado a la situación de pandemia en el sistema educativo y los centros escolares.
Existe un “desequilibrio” entre las medidas sanitarias y las educativas. En una situación de emergencia sanitaria, explica, es lógico y comprensible que las directrices sanitarias se antepongan a otros ámbitos de actuación, pero advierte que el “desequilibrio” de medidas adoptadas entre ambas dimensiones –quizá no tanto en número, pero sí en amplitud y nivel de concreción– pone de manifiesto que las políticas estrictamente educativas quedan en un segundo plano de desarrollo normativo.
Respetando la autonomía de los centros –y reconociendo que la planificación didáctica es competencia de los mismos–, sería deseable que las consejerías de Educación desarrollasen con mayor profundidad orientaciones que permitan a los centros contar con un marco de actuación específico que les ayude a tomar decisiones concretas en cuestiones como la revisión del currículum, las adaptaciones de las programaciones a modalidades a distancia, los modelos o pautas para la elaboración de los planes de digitalización o la apuesta desde la normativa por nuevas organizaciones curriculares.
Mientras que la uniformidad caracteriza a las medidas sanitarias y organizativas, se encuentran propuestas educativas –curriculares y diseño de programas– que no responden a criterios comunes y que pueden generar desigualdad entre los diferentes territorios.
Se evidencia una falta de uniformidad en todos los documentos consultados: desde el formato y la tipología de texto (órdenes, acuerdos, guías, protocolos, etcétera) hasta el nivel de sistematización de las medidas o cómo se catalogan y organizan.
“Ante un mismo tema, algunos territorios recogen simples menciones, mientras que otros diseñan planes estructurados y completos. Esa diversidad y disparidad en las normativas complica enormemente la identificación de medidas y, por tanto, el trabajo de análisis, e impacta directamente con la tercera y última de las conclusiones, la necesidad de una mayor transparencia”, alerta el informe.
De igual modo, se señala la necesidad de un sistema de información más accesible, transparente, directo y coordinado. En general, ni los territorios ni el Ministerio ofrecen un espacio con estas características a través del cual poder acceder a los documentos, normativas y textos aprobados.
Esta dificultad de acceso a la información “no solo dificulta el conocimiento de los centros sobre los marcos legales a los que deben acogerse, sino que contribuye a favorecer la opacidad en el sistema educativo y obstaculiza la disponibilidad de esa información para la comunidad educativa en general”, así como la posibilidad de compartir, replicar y transmitir buenas prácticas dentro de la Administración educativa.
