Probablemente, la flamante ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, no pasará a la historia, a diferencia de la mayoría de sus colegas, por promover y aprobar una reforma educativa. No le daría tiempo, además. Su predecesora en el cargo, Isabel Celaá, ya hizo el trabajo, y hasta se diría que el ‘trabajo sucio’, pues hubo de lidiar con una comunidad educativa mayoritariamente de uñas por no haber sido consultada en condiciones, por primera vez, en la historia de las reformas educativas en democracia.
Es probable que, además de desarrollar los asuntos pendientes de la LOMLOE (produce cierta morriña seguir llamándola aún Ley Celaá), Pilar Alegría deba acometer la tarea no llevada a cabo por aquélla: la de conciliar y empatizar, de nuevo, con la comunidad educativa más alterada y afectada por la nueva ley, en particular la de la educación especial, la concertada y la privada.
Aunque puede allanar el terreno, y mejorar el marco de relaciones entre las partes, la circunstancia de que el hijo de la nueva ministra la nueva ministra de Educación se esté formando en un colegio privado, el Liceo Francés Molière de Zaragoza, reconocida escuela internacional, según desvelaba este mismo sábado en su cuenta en Twitter el político Toni Cantó.
Precisamente, en su perfil en Twitter la propia ministra señalaba el domingo su reconocimiento por la confianza depositada en ella por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que “trabajaré con la comunidad educativa por una FP y una educación inclusivas, equitativas y de la máxima calidad”.
Y en eso debe estar poniéndose ya, con toda probabilidad, desde este pasado lunes. Además de tratar de curar las heridas abiertas con la comunidad educativa concertada, especial y privada, Pilar Alegría tiene por delante completar la obra inacabada de su predecesora: La reforma de la carrera docente, el currículo escolar y la Ley de FP.
El currículo, una verdadera asignatura pendiente
El MEFP presentó el 26 de marzo las líneas maestras del nuevo currículo que sirven de base para el debate en la elaboración del texto definitivo. Antes, en noviembre se abrió un procedimiento de participación ciudadana, a través de un cuestionario virtual.
El nuevo currículo es uno de los principales desarrollos de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), aprobada en diciembre de 2020. La ley fija el marco el desarrollo de un nuevo modelo acorde con la adquisición de competencias, que sea abierto, flexible, con una estructura manejable y mejor integrada, al servicio de una educación inclusiva y que valore la diversidad.
La ley también establece que el MEFP diseñará el 50% del currículo en las comunidades autónomas con lengua cooficial y el 60% en las demás. Las comunidades autónomas y los centros docentes completarán el currículo de las diferentes etapas.
Nueva FP
En junio Celaá presentó ha presentado al Consejo de Ministros, en primera lectura, el borrador del anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El texto consolida el sistema único de Formación Profesional impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), que integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo al servicio de estudiantes y trabajadores empleados o desempleados.
Con la nueva norma, y el Plan de Modernización de la Formación Profesional que ya se está desarrollando, el MEFP quiere convertir estas enseñanzas en un itinerario de primera para jóvenes y trabajadores, que permita también la actualización continua de sus competencias profesionales.
Carrera del profesor
La LOMLOE establece el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, que fue en el arranque de este año, una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. A su vez, la mejora de la formación práctica de los futuros profesores será una de las metas de la revisión de los planes de estudio, que ya se ha iniciado.
La ministra de entonces se comprometió también a seguir trabajando con las Comunidades Autónomas para continuar reduciendo las altas tasas de interinidad, a pesar de que la pandemia ha provocado el aplazamiento de la convocatoria de empleo público. En 2019, la interinidad ya disminuyó del 29,4% al 23,3%, y el MEFP sigue trabajando para acercarse a finales de la legislatura a la tasa objetivo del 8%.
