La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes ‘Sindicato de Estudiantes’ ha convocado una huelga general de alumnos en Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato que tendrá lugar este viernes, 11 de octubre, en toda España con el fin de reclamar la publicación del modelo de la PAU en toda España, la prueba de acceso a la universidad.
En un comunicado, el Sindicato de Estudiantes denuncia que los alumnos de segundo de bachillerato todavía desconocen cómo van a ser las pruebas que determinan su acceso a la universidad. Al respecto, lamenta que, “a pesar de que llevamos casi un mes de curso, la única información que tenemos es que los exámenes de la PAU se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio”.
A juicio de esta organización sindical, el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación están manteniendo un “silencio intolerable” y, en lugar de presentar los cambios y novedades antes de arrancar el curso, “lo que permitiría”, subraya, “a nuestros profesores preparar bien los contenidos académicos, y garantizar que los estudiantes tengamos facilidades para preparar esta prueba, nos encontramos que a principios de octubre todavía no sabemos nada”.
Para el Sindicato de Estudiantes, tanto el Ministerio de Educación como las consejerías competentes “se están riendo en nuestra cara, y están jugando con la salud mental y el futuro de decenas de miles de estudiantes, añadiendo todavía más dificultades, más estrés y más incertidumbre a una prueba cuya razón de ser es convertir el acceso a la Universidad en un privilegio de clase”.
Junto a la huelga general en los IES, se han convocado concentraciones a las 12 del mediodía ante distintas delegaciones de educación de las consejerías.
Por su parte, CCOO exige a las consejerías de Educación y las universidades que se pongan “inmediatamente” a disposición del profesorado las instrucciones y modelos de pruebas de acceso a la Universidad para que puedan desarrollar “de manera coherente” su trabajo.
Una vez fijadas las características básicas, en junio por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD), de la estructura de la nueva PAU, que tendrá un carácter más competencial alineada con el nuevo currículo de Bachillerato, correspondía a las comisiones responsables, universidades y consejerías de Educación, de las distintas comunidades autónomas, adaptar esas características básicas a las concreciones curriculares de cada una de ellas, mediante la publicación de las instrucciones específicas correspondientes, a las que se suelen acompañar los modelos de exámenes correspondientes a cada una de las materias objeto de evaluación en la PAU.
Lo cierto es que los responsables de fijar las características de la nueva PAU (las universidades) no se han reunido hasta hace poco y que, en el momento actual, solo se tienen noticias no oficiales de los acuerdos alcanzados y que las distintas consejerías de Educación, salvo Galicia o Madrid (en este último caso el modelo lo adelantó el lunes la Universidad Complutense), no han hecho llegar a los centros los modelos de exámenes de las nuevas pruebas, según el sindicato.
CCOO rechaza la argumentación de las consejerías de Educación, que justifican este “injustificable retraso en la tardanza” por parte del MEFPD en publicar las condiciones básicas de la prueba. Esta publicación ya se hizo hace más de tres meses (BOE de 12 de junio) “y únicamente Galicia ha cumplido con el compromiso adquirido en la Conferencia Sectorial de Educación”.
Ante esta situación de “enorme incertidumbre” que sufren el alumnado, el profesorado y las familias, empezado ya el curso y sabiendo que las fechas de la nueva PAU serán el 3, 4 y 5 de junio, CCOO entiende y se solidariza con la inquietud del alumnado y del profesorado, que “a estas alturas del curso no sabe con certeza en qué se materializarán los cambios de la prueba de acceso”.
¿Qué se sabe de la nueva prueba?
La nueva prueba de acceso a la universidad en España, que comenzará a aplicarse en 2025, introducirá cambios significativos tanto en su estructura como en la forma de evaluación. Esta reforma, alineada con la Ley Celaá (LOMLOE), busca hacer la prueba más homogénea a nivel nacional y promover un enfoque más competencial.
Los estudiantes deberán seguir examinándose de materias troncales como Lengua y Literatura, Historia de España o Filosofía, y una lengua extranjera. Además, habrá una mayor flexibilidad para mejorar la nota, permitiendo presentarse a un máximo de cuatro materias optativas, en lugar de solo dos, como se hacía anteriormente.
Una novedad clave es que se eliminarán las opciones de elegir entre dos modelos de examen, como ocurría antes, y ahora habrá un único modelo con preguntas prácticas que buscan evaluar competencias más allá de la memorización. Por ejemplo, las pruebas incluirán un 20-25% de preguntas prácticas obligatorias y se evaluará la corrección gramatical y la coherencia del texto en al menos el 10% de la calificación final.
El examen durará 90 minutos por materia, manteniendo un formato estandarizado en todo el país, con preguntas y tareas ajustadas al tiempo de ejecución. El proceso de preparación y adaptación se está llevando a cabo de manera gradual para evitar impactos bruscos en el alumnado
