Médicos, psicólogos o terapeutas, profesionales sanitarios también vinculados con el ámbito de la educación por la creciente demanda de sus servicios, reclaman, por medio de sus respectivos colegios profesionales, más claridad en las relaciones jurídicas profesionales.
El I Estudio Nacional sobre el Estado de Ánimo de los Docentes en España, que concluyó que 1 de cada 3 profesores españoles se ha sentido maltratado y cerca de 1 de cada 4 se autoperciben con síntomas depresivos, puso en el foco el relevante papel que desempeñan los profesionales de la salud en el marco educativo, muy especialmente en lo tocante a la prevención y atención de potenciales problemas en alumnos y profesores.
Un Manifiesto presentado a través de la plataforma X+Salud y remitido a representantes políticos, legislativos, autoridades competentes, y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los colegios profesionales implicados en el desarrollo de la actividad sanitaria, comprometidos como están con la excelencia en la atención a sus pacientes, y la mejora continua del sistema de salud público y privado, aseguran encontrarse “en una situación de incertidumbre legal con respecto a nuestros vínculos jurídicos con otros profesionales sanitarios”.
En la presentación de esta plataforma los afectados manifestaron sentirse «perseguidos por inspecciones de trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, considerándolos «falsos autónomos»«.
Es por ello que hacen un llamamiento para avanzar en la clarificación de los criterios que rigen las relaciones jurídicas profesionales entre profesionales sanitarios. Consideran que es fundamental establecer “pautas claras y específicas” que permitan a los profesionales de la salud entender sus derechos y responsabilidades en estas relaciones profesionales, garantizando la calidad de la atención sanitaria que brindan a sus pacientes.
Claridad en la ley
En este marco, sus principales preocupaciones son la ambigüedad en la legislación, pues denuncian que la “falta de definiciones claras y la ambigüedad y casuística” en la interpretación de la ley han creado una situación en la que “no estamos seguros de si estamos actuando como profesionales autónomos o como empleados en nuestras relaciones con otros colegas y centros sanitarios”.
También refieren la “indefensión y vulnerabilidad jurídica que, apuntan, “nos coloca en una situación insostenible, que, dependiendo de circunstancias no claramente definidas, los expedientes pueden tener criterios diferentes o contradictorios”.
En tal sentido, se explica en el Manifiesto, “varios de nosotros venimos sufriendo visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con criterios diferentes y contradictorios sin tener la claridad del modo correcto de establecer este tipo de relaciones”.
En tercer lugar, expresan su preocupación por la tendencia en el sector sanitario a la relación mercantil. Dada la naturaleza de la relación, “es frecuente en nuestro sector establecer relaciones mercantiles, donde el profesional sanitario con frecuencia rechaza relaciones laborales, teniendo en cuenta su pluralidad de prestación de servicios”.
Aluden también a la garantía de calidad en la atención sanitaria, desde la perspectiva de que la incertidumbre en sus relaciones mercantiles puede afectar negativamente la calidad de la atención sanitaria que brindan a sus pacientes, ya que “puede generar distracciones, preocupaciones innecesarias, o cambios inesperados en nuestra práctica sanitaria, llegando en ocasiones a cerrar centros, reducir plantilla o no emprender por miedo a incurrir en una ilegalidad”.
De igual modo, señalan, la “confusión” sobre nuestros vínculos jurídicos (relaciones contractuales) “puede tener implicaciones éticas y legales significativas para nosotros como profesionales de la salud, lo que socava la confianza en el sistema de salud en su conjunto”, sin olvidar que la falta de una regulación “clara y coherente” es esencial para fomentar un entorno propicio para la inversión, la innovación y el crecimiento económico en el sector sanitario”. En este sentido, juzgan que una mayor claridad en la ley no solo impulsará el emprendimiento y la actividad económica en el sector sanitario, sino que también mejorará la calidad de los servicios y el acceso a la atención sanitaria para todos los ciudadanos”.
Una guía clara sobre las distintas opciones legales para la actividad de los profesionales sanitarios, con el objeto de lograr que establezca una normativa nueva y específica para el sector sanitario, que contemple y dé solución, exclusivamente, a las peculiaridades de este sector, y que defina con absoluta claridad, cuando están ante una relación mercantil y cuándo ante una relación laboral “ayudará a proteger nuestros derechos, garantizar la calidad de la atención sanitaria y mantener la integridad ética y legal de nuestra profesión”.
