La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) ha presentado el Informe de El Defensor del Profesor en relación al curso 2018/19, destacando el aumento de amenazas de los escolares hacia el profesorado y señalando la preocupación por la estabilización de casos que tienen que ver con el acoso y violencia entre escolares. El número de profesores atendidos por ANPE es similar al año anterior, 2.174 casos.
Los datos de este informe fueron presentados el 20 de noviembre por el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, el presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián, y la coordinadora estatal del servicio, Laura Sequera, junto a los defensores del Profesor de ANPE-Madrid, Guadalupe Pérez Pérez y José Antonio Carmona Gómez.
Desde que ANPE inició el servicio de El Defensor del Profesor en 2005 han atendido alrededor de 37.000 casos. De los 2.174 correspondientes al pasado curso académico, el informe indica una leve reducción en los casos que tienen que ver con Infantil y Formación Profesional; sin embargo, los casos han aumentado en Secundaria, pasando del 39,9% al 40,4%. En relación a esto último, la coordinadora estatal ha puntualizado que una de las causas por la que los alumnos de esta etapa escolar han incrementado las incidencias es porque en el ámbito familiar, los padres, están siendo más permisivos con determinadas conductas y las repiten en las aulas y dentro de los centros educativos.
El presidente nacional de ANPE, Nicolas Fernández, denunció el aumento de las faltas de respeto por parte de los alumnos hacia los profesores (2%), manteniéndose los casos de ciberacoso (10%), los problemas para dar clase (21%), las agresiones entre alumnos (9%), agresiones de alumnos al profesorado (6%) y el acoso del alumnado al profesorado (11%). Fernández ha hecho hincapié en que «llama la atención que muchos de estos casos estén interrelacionados».
Laura Sequera, coordinadora estatal del servicio, destacó en su intervención que se ha detectado que grupos minoritarios, carentes de representatividad, se coordinan de forma anónima y, mediante un uso pernicioso de las redes sociales, lanzan infundios que lesionan la imagen pública de docentes, equipos directivos y otros miembros de la comunidad educativa, pudiendo incurrir en acoso o en la vulneración del derecho al honor.
Los problemas relacionados con los padres y madres han aumentado en el número de casos a través de agresiones físicas (3%), acoso (29%), denuncias de padres (21%), acusaciones carentes de fundamento (26%) y ciberacoso (2%), mientras que las faltas de respeto y las presiones para modificar notas han descendido un punto respecto al curso anterior.
Como dato positivo del informe, Fernández ha destacado la reducción de los conflictos que surgen por problemas vinculados con el entorno laboral, en concreto con el equipo de dirección: «Gracias a las rápidas coberturas de las bajas que se han cubierto se puede decir que los conflictos entre el equipo docente también han disminuido porque antes se tardaba mucho más en cubrir las plazas».
En la Comunidad de Madrid, el número de actuaciones con profesores realizadas por el Defensor del Profesor en el curso pasado ha sido de 1.148, 21 menos que en el curso anterior. El 56 % de las llamadas recibidas han sido de profesores de Educación Infantil (7 %) y Primaria (49 %); 35 % corresponden a Secundaria y Bachillerato, cifras similares a las del curso anterior. Sin embargo, se ha producido un incremento en las actuaciones correspondientes al epígrafe ‘Otros’, que incluye Centros de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música y Danza, etc.), que han pasado del 2 al 6 %.
Necesidad de actualizar normativas e incorporación de nuevos docentes
Andrés Cebrián del Arco, presidente de ANPE-Madrid, recordó la entrada en vigor, en la Comunidad de Madrid, del Acuerdo Sectorial Docente, ratificado en enero de 2018, y el Decreto de Convivencia, de abril de este año, cuya aplicación es de gran importancia para la convivencia en los centros. Aunque recalcó que ANPE-Madrid cuestionó algunos aspectos concretos del Decreto, afirmó que incorpora la mayoría de las aportaciones realizadas por ANPE-Madrid, entre otras, la no inclusión de la mediación y el acuerdo educativo como procedimientos para la corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar; un régimen disciplinario similar al del Decreto anterior; la referencia explícita a la Ley de Autoridad del Profesor; el reconocimiento del papel del profesorado, como elemento clave del sistema educativo; el respeto a su libertad de cátedra o la canalización de la participación de los miembros de la Comunidad Educativa a través de los Consejos Escolares de los centros.
Asimismo, Cebrián destacó que el Acuerdo Sectorial Docente contempla la incorporación, hasta el curso 2020-21, de 2800 nuevos efectivos, 500 de ellos para atención a la diversidad, un punto de partida para la recuperación de las condiciones sociales y profesionales del profesorado, aunque queda mucho por hacer. «Es prioritario que se produzca no solo un descenso de las ratios por aula, sino también del horario lectivo de los profesores» —afirmó el presidente de ANPE-Madrid. Y manifestó que los docentes están desbordados por el elevado número de alumnos que deben atender, sumado a la sobrecarga de tareas burocráticas.
El presidente de ANPE-Madrid recordó que la Administración debe defender y tutelar, mediante normas, a todos los miembros de la Comunidad Educativa frente a posibles agresiones que lesionen sus derechos o su imagen pública, incluidas las realizadas a través de las redes sociales.
Por último, Cebrián quiso recordar la campaña que lleva a cabo ANPE para el uso responsable de los grupos de WhatsApp y la colaboración de las familias para frenar las faltas de respeto hacia el profesorado. También manifestó su gratitud a los medios de comunicación por su profesionalidad y buen hacer, pues la mayoría se preocupa por contrastar la información antes de hacerse eco de acusaciones sin base que pueden lesionar derechos, ser objeto de acciones legales y causar graves daños psicológicos a los docentes, los centros educativos y, en general, a todo el sistema, e insistió en que «la inquietud e inseguridad que provocan tienen graves consecuencias sobre todo el proceso educativo, al crear un sentimiento de desprotección en el profesorado».
«ANPE-Madrid —concluyó Cebrián— seguirá pidiendo la intervención de los agentes sociales para que el abuso de las redes sociales sea regulado y no se puedan utilizar impunemente para lesionar los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa, sean alumnos o profesores». Y reiteró que «es imprescindible situar la educación en el centro de los intereses y prioridades de la sociedad y dignificar la profesión docente, que debe ser reconocida y protegida desde todas las instancias de la sociedad».
