Al momento se reportan más de 1.200 docentes de Nicaragua despedidos de universidades confiscadas, debido al ingreso del nuevo régimen de funcionamiento de las instituciones privadas impuesto por el gobierno actual de Nicaragua. Los demás docentes están a la espera de las nuevas instrucciones, pues posiblemente los métodos de enseñanza cambiarán e irán acordes con la doctrina política del gobierno.
Actualmente, Nicaragua se encuentra bajo el mandato de Daniel Ortega y el Partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el cual actúa como régimen dictatorial y ha ordenado un cambio radical en la gestión de las universidades privadas en el país centroamericano. Según el último reporte del Ministerio del Interior de Nicaragua, a la fecha se eliminaron y confiscaron 27 universidades privadas que de acuerdo al partido FSLN no cumplían con los estándares de calidad necesarios para su funcionamiento.
La dictadura ha impuesto el adoctrinamiento partidario del Frente Sandinista lo que ha llevado a que las universidades confiscadas se hayan convertido ahora en instituciones públicas operadas por el gobierno nacional.
Es el caso de la antigua Universidad Centroamericana (UCA), la cual fue confiscada en agosto de 2023 y su nombre cambió a Universidad Nacional Casimiro Sotelo. A pesar de los esfuerzos nacionales por revertir la decisión, ahora esta institución exhibe abiertamente el proselitismo, adoctrinamiento y control partidario del Frente Sandinista, con cargos operados por empleados al servicio del presidente y con símbolos relacionados con la nueva etapa; como la izada en un asta de la bandera roja y negra del FSLN en la entrada de la universidad.
Los docentes de Nicaragua que pertenecían a estas y otras instituciones que fueron confiscadas han estado a la espera de las noticias sobre su continuidad en el cargo o sobre las nuevas doctrinas que tendrán que impartir. Sin embargo, son muchos los profesores que han decidido renunciar voluntariamente antes de tener que adoctrinar en sus clases sobre el partido político actual.
Dentro de los 1.200 docentes despedidos se encuentran maestros con más de 15 años de experiencia que no eran afines a las ideas del FSLN y por lo cual asumen su salida de sus puestos de trabajo. Ahora los profesores deberán buscar otras instituciones educativas que no estén aún bajo el mandato del gobierno u otros sectores en los cuales se puedan emplear.
Los cambios realizados en las instituciones educativas también han venido acompañados de nuevos funcionarios al poder de las direcciones de las universidades, lo cual supone un mayor control del gobierno orteguista de las instituciones y del adoctrinamiento que se pretende dar en las aulas de clase.
Este es el caso de Flor de María Pérez Vélez quien se destaca por ser ficha política de Ortega y militaba activamente en el partido sandinista. Ahora es la nueva rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, conocida antes como la UCAN y Juan Pablo II. En su acto de posición destacó el simbolismo del FSLN que habría ahora en la universidad y agradeció a Ortega por su confianza para el cargo.
A la fecha se encuentran más de 10 instituciones públicas y privadas en espera de la revisión de calidad realizada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CNEA, con el fin de verificar si su funcionamiento podrá continuar o si serán confiscadas por el gobierno.
