El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado que es firme la sentencia que impone un 25 % de clases en castellano en las escuelas catalanas y ha dado diez días de plazo a la Generalitat para que empiece a aplicarla.
El TSJC ha hecho público un escrito de decreto de firmeza, en el que explica que, con la sentencia firme, el gobierno catalán tiene dos meses para ejecutarla, y que «transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa».
Diez días para decir quién la aplicará
También indica expresamente que el escrito en el que comunica el fallo a la Generalitat «una vez acuse recibe de la comunicación en el plazo de diez días desde su recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo«.
Además, y en ese tiempo de diez días, la Generalitat tendrá que explicar al Tribunal cómo va a cumplir la sentencia y qué persona u organismo serán los responsables de ello.
Recurso inadmitido por el Supremo
El TSJC había atendió con su sentencia de diciembre de 2020 un recurso presentado por la Abogacía del Estado en el año 2015, que pedía la anulación de varias disposiciones del Departamento de Educación de la Generalitat sobre el uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza. Así, según la sentencia, el castellano tiene también la consideración legal de lengua vehicular en Cataluña, lo que en la práctica supondría que además de las de lengua y literatura castellanas, tendría que haber al menos otra asignatura en castellano.
La sentencia fue recurrida en casación por la Generalitat ante el Tribunal Supremo, que hace un mes decreto su inadmisión, lo que suponía que la sentencia del TSJC era firme.
Negativa a acatar la sentencia
Hasta hoy la Generalitat ha afirmado repetidamente que no tiene intención de cumplir la sentencia. Así lo han hecho tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, como el consejero de Educación, Josep González Cambray. Además, han instado a directores y profesores a no aplicarla. Incluso el gobierno catalán se ha declarado dispuesto de pagar los costes de la defensa jurídica de quienes se vieran obligados a comparecer ante los tribunales por no cumplir la sentencia.
En un tuit hecho público tras la sentencia el Aragonés ha dicho: “El catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco. Basta de ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero. No permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social. Estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana. Basta de politizar la educación”.
Los tribunales seguirán teniendo la palabra
En el caso de que esta amenaza se hiciese realidad, y algún centro desobedeciera al TSJC, padres, asociaciones de AMPA e incluso las entidades sociales que defienden el bilingüismo podrían solicitar un incidente de ejecución de sentencia, para que esta se hiciese efectiva.
En algunos centros por toda Cataluña se han celebrado concentraciones y otros actos de protesta por parte de grupos, entidades y padres de alumnos que defienden que no se aplique la sentencia.
Entidades civiles a favor del bilingüismo como la Asamblea por la Escuela Bilingüe, Sociedad Civil Catalana o Convivencia Cívica se han reunido en la plataforma Escuela de Todos. Esta nueva entidad ha promovido desde hace varias semanas una recogida de firmas para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Los promotores de la plataforma, convencidos de que Pere Aragonés cumplirá sus amenazas y no aplicará voluntariamente esta sentencia, se preparan para presentar una demanda conjunta que obligue a la ejecución forzosa. Si no cambian mucho las cosas, lo más probable es que este asunto se mantenga en los tribunales durante un tiempo que, sin duda, no será corto.
