Escuelas Católicas quiere hacer un llamamiento a los responsables políticos para que el espíritu de la legislación europea sobre libertad de enseñanza quede garantizado también en nuestra nueva Ley Educativa, como lo hacen la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 14); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26.3); la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en el campo de la enseñanza (artículo 5.3); el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (artículo 18,4) o el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (artículo 13.3), entre otros.
Asimismo, recuerda que para hacer realidad ese derecho de los padres a elegir libremente, es necesario arbitrar un sistema de financiación que garantice esa libertad. En la actualidad, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, entre otros cuentan con sistemas de financiación pública para centros privados.
Desde Escuelas Católicas ponen los ejemplos de Francia y Finlandia:
- Francia: el sistema de conciertos (“Contrats”) proviene de la Ley Debré de 1959, que aún siguen vigente hoy.
- Finlandia, que se cita como referencia de calidad y ejemplo para todos. La idea generalizada es que el modelo educativo finlandés es totalmente público. Sin embargo, cerca de la mitad de los centros educativos son “concertados”; se dice que son públicos porque están sostenidos con fondos públicos, pero son colegios de titularidad privada, con total autonomía educativa, currículos propios, contratación libre de docentes y metodologías creadas en el mismo centro educativo.
Además, el Parlamento Europeo, en su resolución del 12 de junio de 2018, anima a los gobiernos a que se conceda apoyo financiero adecuado a todos los centros, tanto públicos como concertados, en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto a la libertad de elección educativa.
LOMLOE
La LOMLOE debería garantizar dicha libertad de enseñanza reconocida ampliamente en Europa a través de los conciertos educativos, posibilitando la complementariedad de redes. Nuestro país necesita una enseñanza pública de calidad, pero esta no debe ser la única. Es necesario superar las diferencias y conflictos, y lograr un Pacto que beneficie tanto a los centros públicos como a los concertados desde la complementariedad, no desde la subsidiaridad.
La escuela concertada cumple un importante papel en la sociedad y contribuye a la mejora educativa. Así lo ha subrayado, por ejemplo, el Consejo Europeo de Asociaciones de Escuelas Independientes (ECNAIS) en el Manifiesto firmado por 125 representantes de las escuelas concertadas y privadas de Europa en noviembre de 2019 en Madrid, en el que también reclaman garantías para que los padres puedan elegir libremente.
Y, más recientemente, los miembros del EMIE (European Meeting of Independent Education), reunidos a finales del mes de mayo de 2020, han destacado el importante papel que están ejerciendo las escuelas independientes en el contexto de la pandemia del COVID-19, compartiendo experiencias, buenas prácticas, materiales, etc.
Escuelas Católicas no entendería que la nueva Ley Educativa o las disposiciones de algunas comunidades autónomas pusieran dificultades o intentaran asfixiar a la enseñanza concertada reduciéndola a una red subsidiaria de la pública. «Esperamos que el Gobierno permita el necesario debate social y tenga en cuenta que la diversidad de escuelas es reflejo de la pluralidad de las sociedades europeas», afirman.
